El estatismo perfecto

La política colombiana atraviesa un momento en el que casi nadie está dispuesto a cuestionar el supuesto más profundo de nuestra vida institucional: la idea de que el Estado es indispensable. No importa si proviene de la izquierda que sueña con un Estado redistribuidor y paternalista, de la derecha que exige un Estado fuerte en seguridad y orden, o de ese liberalismo tibio que cree que la única falla del Estado es que hace demasiado; en todos los casos permanece una premisa común, casi metafísica: sin Estado, no hay sociedad posible. Y es precisamente allí donde se manifiesta el delirio estatista contemporáneo, esa convicción colectiva que convierte la dependencia institucional en virtud y cualquier cuestionamiento radical en locura.

Sin embargo, basta mirar de frente la realidad de Colombia para advertir que la fe en el Estado es más un acto de tradición que de evidencia. El país ha construido, durante décadas, un aparato burocrático que—según los propios informes del Departamento Administrativo de la Función Pública—cuenta con más de 1,2 millones de empleados públicos. Pese a ello, seguimos enfrentando fallas estructurales en todos los sectores esenciales: la justicia tarda años en resolver un proceso, la salud vive entre crisis financieras, la educación pública no logra cerrar las brechas, la seguridad es incierta en buena parte del territorio y la infraestructura es precaria en regiones enteras. Paradójicamente, a mayor presencia del Estado, mayor es la percepción de desprotección. Y aún así, el discurso nacional insiste en que lo que falta es “más Estado”, una frase utilizada con la misma devoción con la que se recitan dogmas.

En ese contexto, la figura del minarquismo aparece como un intento de reconciliar libertad y autoridad. Pero, al examinarla con rigor, se revela como la forma más sofisticada de estatismo. Porque mientras los estatistas tradicionales reconocen sin pudor que el Estado es un instrumento de poder, los minarquistas lo idealizan como un protector moral, un guardián de los derechos naturales cuyo único defecto es que lo hemos sobrecargado de funciones. En la política colombiana, donde abundan quienes se dicen “liberales” pero defienden un Estado con funciones indispensables, esta visión ha ganado terreno. Sin embargo, su idealización del Estado es tan profunda que pasa por alto una verdad elemental: un Estado pequeño sigue siendo un Estado. Y un Estado, por definición, opera mediante la coerción.

Cuando uno observa el funcionamiento del Estado colombiano en la vida cotidiana, el contraste entre la teoría minarquista y la práctica institucional es abrumador. Tomemos como ejemplo la justicia: según el Consejo Superior de la Judicatura, un proceso civil puede tardar hasta diez años en resolverse. La Fiscalía, por su parte, reporta una impunidad superior al 90 % en delitos de alto impacto. ¿Puede una institución que falle en lo básico ser considerada garantía de nuestros derechos naturales? Los minarquistas responderán que ese no es el Estado “ideal”, que el verdadero Estado mínimo sería eficiente, neutral y protector. Pero esa es precisamente la trampa: crear una figura casi angelical del Estado, un Estado “purificado”, que no existe en la historia ni en la realidad.

Cambiando de perspectiva para observar la dimensión económica, encontramos otro ejemplo que desmonta la narrativa del Estado como protector indispensable. El Banco de la República afirmó que la inflación acumulada de los últimos tres años dejó un rezago significativo en el poder adquisitivo, afectando especialmente a los hogares de ingresos bajos, que destinaron más del 30% adicional de sus ingresos a alimentos y transporte. Mientras tanto, el Gobierno insiste en expandir el gasto público y en aumentar la intervención estatal en sectores estratégicos. El resultado es un país con una carga tributaria creciente, un déficit fiscal que supera el 5% del PIB y una deuda pública que ronda el 60%. ¿Cómo justificar entonces que el Estado sea el instrumento necesario para garantizar la libertad económica? La evidencia lo muestra contrario: cuando el Estado crece, la libertad se contrae.

Ahora bien, para comprender por qué este debate es relevante hoy en Colombia, basta observar que incluso sectores que se consideran defensores de la libertad caen en la idolatría del Estado mínimo. Hablan de reducir la burocracia, de limitar funciones, de mejorar la eficiencia, pero no cuestionan la raíz: el monopolio de la violencia. Ese monopolio no desaparece con un Estado pequeño. Por el contrario, se vuelve más difícil de desafiar porque se revisa de legitimidad moral. Aquí es donde los minarquistas se muestran, paradójicamente, más estatistas que los estatistas convencionales: mientras estos últimos ven al Estado como un instrumento de poder, aquellos lo ven como la fuente de la justicia. Y no hay mayor servidumbre que la servidumbre voluntaria.

