El título no compra la honestidad

Hay una pregunta incómoda que deberíamos hacernos en Colombia: ¿por qué una persona puede pasar años en una universidad, obtener un título profesional, estudiar ética, derecho, administración pública y economía, y aun así terminar utilizando un cargo público para enriquecerse a costa de los ciudadanos? ¿Cómo puede alguien conocer las leyes, comprender las consecuencias de sus actos y, pese a ello, encontrar la manera de burlarlas?

La respuesta no es tan sencilla como afirmar que faltan educación, valores o funcionarios preparados. El problema es más profundo: hemos confundido la formación académica con la formación moral, el conocimiento de las normas con la voluntad de cumplirlas y la capacidad para administrar el Estado con la integridad necesaria para hacerlo sin convertirlo en un instrumento de beneficio personal.

Un diploma certifica que una persona ha cumplido determinados requisitos académicos. No certifica su conciencia. Un posgrado puede enseñar a interpretar la ley, diseñar políticas públicas, estructurar contratos o administrar presupuestos, pero no garantiza que quien adquiere esos conocimientos vaya a utilizarlos en beneficio de la sociedad. Incluso, esos mismos conocimientos pueden convertirse en herramientas más sofisticadas para ocultar intereses particulares, diseñar procedimientos amañados o construir mecanismos de apariencia legal que favorezcan a unos pocos.

El problema, por tanto, no es únicamente quién llega al poder, sino qué encuentra cuando llega, qué incentivos recibe, cuánto puede ganar abusando de su posición y qué posibilidades reales existen de descubrirlo y sancionarlo.

El resentimiento como excusa, no como explicación absoluta

Ludwig von Mises, en La mentalidad anticapitalista, examinó cómo la frustración, la envidia y el resentimiento pueden alimentar una visión hostil hacia quienes alcanzan una posición económica superior. Su planteamiento permite explorar una dimensión psicológica del comportamiento humano: algunas personas, cuando sienten que la sociedad no les ha reconocido el valor que creen merecer, terminan interpretando el éxito ajeno como una injusticia y justificando su propia hostilidad.

Trasladada con cautela al ámbito público, esta reflexión permite identificar una racionalización peligrosa. Un funcionario puede convencerse de que su salario no corresponde a sus capacidades, de que otros se enriquecen mientras él permanece estancado o de que el sistema le debe una compensación. Si esa frustración se combina con una oportunidad para apropiarse de recursos públicos, puede aparecer una justificación moral que le permita presentar el abuso como una especie de reparación personal.

«No me pagan lo que merezco». «Todo el mundo roba». «Yo también tengo derecho a beneficiarme». «Después de tantos años trabajando, algo me tiene que quedar».

Estas frases no constituyen una explicación universal de la corrupción ni demuestran que el resentimiento sea su causa principal. Son ejemplos de las excusas que una persona puede construir para neutralizar su propia conciencia. El individuo deja de preguntarse si está haciendo lo correcto y empieza a convencerse de que existen razones suficientes para hacer lo incorrecto.

Sin embargo, sería un error convertir esta hipótesis en una acusación contra los funcionarios mal remunerados o contra quienes experimentan frustración profesional. La mayoría de las personas que atraviesan dificultades económicas no se convierten por ello en corruptas. La frustración no obliga a delinquir, así como la prosperidad tampoco garantiza la honestidad.

La diferencia decisiva aparece cuando una persona decide que sus aspiraciones, sus necesidades o su supuesto merecimiento están por encima de los derechos de los demás.

Y es aquí donde debemos establecer una distinción fundamental: sentirse inconforme con el sistema no es corrupción; utilizar el poder público para cobrarse una supuesta deuda personal con la sociedad sí puede serlo.

El Estado no convierte a todos en corruptos, pero puede facilitar la corrupción

En 1944, Mises publicó Burocracia, una obra en la que examinó las diferencias entre la administración empresarial y la gestión de los asuntos públicos. Su análisis no consiste en afirmar que todo funcionario es corrupto ni que la administración pública carece de valor. Su argumento se dirige, entre otros aspectos, a las diferencias entre administrar mediante incentivos de mercado y administrar mediante normas, jerarquías y procedimientos burocráticos.

En una empresa, las pérdidas y ganancias pueden ofrecer señales sobre la utilización de los recursos, aunque tampoco garantizan por sí solas una conducta ética. En el Estado, muchos resultados públicos no pueden reducirse a una medida monetaria: proteger derechos, impartir justicia, garantizar seguridad o atender a poblaciones vulnerables exige criterios que van más allá de la rentabilidad.

