Derechos fingidos, libertad perdida

En Colombia, hoy, se libra una disputa silenciosa pero decisiva sobre qué entendemos por “derecho” y quién debe ser su garantía. La discusión no es meramente semántica: definir la relación entre el individuo y el Estado, trazar el mapa de la autonomía personal y decidir si la vida en sociedad se organiza en torno a la tutela pública oa la responsabilidad privada. En los últimos años, campañas, programas y reformas han extendido el catálogo de reclamaciones exigibles al erario, presentando materiales necesidades y expectativas colectivas como derechos positivos ilimitados. Esa expansión no solo transforma la política fiscal y administrativa; erosiona el principio moral de la autopropiedad y desplaza la propiedad privada de su papel fundante en la libertad.

Para entender la magnitud del fenómeno basta mirar números y decisiones públicas. Colombia ha logrado avances notables en reducción de la pobreza en el período reciente: la pobreza monetaria cayó a 31,8% en 2024, recuperando niveles de bienestar que no se veían en más de una década, y la pobreza multidimensional descendió a 11,5% en el mismo año. Estos logros, celebrables en su dimensión humana, han sido acompañados de un aumento masivo de intervenciones, transferencias y programas estatales destinados a contener la vulnerabilidad ya comprar estabilidad social. Pero esos logros también han venido de la mano de un Estado que asume responsabilidades crecientes y de una factura fiscal que el país ahora enfrenta.

La política social que busca resolver carencias legítimas mediante la expansión de beneficios financiados con gasto público no es en sí perversa; El problema consiste en la lógica que la naturaliza: convertir aspiraciones —que legítimamente compiten en la esfera moral y política— en derechos que obligan a terceros y al conjunto de la sociedad a soportar cargas permanentes. Cuando el derecho se vuelve un mandato de redistribución indiscriminada, la redistribución deja de ser política pública reflexiva para convertirse en coerción normalizada. La cantidad del gasto social y la multiplicación de programas que se justifican como “derechos” transforman la relación fiscal en relación de dependencia: el ciudadano aprende a exigir, el político a prometer, y el Estado a intervenir. En 2024 el Gobierno reportó inversiones directas por montos millonarios en programas sociales que, si bien protegieron a millones de hogares, también incrementaron la expectativa de que el erario resolverá casi cualquier necesidad individual. 

Ese patrón tiene consecuencias materiales previsibles. Para sostener transferencias, subsidios y nuevos derechos enunciados, el Estado debe expandir su capacidad de recaudo, endeudamiento y gasto. Los indicadores fiscales señalan que Colombia enfrenta un estrés presupuestal importante: el salto en endeudamiento y la relajación de la regla fiscal han llevado a proyecciones de déficits sustanciales y la necesidad de mayor colocación de deuda interna y externa. Cuando la regla fiscal se “suspende” como herramienta de disciplina, lo que se está aceptando —en la práctica— es que las generaciones presentes comprometan recursos futuros para sostener compromisos presentes. Esa lógica reduce las opciones de libertad económica: mayores impuestos, regulaciones, controles y búsqueda de rentas por parte del Estado son respuestas habituales a déficits persistentes. 

He aquí la tensión moral: la autopropiedad —la idea de que cada persona posee derechos sobre su cuerpo, su tiempo, su trabajo y el fruto de su esfuerzo— choca con un esquema donde los supuestos “derechos” son convertidos en obligaciones fiscales ajenas. La propiedad privada, lejos de ser un capricho ideológico, es la traducción institucional de la capacidad del individuo para planear su vida, arriesgarse, ahorrar, invertir y transferir valor. Cuando el Estado redefine como derecho aquello que exige cargas a terceros —por ejemplo, la provisión universal de bienes o servicios sin mecanismos viables de financiamiento ni priorización— lo que está implícito es una subordinación de la propiedad privada a la voluntad financiera colectiva. El resultado práctico es una ciudadanía menos propietaria y más dependiente: menos dueña de proyectos de vida, más receptora de decisiones prefijadas por el aparato estatal.

Es importante, sin embargo, evitar la caricatura. El conservadurismo libertario que denuncia no propone abandonar la solidaridad ni negar el papel de las instituciones públicas en garantizar seguridad, orden y oportunidades básicas. Pero distingue con rigor entre aquello que el Estado debe proteger —libertad de expresión, seguridad, justicia, condiciones para el mercado— y aquello que el Estado tiende a usurpar cuando promete cubrir todas las carencias: desde empleo garantizado hasta ingresos permanentes sin contraprestación real. La política que confunde garantía con cheque en blanco destruye las redes sociales más fecundas: la familia, la comunidad, la empresa privada, la cooperación voluntaria. En Colombia, donde los lazos comunitarios y familiares han sido tradicionalmente fuente de resiliencia, la institucionalización de demandas como derechos puede fragmentar esas mismas redes y sustituir identidad por clientelismo.

