Igualdad sin Libertad: El Error que Colombia No Quiere Ver

En Colombia se ha instalado la idea de que la igualdad puede imponerse por decreto, como si el Estado fuera un gran nivelador social con la capacidad moral y técnica de corregir cada asimetría económica, cada desigualdad de ingreso y cada diferencia de resultados. Esta visión, profundamente arraigada en nuestro debate público, es la que Mises habría considerado un extravío conceptual: la igualdad auténtica solo puede nacer en un marco de libertad, y la libertad —como fundamento del desarrollo humano— solo puede existir si todos somos iguales ante la ley. Rothbard, más severo aún, advertía que cada supuesto “derecho” que depende de coaccionar a otros para cumplirse no es un derecho genuino, sino una construcción artificial que erosiona la libertad individual. Y es, justamente, esa proliferación de derechos falsos lo que caracteriza buena parte de la política colombiana contemporánea.

La conversación sobre igualdad se ha distorsionado al punto de que hoy se confunde con redistribución obligada. La actual administración ha centrado buena parte de su narrativa en corregir supuestas injusticias estructurales mediante mayor intervención estatal, desde controles de precios indirectos hasta reformas tributarias que priorizan la recaudación sobre la productividad. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el país ha ampliado su gasto social en casi cinco puntos del PIB en los últimos años, pero la movilidad social se ha estancado, según datos del DANE y del Banco Mundial, lo que demuestra que no es la magnitud del gasto, sino la calidad y el marco institucional donde se ejecuta, lo que determina si ese gasto realmente genera progreso. Este es el punto central que defendía Mises: la igualdad material sin libertad institucional no produce desarrollo, produce dependencia.

Cambiar de punto de vista exige examinar cómo operan en la práctica estos “derechos” que en nombre de la igualdad terminan reproduciendo desigualdades aún más profundas. Un ejemplo cotidiano se observa en los mercados laborales: el discurso oficial insiste en proteger a los trabajadores con mayores cargas regulatorias, mayores costos no salariales y más rigidez en la contratación. Paradójicamente, Colombia mantiene una informalidad que ronda el 57 %, según el DANE, en gran parte porque las pequeñas empresas no pueden absorber el costo regulatorio impuesto por políticas que buscan “igualdad”. En otras palabras, la igualdad formal se sustituye por un sistema que protege a unos a costa de excluir a otros. Rothbard describía este fenómeno como la trampa moral de los derechos falsos: cada “protección” impuesta por coerción genera una nueva vulnerabilidad para quienes no encajan en la estructura regulatoria.

Otro ángulo revelador es el acceso al emprendimiento. Colombia no es un país pobre por falta de creatividad o talento; es un país frenado por barreras que solo favorecen a quienes entienden el laberinto burocrático. El Banco Mundial ha señalado que iniciar un negocio en Colombia puede tomar más del doble del tiempo que en países con economías libres más dinámicas. Esto significa que la igualdad de oportunidades —que debería ser la esencia del proyecto político de cualquier nación— se convierte en un privilegio para unos pocos. Mises, en su defensa de la igualdad ante la ley, insistía en que una sociedad libre no debe penalizar el intento de progresar. En cambio, la Colombia actual premia el acceso a redes de poder, no el acceso al mercado.

Pero vale la pena examinar cómo esta lógica se ha normalizado incluso en el discurso cultural y mediático. Figuras públicas, influenciadores progresistas y algunos académicos repiten con insistencia que el Estado debe “corregir” la desigualdad mediante una mayor intervención económica. Sin embargo, rara vez reconocen que los países que han logrado reducir desigualdades de manera sostenible —como Chile en las décadas pasadas o Estonia en la actualidad— lo hicieron fortaleciendo instituciones, protegiendo la competencia y ampliando las libertades económicas, no reduciéndolas. En Colombia, en contraste, seguimos esperando que la igualdad llegue a través de subsidios, cuando el propio DNP ha mostrado que el 70 % de los programas asistenciales del país no logran integración productiva sino dependencia prolongada.