El problema aparece cuando la discrecionalidad administrativa, los controles débiles y la concentración de decisiones permiten que el poder se utilice para distribuir privilegios.

Pensemos en un contrato público. El problema no necesariamente consiste en que el funcionario desconozca las normas de contratación. Puede ocurrir exactamente lo contrario: que las conozca tan bien que sepa cómo diseñar requisitos aparentemente técnicos para favorecer a un oferente determinado, restringir la competencia, justificar sobrecostos o dificultar la identificación de los responsables.

En ese escenario, la preparación académica no desaparece. Se utiliza para perfeccionar el mecanismo.

Por eso resulta insuficiente responder a la corrupción con más títulos, más diplomados o más cursos de ética. Estas herramientas pueden ser necesarias para mejorar las capacidades institucionales, pero no sustituyen la transparencia, la vigilancia independiente, la competencia, la trazabilidad de las decisiones y la aplicación efectiva de las sanciones.

Una administración pública puede estar llena de profesionales altamente cualificados y continuar expuesta a prácticas corruptas si quienes toman las decisiones saben que difícilmente serán descubiertos o que, incluso si lo son, podrán evitar las consecuencias.

La corrupción no requiere necesariamente funcionarios ignorantes. En ocasiones, encuentra mejores condiciones cuando quienes la practican poseen conocimientos suficientes para identificar las debilidades del sistema y aprovecharlas.

La elección pública: el funcionario también tiene intereses

La teoría de la elección pública, asociada a economistas como James Buchanan y Gordon Tullock, introduce una idea que debería ser indispensable en cualquier debate serio sobre la administración del Estado: no podemos diseñar las instituciones suponiendo que las personas que ejercen el poder actuarán siempre por altruismo.

El político no deja de tener ambiciones cuando gana una elección. El funcionario no pierde sus intereses personales cuando toma posesión de un cargo. El contratista no se vuelve desinteresado cuando firma un contrato con una entidad pública. Todos continúan siendo seres humanos con aspiraciones, preferencias, incentivos y, en algunos casos, disposición a aprovechar las oportunidades que tienen a su alcance.

Esta perspectiva no significa que todos sean corruptos. Significa que las instituciones deben funcionar incluso cuando quienes las integran no son modelos de virtud.

La diferencia es sustancial. Un sistema que depende exclusivamente de la honestidad individual es vulnerable. Un sistema que limita la concentración del poder, distribuye responsabilidades, permite la auditoría independiente, protege a los denunciantes y sanciona las conductas indebidas tiene mejores herramientas para contener los abusos.

La pregunta correcta, entonces, no es solamente cómo conseguimos funcionarios honestos. También debemos preguntarnos cómo impedimos que un funcionario deshonesto pueda perjudicar a miles de ciudadanos.

La primera pregunta pertenece al terreno de la formación ética y la selección del personal. La segunda pertenece al diseño institucional. Necesitamos ambas, pero ninguna puede reemplazar a la otra.

¿Todo el mundo tiene un precio?

Esta es, quizá, la parte más incómoda de la discusión.

Hay quienes sostienen que todas las personas tienen un precio y que la única diferencia consiste en cuánto dinero necesitan para traicionar sus principios. La afirmación parece convincente cuando observamos escándalos de corrupción, fortunas inexplicables y funcionarios que cambian sus convicciones por beneficios particulares.

Sin embargo, afirmar que absolutamente todo el mundo puede ser comprado es una generalización que no podemos dar por demostrada. Las personas difieren en sus principios, en sus vínculos sociales, en su percepción de lo correcto y en el valor que atribuyen a su reputación y a su conciencia. Algunas rechazan beneficios indebidos incluso cuando la posibilidad de ser descubiertas parece remota.

Lo que sí debemos reconocer es que la conducta humana responde, en distintos grados, a los incentivos y al entorno.

Gary Becker, en su análisis económico del delito publicado en 1968, desarrolló un modelo que permite estudiar cómo una persona puede ponderar los beneficios esperados de una conducta ilegal frente a la probabilidad y el costo de ser sancionada. El modelo no explica por sí solo toda la conducta criminal, pero ayuda a comprender por qué la impunidad puede modificar los incentivos.

Si un funcionario espera obtener una suma considerable, considera mínima la posibilidad de ser descubierto y cree que una eventual sanción será improbable o evitable, el escenario puede volverse más favorable para cometer un abuso. Si, por el contrario, existen controles efectivos, investigaciones independientes y consecuencias proporcionales, el cálculo cambia.

