Tierra, resentimiento y la trampa de la producción

La discusión por la tierra en Colombia no es una retórica pasajera ni un eslogan de campaña: es el remanente de una historia que se niega a cerrarse y la cortina que oculta problemas estructurales más profundos. Cuando hoy hablamos del campo colombiano —de su baja productividad, de los elevados costos de producir aquí frente a importar, de la presencia de grandes propietarios y de territorios colectivos indígenas que cubren buena parte del mapa nacional— lo hacemos sobre datos y sobre memorias. No es extraño que el tema vuelva a encenderse en cada contienda política; lo preocupante es que, en la práctica, muchas propuestas se limitan a ofrecer soluciones simbólicas que no atacan las causas reales del bajo rendimiento económico rural ni garantizan el bienestar que prometen repartir.

La geografía de la propiedad en Colombia es, a la vez, monumental y paradójica: informes oficiales muestran que una porción significativa del área rural está concentrada en poquísimos propietarios mientras que territorios colectivos indígenas ocupan alrededor del 28–31% del territorio continental del país, en su mayoría bosques, selvas y ecosistemas de baja vocación agroindustrial. El IGAC ha documentado la fragmentación y la distribución de la propiedad rural, donde el 1% de los mayores propietarios controla una proporción desmesurada del área rural en varios municipios, y al mismo tiempo los resguardos indígenas titulan decenas de millones de hectáreas como bienes colectivos, inalienables e imprescriptibles (IGAC, 2024–2025). Esa doble verdad explica por qué la consigna de “recuperar tierra improductiva” conecta: toca un nervio histórico de desigualdad y aparece como una solución que al imaginario público le resulta justa y simple.

Pero la justicia aparente de esa promesa se desvanece cuando se examinan las condiciones económicas reales. Producir en Colombia es caro: impuestos, peajes, combustibles caros, trámites, carencia de infraestructura vial en zonas productivas, riesgos de seguridad y altos costos financieros elevan el precio de una canasta de insumos y de la logística necesaria para llevar cualquier producto del campo al mercado. Esos factores explican por qué, en muchos casos, importar resulta más barato que producir localmente —no por pereza del agricultor ni por conspiración de los terratenientes, sino por una suma de distorsiones institucionales que encarecen la oferta nacional (índices de precios al productor y análisis periodísticos recientes muestran esa creciente brecha entre costos internos y competitividad exportadora). Cuando la producción se convierte en heroísmo frente a la importación, el problema deja de ser sólo agrario y pasa a ser una falla sistémica de país. El discurso resentido contra la propiedad no ataca esa falla; simplemente propone un intercambio moral: quitar a quien tiene por dar a quien no tiene, sin garantizar que el receptor cuente con las condiciones para transformar suelo en vida digna y prosperidad sostenible.

Aun cuando parte del electorado pide la redistribución como solución inmediata, conviene recordar que los territorios colectivos indígenas no son latifundios ociosos a la manera de una hacienda exportadora: son espacios culturales, ambientales y económicos donde la lógica del uso del suelo responde a tradiciones, a modos de subsistencia, y a una racionalidad que no se mide sólo por toneladas por hectárea o por valor exportable. Organizaciones como IWGA y reportes de seguimiento territorial han mostrado que la titulización de resguardos no significa riqueza líquida para sus habitantes: la población indígena enfrenta en general mayores tasas de privación, menor acceso a servicios básicos y una pobreza multidimensional que supera la media nacional. En otras palabras, el hecho de que buena parte del mapa esté bajo protección colectiva no equivale a un privilegio económico que el Estado pueda redirigir sin consecuencias sociales y ecológicas.

El relato político que se construye sobre estas bases tiene dos materiales principales: memoria histórica y atajos emocionales. La memoria histórica documenta despojos, desplazamientos masivos y violencia rural que sí requieren reparación; los atajos emocionales traducen esa memoria en políticas performativas. Prometer expropiaciones, “recuperaciones” o repartos masivos de tierra genera adhesión porque es simple y apela a la noción moral de reparación: quitemos a los “poderosos” para restituir a los “desposeídos”. Sin embargo, la experiencia de reformas agrarias incompletas o mal diseñadas en Colombia y la práctica autoritaria de expropiaciones en otros países muestran que sin un diseño institucional robusto, sin inversión en infraestructura, asesoría técnica, seguridad jurídica y acceso al crédito, la mera redistribución de suelos tiende a reproducir la pobreza en nuevas manos o a crear nuevos conflictos. La historia institucional —desde las frustraciones del Incora, la Ley 160 y otras experiencias hasta las políticas recientes de titulación y compra de tierras por parte del Estado— habla de objetivos nobles pero de resultados muchas veces mitigados por burocracia, corrupción o incapacidad de seguimiento.

