El Estado no es la lámpara de Aladino

Hace unos días, entre amigos, surgió una discusión aparentemente sencilla: ¿por qué dos municipios de un mismo departamento, relativamente cercanos y con características económicas y sociales similares, pueden terminar teniendo realidades tan diferentes? La conversación terminó llevándonos a una discusión mucho más profunda: ¿qué esperamos realmente del Estado y, sobre todo, quién paga la cuenta de todo aquello que esperamos de él?

La respuesta que más se repite cuando hablamos de los problemas de un municipio parece sacada de un catálogo: necesitamos un programa social, una política pública, más subsidios, más transferencias, más inversión. Y muchas de esas necesidades pueden ser absolutamente legítimas. El problema aparece cuando hablamos de ellas como si fueran deseos que simplemente pueden cumplirse frotando la lámpara de Aladino.

Pero el Estado no crea dinero porque existan necesidades.

Detrás de cada programa hay un presupuesto. Detrás del presupuesto hay ingresos. Y detrás de una parte importante de esos ingresos están los impuestos. Por eso existe una pregunta que casi nunca ocupa el centro del debate electoral: ¿de dónde va a salir la plata?

No es una pregunta de izquierda o de derecha. Es una pregunta de administración pública.

Hacer política y gobernar son cosas diferentes. El político puede prometer; el administrador tiene que ejecutar. Una vez elegido, el gobernante descubre que existen recursos limitados, obligaciones adquiridas, gastos de funcionamiento, competencias legales, recursos con destinación específica y una ciudadanía que espera resultados inmediatos.

La política puede vivir de expectativas. La administración pública vive de restricciones.

Por eso resulta tan fácil prometer un colegio, un hospital, una vía, un programa para jóvenes o una transferencia. Lo difícil es explicar cuánto cuesta, de dónde saldrán los recursos, cuánto tiempo durará y qué tendremos que dejar de financiar para hacerlo posible.

Esta discusión nos lleva directamente a una realidad que Colombia debería asumir con mayor madurez: no todos los problemas sociales se resuelven con más Estado; muchos necesitan más economía.

Un empleo también puede ser una política social.

Cuando una empresa contrata a una persona, esa persona obtiene ingresos para alimentar a su familia, pagar vivienda, educar a sus hijos y consumir bienes y servicios. Si el empleo es formal, además entra en el sistema de seguridad social y contribuye directa o indirectamente al financiamiento del Estado.

Por eso, un empresario que crea veinte puestos de trabajo no solamente está buscando una ganancia privada. Está generando veinte oportunidades económicas para veinte hogares.

Joseph Schumpeter destacó el papel del empresario y la innovación en el desarrollo económico. Friedrich Hayek insistió en la importancia del conocimiento disperso y de permitir que millones de personas tomen decisiones económicas. Milton Friedman defendió la libertad económica como condición para que las personas puedan decidir sobre sus propios recursos. Y Amartya Sen, desde una perspectiva diferente, recordó que el verdadero desarrollo debe ampliar las capacidades y oportunidades reales de las personas.

No son pensamientos idénticos, pero todos permiten entender algo fundamental: una política social sostenible necesita una economía productiva detrás.

Colombia no puede construir indefinidamente un Estado social sobre una economía que no crece al mismo ritmo.

Aquí aparece una diferencia fundamental entre recaudar más y ampliar la base tributaria.

Podemos intentar obtener más recursos aumentando las cargas sobre quienes ya pagan. Pero también podemos preguntarnos cómo conseguimos más empresas formales, más trabajadores formales, más inversión y más actividad económica.

La segunda opción es menos popular en los discursos, pero puede ser mucho más importante en el largo plazo.

Un municipio que quiere desarrollarse debería preguntarse no solamente cuánto puede cobrar, sino también qué condiciones está creando para que una persona quiera invertir, emprender, contratar y permanecer allí.

Eso implica infraestructura, seguridad, trámites razonables, estabilidad jurídica, servicios públicos eficientes y una estructura tributaria que no convierta la formalidad en un castigo.

