El subsidio que nos desplaza

La inflación en Colombia no es un accidente técnico ni un fenómeno meteorológico neutral: es una política transferida a través del tiempo, un subsidio invisible que favorece a quienes primero reciben la nueva masa monetaria y castiga a quienes la reciben al final. Esta afirmación, que Mark Thornton ha defendido desde una perspectiva austriaca, deja de ser abstracción teórica cuando miramos los indicadores que marcan la vida cotidiana de millones de familias colombianas en 2025. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el DANE en octubre mostró una inflación anual de alrededor del 5,5% (DANE, boletín IPC, octubre 2025), mientras que la autoridad monetaria mantiene una tasa de intervención que, aunque ha sido recortada respecto a meses anteriores, sigue arriba en términos reales —la Junta Directiva del Banco de la República comunicó tasa de política en 9,25% en la última reunión relevante— (Banco de la República, comunicados, octubre-noviembre 2025). Es la coexistencia de inflación material y tasas de interés altas lo que delata el problema: la economía está pagando por una inflación que erosiona el valor del dinero y, al mismo tiempo, paga altísimos costos por la deuda que sostiene ese sistema.

No se trata únicamente de que “los precios suben”; la inflación redistribuye ingresos y riqueza de forma sistemática. El dinero nuevo entra por canales preferentes: los mercados financieros, grandes contratistas, el propio Estado. Esos primeros receptores compran activos, contratan servicios y colocan órdenes de compra antes de que los precios generalizados capten el aumento de la masa monetaria. Los últimos, los trabajadores con salarios indexados a rezagos, los pensionados, los pequeños ahorradores, son quienes ven expropiado el valor de su ingreso. En Colombia esto se traduce en fenómenos concretos: mayor presión sobre los hogares para pagar canastas básicas y vivienda, y una reducción del horizonte para el ahorro productivo. El DANE muestra que la pobreza monetaria y la multidimensionalidad persisten como problemas reales: aunque la pobreza multidimensional mostró una ligera mejoría en 2024 (DANE, pobreza multidimensional, publicación 2025), la erosión del poder adquisitivo por la inflación complica la recuperación del bienestar en los estratos más vulnerables.

El crédito barato, tanto como la emisión directa, es la otra cara del subsidio. Cuando el banco central o el entorno financiero mantienen condiciones que facilitan el endeudamiento, surgen incentivos para inversiones que solo son sustentables con tasas artificialmente bajas. Eso explica por qué las burbujas en bienes raíces, la proliferación de “proyectos” que dependen del financiamiento público y privado fácil, y la existencia de empresas zombies que sobreviven con rollover de deuda, son fenómenos conectados entre sí. En Colombia hemos visto en los últimos años una expansión del crédito para ciertos sectores —infraestructura, vivienda de alta gama, sectores con alta intensidad de capital— mientras el tejido productivo micro y mediano sufre por el costo real del crédito y la incertidumbre. La deuda externa del sector público mostró incrementos sustanciales hasta junio de 2025, reflejando una combinación de factores que incluyen mayores necesidades de financiamiento del gobierno (Banco de la República, deuda externa, junio 2025). Al mismo tiempo, el país enfrenta condiciones en que los costos de financiamiento son elevados en términos nominales para el erario: informes recientes advierten que Colombia paga una de las deudas más caras del mundo y enfrenta presiones por los altos costos de interés sobre su stock de deuda (informes de prensa, octubre 2025).

La financiación del gasto público —es decir, el recurso recurrente al endeudamiento ya la emisión para cubrir déficits— tiene implicaciones políticas y morales profundas. Cuando el Estado financia sus compromisos recurriendo a deuda y emisión monetaria, convierte decisiones complejas (gasto en seguridad, gasto social, inversión en infraestructura) en entradas de una línea presupuestaria que puede prorrogarse con intereses. Los datos oficiales del primer semestre de 2025 muestran un déficit que ha llamado la atención del mercado y de los organismos de control: el déficit fiscal acumulado en el primer semestre se reportó en torno a 3,7% del PIB, una señal de tensión fiscal notable para un período de medio año (Comité Autónomo de la Regla Fiscal / prensa, agosto 2025). Este déficit no es un número neutro: implica que el país asume más deuda, vende más bonos, y en el proceso paga más por el servicio de esa deuda. El resultado es una ecuación perversa: la vía del financiamiento barato y continúa termina por elevar el costo de la deuda y estrechar el margen fiscal de futuras administraciones, trasladando la factura hacia adelante.