Otro punto que merece atención es la relación entre productividad y tamaño de propiedad. La falacia que equipara automáticamente tamaño con improductividad o que presume que la producción a gran escala es per se eficiente ignora variables cruciales: inversión, acceso a mercados, tecnologías, economías de escala en cadena de valor, infraestructura logística, y riesgos locales (climáticos, de orden público). Hay ejemplos donde explotaciones de mayor escala han capturado mercados internacionales con valor agregado (café especial, carnes, agroindustria) y otros donde minifundios han mostrado resiliencia y sostenibilidad a pequeña escala. Por eso la política pública correcta no debería ser un catálogo de confiscaciones o privilegios normativos, sino una estrategia combinada: proteger la propiedad privada, asegurar la rendición de cuentas, facilitar la formalización y, al mismo tiempo, dotar al pequeño productor de títulos claros, asistencia técnica, riego, vías terciarias, acceso a crédito con tasas razonables y rutas de comercialización que permitan capturar valor.

La competitividad del campo pasa, por tanto, por reformas estructurales: simplificación tributaria que incentive formalización; reducción de trámites y agilidad en permisos; inversión pública en infraestructura logística; seguridad jurídica sobre la tierra y sobre contratos; política financiera que ofrezca crédito accesible y seguro para inversión productiva; y, crucialmente, seguridad física en territorios históricamente afectados por violencia. Todo esto tiene un costo fiscal y requiere un Estado eficiente y creíble, no una máquina redistributiva que, por su tamaño o por su captura política, termine agravando la restricción que pretende aliviar. Es pertinente recordar que la sostenibilidad fiscal de una nación condiciona, hoy más que nunca, su capacidad para desplegar programas de largo aliento; la presión sobre las finanzas públicas reduce el espacio para intervenciones productivas sostenibles si no van acompañadas de crecimiento real y mejora de la productividad (datos fiscales y alertas sobre sostenibilidad macroeconómica recientes lo subrayan).

Conviene también desactivar la narrativa que busca convertir al propietario en villano sin matices. En Colombia coexisten grandes empresarios rurales que invierten, innovan y generan empleo, con propietarios rentistas que mantienen tierras ociosas por razones fiscales o de seguridad, y con ausencias estatales que desincentivan la inversión. La respuesta no es demonizar la propiedad, sino crear reglas claras: si una tierra no aporta al interés público, que el Estado tenga mecanismos transparentes, legales y previsibles para su destinación (compra con indemnización justa, programas de apoyo a asociatividad, incentivos a inversión). La expropiación —cuando existe— debe ser un último recurso, sujeto a debido proceso y compensación, porque su uso indiscriminado erosiona la confianza y el incentivo a invertir. Las economías que prosperan combinan certeza jurídica con instrumentos redistributivos focalizados y efectivos, no confiscaciones masivas.

Finalmente, el debate sobre tierra y producción tiene que salir del teatro de las consignas y entrar en la sala de la política técnica y democrática. Hablar de “recuperación” sin explicar cómo se financiará la inversión posterior, cómo se garantizará la seguridad, cómo se integrarán los nuevos productores a cadenas de valor y cómo se medirá el éxito, es prometer sin capacidad de cumplimiento. Prometer repartir tierra donde producir es caro y riesgoso es irresponsable; ofrecer planes integrales que combinen titulación, inversión pública en infraestructura, asistencia técnica, acceso a mercados y garantía de seguridad es proponer un camino realista hacia el desarrollo rural.

Que la tierra siga siendo tema central de la política colombiana es lógico; que siga siendo especialmente atractiva para discursos resentidos también lo es. Pero la política responsable debe transformar esa energía en institucionalidad, mercado y proyectos de largo plazo que hagan rentable producir en Colombia. Solo así romperemos la trampa perversa que hoy enfrenta al deseo de justicia con la incapacidad de producirla en términos reales: no bastan las consignas, hacen falta instituciones, capital, mercado y confianza. Y sobre todo, una lectura honesta de la realidad: la tierra es importante, pero sin condiciones para explotarla productivamente, seguirá siendo solo un símbolo de promesas incumplidas.