La historia colombiana ilustra que el problema no es la cantidad de Estado, sino su naturaleza. Desde la Constitución de 1886 hasta la de 1991, el Estado ha tenido múltiples formas, pero en todas ha conservado el rasgo esencial: la capacidad de imponer su voluntad mediante la fuerza. En la actualidad, esa imposición se expresa en regulaciones que afectan a los pequeños empresarios, en trámites que paralizan la iniciativa privada, en impuestos que castigan la productividad y en un sistema penal que no garantiza justicia pero sí castiga selectivamente. La promesa minarquista de que un Estado reducido evitaría que estos males ignoraran el hecho de que no es el tamaño del Estado lo que genera abusos, sino su estructura coercitiva.

Y aquí vale introducir una reflexión más profunda: si la libertad depende de una institución que tiene el poder exclusivo de usar la violencia, ¿es realmente libertad? En Colombia se repite que sin Estado no habría orden, pero el orden que garantiza el Estado es, a menudo, el orden de su propia conveniencia. Lo vemos en la forma en que ciertas regiones reciben atención estatal solo cuando resulta políticamente rentable; lo vemos en la manera en que ciertos grupos económicos son beneficiados por políticas públicas; lo vemos en las decisiones judiciales que parecen más dictadas por cálculos institucionales que por justicia. El Estado no garantiza igualdad ni libertad; administra desigualdades y gestiona libertades.

Los ejemplos internacionales son útiles para ampliar esta reflexión. Friedrich Hayek advirtió que la concentración del poder político, incluso con buenas intenciones, deriva inevitablemente en abuso. Ludwig von Mises insistió en que el control estatal de la economía, por mínimo que sea, altera los incentivos y distorsiona la cooperación humana. Murray Rothbard, mucho más radical, argumentó que no existe una versión moralmente legítima del Estado porque su esencia es la coerción. Estas ideas no son teóricas en Colombia: las vivimos cada día en la forma en que el Estado decide qué impuestos pagarás, qué permisos necesitas, qué puedes producir o vender y qué conductas consideran aceptables.

Conectar esto con la experiencia cotidiana es sencillo: cualquier colombiano que haya intentado abrir un negocio, resolver un litigio, acceder al sistema de salud, enfrentar un abuso policial o incluso pedir una cita médica, sabe que la dependencia del Estado no genera libertad ni protección, sino incertidumbre y frustración. Por eso, la afirmación de que el Estado mínimo es la solución solo posterga la discusión esencial: el problema no es que el Estado haga demasiado, sino que existe. Un Estado pequeño sigue siendo un aparato que decide por ti, que te permite o te prohíbe, que regula tu vida desde la infancia hasta la muerte.

Por eso, y aunque resulte incómodo para quienes buscan una versión más “civilizada” de la autoridad, deben decirse con claridad: los minarquistas no son aliados de la libertad. Son, en el fondo, estatistas con trajes más elegantes. Creen que el Estado puede ser justo, neutral y moral, cuando toda la evidencia histórica demuestra que ninguna institución construida sobre la coerción puede producir libertad auténtica. Prefieren un Estado pequeño, sí, pero idealizado, casi sagrado, incapaz de ser cuestionado. En esa idealización radica su peligro, porque convierte la autoridad en virtud y la obediencia en deber moral.

Colombia necesita una revolución intelectual mucho más profunda que la reducción del tamaño del Estado; necesita cuestionar la legitimidad moral de la autoridad política. No se trata de preguntarnos cuántos funcionarios necesitamos o cuántas funciones debe asumir el Gobierno, sino por qué seguimos creyendo que una institución que históricamente ha fallado en proteger derechos puede ser la garantía de nuestra libertad. Pensar en un país sin Estado no es un acto de locura; es un ejercicio de honestidad histórica y filosófica. La verdadera locura es seguir idealizando una entidad que, en su forma mínima o máxima, sigue partiendo de la misma premisa: la violencia como forma legítima de orden social.

El estatismo perfecto no es el del Estado grande ni el del Estado pequeño. Es el estatismo que se camufla de libertad. Y es precisamente ese el que Colombia debe aprender a reconocer ya desafiar.