La dimensión social de la inflación rara vez aparece en los titulares con la fuerza que merece. Cuando el ahorro deja de ser una reserva de futuro, las decisiones de formar una familia, de comprar una vivienda o de iniciar un emprendimiento cambian drásticamente. La lógica de una moneda que pierde valor penaliza el horizonte largo: la tasa de sustitución entre consumo presente y ahorro futuro se distorsiona, y la prudencia —esa virtud económica que sostiene inversiones productivas— pierde sus incentivos. En Colombia, donde la estructura familiar y la vivienda de los estratos medios y bajos ya eran frágiles, la inflación añade una capa que erosiona la confianza interpersonal y ciudadana. Menos ahorro, menos capital humano invertido en proyectos de largo plazo, y mayor propensión a soluciones improvisadas que priorizan el consumo inmediato o la financiación precaria.

La narrativa política dominante suele buscar culpables visibles: el empresario que “ubica precios”, los intermediarios del mercado, las importaciones. Esa narrativa omite al actor con mayor poder sobre la oferta monetaria: el Estado y su coordinación con la banca central. En el debate público colombiano, las tensiones entre la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República han sido evidentes en episodios recientes; los reclamos sobre la política monetaria se alternan con defensas de la independencia técnica del banco central. La política no opera en un vacío: las decisiones de gasto, los programas sociales, las prioridades de inversión y el diseño tributario interactúan con la oferta monetaria y las expectativas de inflación. Sustituir el análisis por consignas facilita la política inmediata, pero no resuelve el daño estructural.

Así llegamos a la propuesta radical en su sencillez que propone Thornton y que en el contexto colombiano exige debate: restricción fiscal real, moneda sólida y descentralización institucional. Restringir el déficit no es sólo un ejercicio controlable; es devolver a la política la responsabilidad por sus decisiones y reducir la tentación de “pagar hoy, afectar mañana”. Una regla fiscal creíble, transparente y con sanciones políticas y administrativas puede restablecer límites. El fortalecimiento de marcos institucionales que garantizan transparencia en el gasto y efectividad en la inversión es tan urgente como la discusión sobre cómo se financia ese gasto. En segundo lugar, la restauración de una moneda sólida —lo que no implica necesariamente un anclaje único y rígido, pero sí disciplina en la emisión y en las expectativas— devolvería al precio su función de señal. Cuando el precio refleja escasez y preferencia temporal real, las inversiones se orientan mejor, la asignación de recursos mejora y la cooperación de mercado se vuelve más confiable. Finalmente, la descentralización —tanto política como monetaria y fiscal— puede introducir competencia institucional: gobiernos locales con mayor responsabilidad fiscal y con capacidad de innovación pueden corregir fallos de señalización a nivel nacional y permitir experimentos administrativos que fortalezcan la gobernanza.

El desafío es tanto político como técnico. Requeriría líderes que prioricen la estabilidad intergeneracional sobre ganancias políticas de corto plazo, una ciudadanía informada que entienda los costos reales de la inflación, y una ingeniería institucional que suprima la posibilidad de financiar déficits mediante emisión sin control. Significa también reconocer que la solución no es devolver dinero a un mercado abstracto, sino restituir los mecanismos que hacen que el dinero cumpla su función: reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio creíble.

No es ingenuo pedir responsabilidad fiscal ni honestidad monetaria en un país acostumbrado a soluciones clientelistas. Es, en todo caso, una condición indispensable para una política social duradera. Mantener programas sociales por la vía de la inflación es transferir pobreza futura a cambio de bienestar presente; es administrar el tiempo político con endeudamiento y erosión del salario real. La ética pública y la sostenibilidad económica convergen en la necesidad de una reforma que no tenga como punto de partida más impuestos o más gasto, sino mejores reglas de juego y límites claros sobre cómo se financia lo que el Estado decide hacer.

La pregunta final que queda en el aire, y que debe abrir el debate público en Colombia con honestidad, es la que Thornton plantea con crudeza: ¿queremos tolerar más tiempo un subsidio que nadie votó, que empobrece a quienes dicen proteger? Responder a eso exige deliberación, datos y coraje. Exige también que dejemos de discutir síntomas aislados y miremos la arquitectura que los genera. Porque mientras se mantiene la posibilidad —política y técnica— de financiar compromisos con dinero que pierde valor, estaremos administrando una transferencia silenciosa que distorsiona la economía, corroe la confianza y debilita la democracia. La alternativa no es lo imposible: es la disciplina, la institucionalidad y una concepción de la política que privilegie el futuro sobre la ganancia de hoy.