Pero hay algo más: no todas las decisiones se toman mediante una operación consciente de costos y beneficios. También intervienen las convicciones, las normas sociales, la presión de los compañeros y la capacidad de justificar internamente una conducta.

Por eso, la honestidad no puede reducirse al miedo a la cárcel. Una sociedad en la que las personas únicamente cumplen la ley cuando temen ser descubiertas puede ser legalmente controlada, pero sigue siendo moralmente frágil.

La verdadera fortaleza institucional consiste en combinar ciudadanos que reconozcan límites éticos con mecanismos que impidan que la ausencia de esos límites se convierta en un privilegio.

Colombia: entre el discurso de la ética y la realidad de los incentivos

En Colombia, la discusión sobre la corrupción suele aparecer acompañada de promesas de transparencia, declaraciones de principios, códigos de integridad, capacitaciones y compromisos institucionales. Estas herramientas tienen su utilidad. El problema comienza cuando se presentan como si fueran suficientes para transformar las prácticas.

Podemos capacitar a un funcionario en contratación pública, explicarle los principios de transparencia, economía y responsabilidad, exigirle que firme compromisos de integridad y someterlo a evaluaciones de desempeño. Pero si después participa en un entorno donde las decisiones se subordinan a intereses políticos, los controles carecen de independencia y los conflictos de interés se toleran, la distancia entre el discurso y la realidad puede terminar imponiéndose.

No basta con preguntar cuántas personas asistieron a un curso de ética. Hay que examinar qué decisiones se tomaron, quiénes se beneficiaron, cómo se utilizaron los recursos y qué sucedió cuando aparecieron indicios de irregularidades.

Tampoco podemos concluir que todos los problemas del Estado colombiano sean consecuencia de la corrupción. La ineficiencia administrativa, las restricciones presupuestales, la deficiente planeación, la debilidad técnica y los problemas de coordinación institucional tienen causas distintas, aunque pueden relacionarse entre sí. Confundirlas impide formular soluciones adecuadas.

Precisamente por eso, la lucha contra la corrupción debe ser rigurosa y no limitarse a señalar culpables de manera indiscriminada. Requiere identificar riesgos concretos, reconstruir decisiones, examinar contratos, verificar resultados y establecer responsabilidades con pruebas y garantías procesales.

El Estado necesita profesionales preparados. Pero necesita, además, que sus decisiones puedan ser examinadas sin que el funcionario investigado controle a quien lo investiga; que la información pública sea accesible; que los organismos de control actúen con independencia; y que la contratación favorezca la competencia real, no la apariencia de competencia.

También necesita evitar que la denuncia de corrupción se convierta en una herramienta de persecución política. La rendición de cuentas debe operar bajo reglas generales, con procedimientos verificables y sin privilegios para los poderosos ni condenas anticipadas para los señalados.

La transparencia no consiste en proclamar que se es transparente. Consiste en permitir que otros comprueben cómo se ejerció el poder.

La familia forma valores; las instituciones ponen límites

La educación moral comienza mucho antes de ingresar a una universidad. En la familia, en el colegio y en el entorno social se aprende a respetar los acuerdos, reconocer los derechos ajenos, asumir las consecuencias de los errores y distinguir entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer.

Un niño que observa que los adultos exigen honestidad, pero celebran al que engaña para obtener una ventaja, recibe mensajes contradictorios. Si escucha que robar está mal, pero ve que hacer trampa se justifica cuando el beneficiado es alguien cercano, aprende que las normas pueden ser flexibles según la conveniencia.

Esa contradicción puede reproducirse en la vida adulta y llegar hasta las instituciones públicas.

Sin embargo, sería equivocado atribuir la corrupción exclusivamente a la crianza o a una supuesta pérdida generalizada de valores. Las personas pueden desarrollar criterios morales distintos de los que observaron en su entorno, y una sociedad puede mejorar sus prácticas mediante reglas claras, educación cívica, vigilancia y experiencias institucionales que premien la honestidad.

La cultura importa, pero no es un destino inmodificable.

La universidad también importa, pero su función debe entenderse correctamente. Puede enseñar responsabilidad profesional, fortalecer el juicio crítico y preparar a los estudiantes para reconocer conflictos de interés. Lo que no puede hacer es garantizar que cada graduado actuará de acuerdo con esos conocimientos cuando se enfrente a una oportunidad de enriquecimiento ilícito.

Un profesional puede saber perfectamente qué es un soborno y decidir aceptarlo. Puede comprender las consecuencias de un peculado y cometerlo. Puede conocer las normas disciplinarias y buscar la forma de evadirlas.