Aterrizando esta reflexión a la vida cotidiana, basta visitar cualquier mercado local, desde una plaza en Barranquilla hasta un centro comercial en Medellín, para observar cómo los comerciantes compiten, innovan, se adaptan, crean su propio espacio en un mercado libre. Allí es donde se origina la igualdad verdadera: en la posibilidad de que cualquier persona, sin importar origen, apellido o cercanía al poder, pueda intentar y errar sin ser castigada por un aparato regulatorio asfixiante. Sin embargo, el país parece obsesionado con un modelo contrario: el donde la igualdad se basa en la tutela permanente del Estado y no en la autonomía del individuo.

El problema es que en Colombia no se discute la igualdad desde su raíz filosófica, sino desde su instrumentalización política. Los derechos sociales, que en teoría buscan dignidad, se convierten en herramientas de control electoral. Los programas de asistencia no se diseñan para que los ciudadanos salgan adelante, sino para asegurar lealtad política. Y en ese juego, la igualdad formal —esa que garantiza que nadie pueda someter a otro por la fuerza del Estado— se erosiona lentamente. El politólogo Francis Fukuyama advertía que los países en desarrollo suelen caer en sistemas clientelistas precisamente porque confunden bienestar con patronazgo público.

Dejando atrás este diagnóstico, volvamos a la pregunta esencial: ¿qué pierde Colombia cuando renuncia a la igualdad formal? Pierde la libertad. Y al perder la libertad, pierde también el único mecanismo capaz de generar riqueza sostenible: la cooperación voluntaria y el mercado libre. Adam Smith, a quien tanto descalifican quienes no lo han leído, sostenía que la riqueza de las naciones surge cuando las personas pueden actuar sin coerción, intercambiar sin trabas y crear sin permisos interminables. La evidencia empírica confirma esta tesis: los países con mayores niveles de libertad económica, según el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation, suelen tener mayor ingreso per cápita, mayores niveles de innovación y menor desigualdad en acceso a oportunidades.

La conversación, por tanto, no debería ser si queremos igualdad o libertad, porque la igualdad sin libertad no tiene contenido, y la libertad sin igualdad formal no tiene dirección. El verdadero dilema colombiano es entender que la libertad es el punto de partida, no el punto de llegada. Cualquier intento de imponer resultados igualitarios sacrificando la libertad terminará generando injusticias más graves que las iniciales. Y lo más doloroso es que esas injusticias no las pagan quienes diseñan las políticas, sino quienes las padecen: el tendero, el emprendedor, la madre cabeza de hogar que necesita flexibilidad laboral, el estudiante que sueña con montar una empresa, el campesino que no quiere depender de un subsidio.

Colombia está atrapada en un espejismo moral: creemos que más Estado significa más igualdad, cuando la evidencia muestra que más Estado muchas veces significa más privilegio para quienes ya tienen poder. Mises lo expresó con absoluta claridad: toda desigualdad generada por el mercado es corregible mediante esfuerzo, innovación o competencia; pero la desigualdad generada por el Estado solo es corregible quitándole poder al Estado. Y Rothbard llevó la idea al límite lógico: cualquier derecho que deba imponerse mediante coerción no es un derecho, es una exigencia disfrazada.

La reflexión final es sencilla pero incómoda: si Colombia quiere una igualdad real, debe empezar por defender de manera radical la libertad individual. No como un eslogan, sino como un principio jurídico, económico y moral. Debemos dejar de perseguir la quimera de la igualdad impuesta y concentrarnos en construir un país donde las reglas sean claras, iguales para todos y respetuosas de la autonomía personal. Solo así podremos trascender el paternalismo estatal que nos mantiene atrapados y construir un modelo social donde cada individuo pueda, desde su libertad, forjar su propio destino.