Los debates legislativos recientes ilustran la disputa. Proyectos de ley que transforman condiciones laborales, de salud o de retiro en derechos con efectos fiscales y regulatorios de largo alcance generan polarización y, con frecuencia, reacciones de pánico en los mercados y en la inversión privada. La consecuencia es doble: por un lado, se generan expectativas de gasto permanente; por otro, se proyecta un clima de inseguridad regulatoria que retrae la inversión necesaria para crear empleo formal y riqueza privada. En la práctica, acabar con intermediarios o concentrar financiamiento público sin diseñar rutas claras de eficiencia y rendición de cuentas puede derivar en disfunciones operativas y en mayores costos para los ciudadanos. Es una lección que la discusión pública en Colombia, ahora mismo, está obligada a repasar con honestidad.

La defensa de la libertad implica también una defensa de la responsabilidad. Insistir en que la autonomía individual requiere marcos legales que respeten la propiedad no es negar la pobreza ni minimizar la urgencia de políticas públicas efectivas. Al contrario: es reclamar que las políticas sean diseñadas con criterios de eficiencia, focalización y temporalidad, que incentivan la generación de riqueza en lugar de perpetua dependencia. Un modelo de transferencias bien concebido atiende vulnerabilidades agudas y crea puentes hacia la autosuficiencia: educación relevante, infraestructura para la productividad, acceso a crédito basado en mercados locales, y marcos regulatorios que reduzcan los costos de emprender. En Colombia, hay ejemplos de iniciativas públicas que sí han buscado complementar el esfuerzo privado sin sustituirlo; el reto es escalar esas prácticas y abandonar la proclividad a declarar “derechos” absolutos que no consideran sostenibilidad fiscal ni incentivos.

Citar nombres y posiciones ayuda a aclarar el debate en la realidad política: mientras el Gobierno impulsa transformaciones con fuerte protagonismo estatal en sectores como salud y trabajo, las voces de la oposición advierten riesgos de concentración, pérdida de autonomía institucional y efectos colaterales sobre inversión y empleo. La política pública exige responsable reparar asimetrías y corregir fallas del mercado, no diseñar arreglos permanentes que se convertirán a la administración pública en proveedor omnipresente. Si la política se define por la promesa de soluciones inmediatas, el resultado será siempre una expansión del poder estatal y una reducción de la esfera de decisión individual.

La pregunta decisiva para Colombia no es si debemos ser una sociedad más justa —esa interrogante es obvia y compartida por la mayoría— sino cómo se construye esa justicia sin destruir la capacidad del ciudadano para ser dueño de su destino. ¿Queremos un país donde la dignidad se asocia a la dependencia de programas amplios y permanentes o una nación que dignifique la libertad conviviendo con una red de seguridad inteligente, temporal y orientada a la inserción productiva? La respuesta exige honestidad intelectual: reconocer que muchos de los llamados “derechos” contemporáneos son en realidad demandas legítimas que compiten por recursos limitados y que su concreción exige priorización, transparencia y, sobre todo, límites.

Reivindicar la autopropiedad y la propiedad privada en Colombia hoy no es un gesto dogmático; es una propuesta práctica para devolverle al ciudadano el poder de organizar su vida sin la tutela constante de la administración. Eso implica políticas que reduzcan la carga tributaria sobre el trabajo y el emprendimiento, que combatan la corrupción que diluye los recursos, que eliminen regulaciones que clausuran los mercados y que fomenten instrumentos de capitalización y educación financiera. Pero implica, igualmente, una cultura política que deje de romantizar el “derecho” como solución absoluta y recuperar la noción de deber: deber de contribuir, deber de producir, deber de responsabilizarse por las propias decisiones.

Al final, la verdadera medida del progreso democrático no es cuántos derechos caben en una ley, sino cuánta libertad real disfrutan los ciudadanos para construir sus proyectos. Si la tendencia actual se perpetúa —si convertimos cada preferencia en obligatorio, cada expectativa en obligación pública— corroeremos la estructura misma que permite la generación de riqueza y con ella la posibilidad de bienestar duradero. El desafío para Colombia es rescatar una institucionalidad que protege derechos inalienables sin sustituir la iniciativa privada, que promueva solidaridad sin convertirla en dependencia, y que entienda la libertad como condición material, no como simple declaración retórica. Solo así la justicia social dejará de ser un subsidio eterno para convertirse en una oportunidad real y permanente.