El conocimiento permite identificar el límite. La integridad influye en la decisión de respetarlo. Las instituciones determinan, en parte, las oportunidades y las consecuencias de cruzarlo.

Ninguno de estos factores, considerado aisladamente, explica todo el fenómeno.

Menos fe ciega en las personas, más responsabilidad institucional

La lección que deberíamos extraer no es que la educación sea inútil, que todos los funcionarios sean sospechosos o que la honestidad sea una ilusión. La lección es que ninguna sociedad debería depositar su seguridad institucional en la esperanza de que las personas con poder siempre harán lo correcto.

No podemos construir un Estado confiable únicamente seleccionando individuos que parezcan buenos. Tampoco podemos hacerlo multiplicando los requisitos académicos mientras dejamos intactas las oportunidades de abuso.

Debemos profesionalizar el servicio público, fortalecer los procesos de selección por mérito, reducir las decisiones arbitrarias, transparentar la contratación, identificar los conflictos de interés, proteger la independencia de los controles y asegurar que las investigaciones conduzcan a decisiones oportunas y fundamentadas.

Asimismo, debemos evaluar a las entidades por los resultados que producen, la calidad de sus servicios y la manera en que utilizan los recursos. Cumplir procedimientos es indispensable, pero no siempre garantiza que el ciudadano reciba una atención adecuada o que el dinero público produzca el beneficio esperado.

Y debemos reconocer que el control también tiene costos. Una administración excesivamente rígida puede paralizar decisiones legítimas, multiplicar trámites y dificultar la ejecución de políticas necesarias. Por eso, no se trata de eliminar toda discrecionalidad, sino de delimitarla, justificarla y hacerla verificable.

La buena administración no consiste en desconfiar indiscriminadamente de todos, sino en construir reglas que hagan posible confiar sin tener que cerrar los ojos.

El verdadero valor de un título

No considero que el problema de la corrupción se resuelva llenando las oficinas públicas de personas con más diplomas. Tampoco creo que la ausencia de estudios universitarios explique por sí misma la deshonestidad de alguien. Ambas posiciones confunden la preparación con el carácter y simplifican un fenómeno que tiene dimensiones personales, económicas, culturales e institucionales.

Un profesional puede ser íntegro y utilizar sus conocimientos para mejorar la vida de los ciudadanos. Otro puede emplearlos para diseñar un mecanismo de apropiación de recursos. La diferencia no está determinada automáticamente por el nivel educativo, aunque la formación sí puede aportar herramientas para tomar mejores decisiones.

Lo que debemos exigir a quienes administran los recursos públicos no es solamente competencia técnica, sino responsabilidad por sus actos. Y esa responsabilidad debe poder demostrarse mediante decisiones transparentes, resultados verificables y consecuencias cuando se vulnera la ley.

Mises ayuda a cuestionar la idea de que la burocracia está libre de los problemas humanos que afectan a otras organizaciones. La elección pública invita a reconocer que quienes ejercen el poder también responden a incentivos personales. El análisis económico del delito muestra por qué la probabilidad de sanción puede influir en determinadas decisiones. Ninguna de estas perspectivas, por sí sola, explica toda la corrupción, pero juntas ayudan a desmontar una ilusión peligrosa: que basta con confiar en las buenas intenciones de quienes gobiernan.

Al final, una sociedad no se mide por la cantidad de profesionales que produce, por la solemnidad de sus códigos de ética ni por la cantidad de discursos que pronuncia contra la corrupción. Se mide, entre otras cosas, por su capacidad de impedir que el poder se convierta en un privilegio privado y de exigir responsabilidades a quienes lo utilizan indebidamente.

Porque el título puede abrir la puerta de una oficina pública. El conocimiento puede enseñar cómo funciona el Estado. La experiencia puede mejorar la capacidad de decidir. Pero ninguno de esos elementos garantiza, por sí solo, que una persona pondrá los intereses colectivos por encima de sus ambiciones particulares.

La honestidad no viene impresa en un diploma, y la integridad no se presume por el cargo que alguien ocupa. Se demuestra en las decisiones que toma cuando tiene la oportunidad de abusar del poder y en la manera como responde cuando debe rendir cuentas.

Y si queremos un Estado menos corrupto, debemos dejar de preguntarnos únicamente qué clase de personas ocupan sus oficinas y empezar a preguntarnos qué clase de instituciones hemos construido para que el poder sirva a los ciudadanos, en lugar de servir a quienes lo ejercen.