Primero producir, luego repartir

En Colombia se ha vuelto costumbre confundir deseos con posibilidades. Abundan los discursos que prometen justicia social sin haber resuelto siquiera la pregunta más elemental de toda economía: ¿de dónde salen los recursos que se pretenden redistribuir? La respuesta siempre es la misma, aunque muchos prefieran ignorarla: los recursos provienen de la producción, del emprendimiento, de la acumulación de capital y de la libertad económica. Sin embargo, el debate público sigue girando alrededor de la ilusión de un Estado providencial capaz de repartir riqueza sin que esta exista previamente. Esa ficción, presentada como compasión, termina erosionando los cimientos mismos que hacen posible una sociedad próspera: la propiedad privada, la cooperación voluntaria y la responsabilidad individual.

El capitalismo de libre mercado no es el monstruo caricaturizado por discursos políticos y activismos ruidosos que, paradójicamente, disfrutan de las comodidades, plataformas tecnológicas y estándares de vida que solo el capitalismo pudo crear. El libre mercado no es sinónimo de grandes corporaciones, edificios de vidrio o hombres gritando frente a pantallas en una bolsa de valores. El capitalismo real ocurre todos los días en el vendedor de empanadas que decide invertir en una fritadora, en la estilista que compra una silla más para ampliar su clientela, en el tendero de barrio que arriesga su capital para abastecer su negocio, o en el emprendedor colombiano que lucha contra trámites absurdos, impuestos confiscatorios y costos laborales que no guardan relación con la productividad nacional. El capitalismo es, ante todo, el ejercicio del derecho natural a la propiedad: producir, intercambiar y conservar el fruto del propio esfuerzo.

Lo que sí es una amenaza para la sociedad civilizada es la insistencia con la que ciertos líderes, académicos y grupos de presión reducen la complejidad de la economía a una simple consigna moral: “el mercado es malo, el Estado debe intervenir”. Desde figuras internacionales como Bernie Sanders hasta líderes locales que en Colombia han convertido la desigualdad en un negocio político, se repite una narrativa que culpa al mercado por todos los males sociales, pero jamás reconoce la destrucción generada por el intervencionismo. Estos discursos prometen eliminar “inhibiciones” del sistema económico, lo que en realidad significa recortar libertades individuales, controlar precios, frenar emprendimientos, limitar la competencia y, en última instancia, castigar el éxito.

En Colombia, donde más del 60% del empleo es informal, donde casi la mitad del aparato productivo opera con baja productividad, y donde producir resulta tan costoso que incluso nuestras materias primas son más baratas importadas, tiene poco sentido hablar de socialdemocracia si no existe previamente un capitalismo vigoroso que la financie. Los países nórdicos, tan utilizados como argumento, nunca fueron ejemplos de “Estado grande primero”; fueron economías profundamente capitalistas, abiertas al comercio, con baja regulación y altos niveles de libertad económica antes de expandir sus sistemas de bienestar. Primero generaron riqueza; luego decidieron cómo repartirla. En Colombia se pretende hacer lo contrario: repartir sin haber producido, cobrar impuestos sin haber ampliado la base productiva, financiar subsidios sin crecimiento, y construir programas sociales sin haber creado las condiciones para que los individuos florezcan por sí mismos.

El electorado colombiano debe recordar que los políticos no tienen incentivos alineados con la prosperidad ciudadana. Su objetivo inmediato es ganar o conservar poder, no decir la verdad fiscal ni promover la autonomía económica de la población. Por eso venden beneficios “gratis”, subsidios permanentes, condonación de deudas y promesas que suenan humanas pero son fiscalmente imposibles. Se presentan bajo la retórica de la igualdad y la justicia social, pero sus políticas tienden a reducir la libertad individual y aumentar la dependencia del ciudadano frente al Estado. Lo vimos en la reforma laboral fallida, diseñada para favorecer sindicatos poderosos a costa de empleos formales; en la reforma pensional que termina penalizando el ahorro individual; y en múltiples regulaciones que castigan a quien produce mientras premian la inactividad política de quienes saben protestar mejor que trabajar.

Colombia no puede darse el lujo de adoptar un modelo socialdemócrata cuando ni siquiera ha logrado convertirse en un país verdaderamente capitalista. No somos una economía industrializada, ni una potencia exportadora, ni una nación con productividad competitiva. Somos un país de trámites, de normativas incoherentes, de costos laborales que superan la productividad real, de sindicalismo politizado, de infraestructura atrasada, de inseguridad jurídica y de un Estado que obstaculiza más de lo que facilita. En estas condiciones, insistir en más intervención estatal es como intentar apagar un incendio con gasolina.

El camino hacia una sociedad más próspera no está en seguir ampliando el peso del Estado, sino en liberar la energía creadora de los individuos. Significa reconocer que el progreso nace de la libertad para emprender, competir, innovar y construir riqueza. Significa derribar barreras burocráticas, reducir impuestos distorsionantes, flexibilizar el mercado laboral, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar que la propiedad privada sea inviolable. Significa dejar de ver al empresario como enemigo y entender que, sin inversión privada, no habrá empleo digno ni desarrollo real.

Muchos líderes, activistas e intelectuales quieren convencer a la ciudadanía de que la libertad económica es peligrosa. Temen el capitalismo porque no pueden controlarlo. Temen la espontaneidad del mercado porque no depende de ellos. Temen la riqueza privada porque no la pueden repartir. Pero la historia es contundente: ninguna sociedad ha salido de la pobreza bajo el mandato del intervencionismo; todas las que prosperaron lo hicieron fortaleciendo la libertad económica.

Colombia necesita menos discursos moralistas y más realidad económica. Antes de pensar en repartir riqueza, debemos permitir que esta se cree. Antes de exigir derechos financiados por otros, debemos asumir la responsabilidad de producir. Antes de soñar con redistribución, debemos tener algo que redistribuir. No se trata de insensibilidad social, sino de sensatez económica.

Primero producir. Luego repartir. Ese es el orden natural de toda sociedad que aspira a ser próspera. Todo lo demás es populismo, y el populismo, como siempre, se paga con el futuro de los más pobres.