Transparencia o sospecha

Vivimos un momento histórico en el que la salud mental y el comportamiento de los líderes políticos se han convertido en parte de la conversación pública sobre la legitimidad del poder. Ya no basta con saber si un gobernante cumple con la ley o si sus políticas son efectivas; ahora se examina su mente, su cuerpo y hasta sus hábitos personales. En Colombia, el debate sobre los presuntos problemas mentales y la supuesta adicción del presidente Gustavo Petro ha desatado una discusión que trasciende lo político y entra en el terreno de lo ético, lo institucional y lo humano. Lo que comenzó como una carta del exministro Álvaro Leyva, quien afirmaba que Petro sufría de “problemas de adicción”, se transformó rápidamente en un torbellino mediático. Las denuncias —que mencionaban supuestas ausencias y comportamientos erráticos durante una visita oficial a Francia— abrieron una grieta profunda entre la confianza y la sospecha. Sin embargo, esa misma carta carecía de pruebas concretas: no se presentaron exámenes médicos, testimonios verificables ni registros que acreditaran las afirmaciones. Leyva, en declaraciones posteriores, reconoció que no poseía evidencia directa, lo que convierte su acusación en un acto más político que médico.

La respuesta del presidente fue inmediata y pública. Gustavo Petro negó categóricamente los señalamientos, calificándolos de infames y cargados de intenciones políticas. Lo hizo no solo en comunicados oficiales, sino también en declaraciones a la prensa, en las que afirmó con ironía que en Colombia “somos adictos al amor”, una frase que buscó desarmar la gravedad del ataque con sarcasmo, pero que también mostró la incomodidad de quien siente que su intimidad ha sido convertida en un arma. Hasta el momento, no existen informes médicos públicos, dictámenes forenses ni evaluaciones clínicas que acrediten que el presidente padezca un trastorno mental o una adicción activa. No hay pruebas, solo rumores, acusaciones y la narrativa de una oposición que encontró en la duda una estrategia para erosionar la legitimidad.

Sin embargo, negar el problema de fondo sería ingenuo. Las acusaciones de este tipo, aún sin pruebas, tienen efectos políticos tangibles. En sociedades donde la confianza institucional es frágil, basta una insinuación para alimentar el descrédito. Colombia, que todavía arrastra el peso de décadas de desconfianza entre ciudadanía y Estado, ve cómo la figura presidencial se convierte en un campo de batalla simbólico. El debate ya no gira en torno a la gestión del gobierno o la ejecución de las políticas públicas, sino sobre la salud mental del mandatario, un terreno tan personal como sensible. Este desplazamiento del debate revela una tendencia global: la patologización del poder. Hoy se examina al líder con los mismos ojos con los que se examina a un paciente, esperando detectar signos de debilidad o desequilibrio.

Los paralelos históricos ayudan a comprender el fenómeno. Winston Churchill, por ejemplo, padeció episodios de depresión profunda a los que llamaba su “perro negro”, y sin embargo lideró al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. John F. Kennedy, idolatrado por su carisma, ocultó dolencias físicas severas y el uso de medicamentos que hoy serían objeto de escrutinio público. Más recientemente, el presidente Joe Biden enfrenta constantes rumores sobre su salud mental y su edad avanzada, los cuales se usan políticamente para poner en duda su capacidad de mando. Lo mismo ocurrió con Boris Johnson y sus excesos personales, o con Jair Bolsonaro, cuya conducta errática llevó a analistas a debatir si se trataba de estrategia populista o inestabilidad emocional. En todos estos casos, la frontera entre lo íntimo y lo público se difumina cuando el líder se convierte en símbolo de un proyecto nacional.

En Colombia, el tema adquiere matices propios. Petro ha sido un presidente que desafía los códigos tradicionales del poder. Su discurso, de corte progresista y confrontacional, lo posiciona como figura disruptiva en un país habituado a gobiernos de perfil tecnocrático y conservador. Su relación con la opinión pública es emocional, casi visceral: inspira lealtad entre sus seguidores y rechazo frontal entre sus críticos. Ese tipo de liderazgo magnético suele ser terreno fértil para la mitificación y la sospecha. Cada ausencia del mandatario, cada silencio prolongado, cada mensaje enigmático en redes sociales, se interpreta como evidencia de una crisis personal. Y aunque ninguna de esas suposiciones haya sido verificada, el daño reputacional es real. La política, como el mercado financiero, se alimenta de percepciones.

La controversia también tiene un componente institucional. La Constitución colombiana contempla, en su artículo 194, la figura de la “incapacidad absoluta” del presidente por razones físicas o mentales. Algunos opositores han sugerido la aplicación de esa cláusula, pese a la ausencia de pruebas médicas. El debate ha llegado incluso al Congreso, donde se ha solicitado que una comisión médica independiente evalúe la salud del mandatario. Pero aquí se plantea una tensión ética: ¿es legítimo exigir un examen médico psiquiátrico sin evidencia de incapacidad? ¿Dónde termina el derecho ciudadano a la transparencia y dónde comienza la invasión de la intimidad? En democracias maduras, las evaluaciones médicas de los líderes suelen ser voluntarias y transparentes, no impuestas por el rumor.

Hay otro elemento que vuelve este debate aún más simbólico: Petro es uno de los mandatarios latinoamericanos que más ha insistido en replantear la política antidrogas, argumentando que el consumo debe abordarse como un problema de salud pública y no como un delito. Paradójicamente, se le acusa de aquello que busca desestigmatizar. Si el presidente colombiano estuviera efectivamente lidiando con una adicción, el enfoque más coherente no sería la descalificación política, sino el acompañamiento médico y la transparencia institucional. Pero el uso político de las adicciones —reales o inventadas— ha sido una constante en la historia del poder: se emplea para degradar la autoridad moral del adversario, no para resolver el problema social que representa.

Es necesario advertir que, en una sociedad democrática, la salud mental de los líderes no puede convertirse en arma electoral. Convertir la sospecha en linchamiento solo degrada el debate público y perpetúa la idea de que la vulnerabilidad humana es incompatible con el liderazgo. En cambio, una democracia madura exige dos cosas: que los líderes sean transparentes cuando su salud puede afectar el ejercicio del cargo, y que las instituciones actúen con rigor y respeto cuando existan motivos fundados para dudar. En ese punto se encuentra Colombia: entre la exigencia legítima de transparencia y el riesgo de degradar la política a rumor.

Tal vez este episodio revele algo más profundo sobre el país. En una nación donde la verdad institucional ha sido sistemáticamente erosionada, donde la desinformación opera como arma política, las acusaciones sin evidencia se convierten en sustituto de la deliberación racional. Lo que se discute, en el fondo, no es si Petro consume o no drogas, sino si el Estado colombiano tiene los mecanismos para gestionar con seriedad un caso así sin convertirlo en espectáculo. Porque el verdadero problema no es que el presidente pueda ser vulnerable, sino que el sistema político no sepa cómo reaccionar ante la vulnerabilidad del poder sin caer en el escarnio.

La transparencia, en este contexto, no debe entenderse como exposición morbosa, sino como confianza institucional. Y la sospecha, cuando carece de sustento, termina siendo una forma de erosión democrática. El reto de Colombia no está en confirmar o desmentir rumores, sino en construir instituciones capaces de manejar la verdad con madurez, sin convertirla en arma. Tal vez entonces el país entienda que la fortaleza de un gobernante no radica en su perfección, sino en su capacidad de rendir cuentas incluso sobre su fragilidad.