Racionalidad, lógica y sentido común

La discusión por la tierra en Colombia no es una retórica pasajera ni un eslogan de campaña: es el remanente de una historia que se niega a cerrarse y la cortina que oculta problemas estructurales más profundos. Cuando hoy hablamos del campo colombiano —de su baja productividad, de los elevados costos de producir aquí frente a importar, de la presencia de grandes propietarios y de territorios colectivos indígenas que cubren buena parte del mapa nacional— lo hacemos sobre datos y sobre memorias. No es extraño que el tema vuelva a encenderse en cada contienda política; lo preocupante es que, en la práctica, muchas propuestas se limitan a ofrecer soluciones simbólicas que no atacan las causas reales del bajo rendimiento económico rural ni garantizan el bienestar que prometen repartir. La geografía de la propiedad en Colombia es, a la vez, monumental y paradójica: informes oficiales muestran que una porción significativa del área rural está concentrada en poquísimos propietarios mientras ...

En Colombia, hoy, se libra una disputa silenciosa pero decisiva sobre qué entendemos por “derecho” y quién debe ser su garantía. La discusión no es meramente semántica: definir la relación entre el individuo y el Estado, trazar el mapa de la autonomía personal y decidir si la vida en sociedad se organiza en torno a la tutela pública oa la responsabilidad privada. En los últimos años, campañas, programas y reformas han extendido el catálogo de reclamaciones exigibles al erario, presentando materiales necesidades y expectativas colectivas como derechos positivos ilimitados. Esa expansión no solo transforma la política fiscal y administrativa; erosiona el principio moral de la autopropiedad y desplaza la propiedad privada de su papel fundante en la libertad. Para entender la magnitud del fenómeno basta mirar números y decisiones públicas. Colombia ha logrado avances notables en reducción de la pobreza en el período reciente: la pobreza monetaria cayó a 31,8% en 2024, recuperando niveles ...

La inflación en Colombia no es un accidente técnico ni un fenómeno meteorológico neutral: es una política transferida a través del tiempo, un subsidio invisible que favorece a quienes primero reciben la nueva masa monetaria y castiga a quienes la reciben al final. Esta afirmación, que Mark Thornton ha defendido desde una perspectiva austriaca, deja de ser abstracción teórica cuando miramos los indicadores que marcan la vida cotidiana de millones de familias colombianas en 2025. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el DANE en octubre mostró una inflación anual de alrededor del 5,5% (DANE, boletín IPC, octubre 2025), mientras que la autoridad monetaria mantiene una tasa de intervención que, aunque ha sido recortada respecto a meses anteriores, sigue arriba en términos reales —la Junta Directiva del Banco de la República comunicó tasa de política en 9,25% en la última reunión relevante— (Banco de la República, comunicados, octubre-noviembre 2025). Es la coexistencia de ...

En Colombia se ha vuelto costumbre confundir deseos con posibilidades. Abundan los discursos que prometen justicia social sin haber resuelto siquiera la pregunta más elemental de toda economía: ¿de dónde salen los recursos que se pretenden redistribuir? La respuesta siempre es la misma, aunque muchos prefieran ignorarla: los recursos provienen de la producción, del emprendimiento, de la acumulación de capital y de la libertad económica. Sin embargo, el debate público sigue girando alrededor de la ilusión de un Estado providencial capaz de repartir riqueza sin que esta exista previamente. Esa ficción, presentada como compasión, termina erosionando los cimientos mismos que hacen posible una sociedad próspera: la propiedad privada, la cooperación voluntaria y la responsabilidad individual. El capitalismo de libre mercado no es el monstruo caricaturizado por discursos políticos y activismos ruidosos que, paradójicamente, disfrutan de las comodidades, plataformas tecnológicas y estándares ...

La política colombiana atraviesa un momento en el que casi nadie está dispuesto a cuestionar el supuesto más profundo de nuestra vida institucional: la idea de que el Estado es indispensable. No importa si proviene de la izquierda que sueña con un Estado redistribuidor y paternalista, de la derecha que exige un Estado fuerte en seguridad y orden, o de ese liberalismo tibio que cree que la única falla del Estado es que hace demasiado; en todos los casos permanece una premisa común, casi metafísica: sin Estado, no hay sociedad posible. Y es precisamente allí donde se manifiesta el delirio estatista contemporáneo, esa convicción colectiva que convierte la dependencia institucional en virtud y cualquier cuestionamiento radical en locura. Sin embargo, basta mirar de frente la realidad de Colombia para advertir que la fe en el Estado es más un acto de tradición que de evidencia. El país ha construido, durante décadas, un aparato burocrático que—según los propios informes del Departamento Ad...

En Colombia se ha instalado la idea de que la igualdad puede imponerse por decreto, como si el Estado fuera un gran nivelador social con la capacidad moral y técnica de corregir cada asimetría económica, cada desigualdad de ingreso y cada diferencia de resultados. Esta visión, profundamente arraigada en nuestro debate público, es la que Mises habría considerado un extravío conceptual: la igualdad auténtica solo puede nacer en un marco de libertad, y la libertad —como fundamento del desarrollo humano— solo puede existir si todos somos iguales ante la ley. Rothbard, más severo aún, advertía que cada supuesto “derecho” que depende de coaccionar a otros para cumplirse no es un derecho genuino, sino una construcción artificial que erosiona la libertad individual. Y es, justamente, esa proliferación de derechos falsos lo que caracteriza buena parte de la política colombiana contemporánea. La conversación sobre igualdad se ha distorsionado al punto de que hoy se confunde con redistribución o...

La crisis de vivienda en Colombia se ha convertido en un espejo incómodo que refleja no solo nuestras decisiones económicas, sino también nuestros temores políticos, nuestras narrativas ideológicas y nuestra resistencia a asumir que los problemas más profundos no provienen de afuera, sino de adentro. Durante años se ha querido responsabilizar a los constructores, a los inversionistas, a los dueños de tierras, a los emprendedores del sector y, en general, a cualquiera que participe en el mercado. Pero cada señalización esquiva una verdad que se impone por simple observación empírica: la escasez no es un fenómeno natural; es una obra humana. No nace del mercado; Nace de las reglas que lo asfixian. No existe porque falten manos para construir; existe porque sobran barreras para permitir que se construya. Y esa realidad, tan evidente en las grandes ciudades del mundo, resulta especialmente palpable en la Colombia actual, donde la inflación, la regulación excesiva y la incertidumbre normati...