No estoy diciendo que bajar impuestos automáticamente genere prosperidad. Sería otra simplificación. Los impuestos son necesarios para financiar bienes públicos y servicios esenciales. La verdadera discusión es otra: ¿qué estructura tributaria permite recaudar de manera sostenible sin destruir los incentivos para producir, invertir, formalizarse y contratar?

Esta pregunta es especialmente importante en los municipios.

Si un empresario percibe que formalizarse significa asumir demasiados costos, trámites e incertidumbre, la informalidad puede convertirse en una alternativa racional. Y cuando crece la informalidad, se reduce la base sobre la cual el Estado puede recaudar.

Entonces aparece un círculo perverso: pocos empleos formales producen pocos contribuyentes; pocos contribuyentes significan menos recursos; menos recursos deterioran los servicios; servicios deficientes reducen la confianza; menor confianza desestimula la inversión y la formalización.

Pero también puede ocurrir lo contrario.

Más empresas producen más empleos. Más empleos generan mayores ingresos familiares. Más actividad económica amplía la base tributaria. Más recaudo permite financiar infraestructura y servicios. Mejores servicios hacen más atractivo el territorio. Y un territorio atractivo puede atraer todavía más inversión.

Ese es el círculo virtuoso que deberíamos intentar construir.

Por supuesto, esto no significa eliminar las políticas sociales. Una sociedad civilizada debe proteger a quienes realmente necesitan asistencia: niños vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que atraviesan circunstancias extraordinarias. El Estado tiene responsabilidades que no pueden delegarse completamente al mercado.

Pero debemos distinguir entre aliviar una necesidad y resolver sus causas.

Una transferencia puede ayudar a una familia este mes. Un empleo productivo puede cambiar su trayectoria económica durante años.

El éxito de una política social, por tanto, no debería medirse únicamente por cuántas personas reciben una ayuda. También deberíamos preguntarnos cuántas personas dejaron de necesitarla porque consiguieron empleo, aumentaron sus ingresos, adquirieron capacidades o pudieron desarrollar un proyecto propio.

Ese debería ser uno de los grandes objetivos de la política pública: crear una puerta de salida de la dependencia.

Y aquí regresamos a la discusión inicial sobre nuestros municipios.

Cuando dos territorios relativamente similares tienen resultados diferentes, no necesariamente significa que uno necesite más programas sociales que el otro. Puede significar que uno administra mejor, recauda mejor, tiene instituciones más eficientes, ofrece mejores condiciones para la inversión, combate mejor la informalidad o utiliza de manera más inteligente sus recursos.

Douglass North, premio Nobel de Economía, mostró la importancia de las instituciones y de los incentivos sobre el desarrollo económico. Esto debería hacernos entender que gobernar no es únicamente gastar recursos: es construir las condiciones bajo las cuales ciudadanos y empresas toman decisiones.

Por eso necesitamos recuperar una conversación adulta sobre impuestos.

No se trata de decir simplemente "cobremos más" ni "no cobremos nada". Se trata de preguntarnos quién debe pagar, cuánto debe pagar, qué incentivos estamos creando, qué tan fácil es cumplir y, sobre todo, qué hacemos con el dinero recaudado.

La confianza tributaria no se decreta.

Se construye.

Se construye cuando el ciudadano paga el predial y ve mejores calles. Cuando el comerciante cumple sus obligaciones y observa que la administración combate la competencia desleal. Cuando una empresa formal descubre que el Estado no solamente le cobra, sino que también le ofrece seguridad, infraestructura y reglas claras.

El ciudadano debe cumplir, pero el Estado también.

No podemos exigir cultura tributaria mientras toleramos corrupción. No podemos pedir formalización mientras llenamos al pequeño empresario de trámites innecesarios. No podemos justificar la evasión porque el gobierno gasta mal. Pero tampoco podemos exigir más impuestos sin demostrar resultados.

El pacto debe ser bilateral.

Y quizá aquí está la idea más incómoda de esta reflexión: una sociedad no puede distribuir indefinidamente una riqueza que no está creando.

Antes de crear otro programa social deberíamos preguntarnos si podemos crear más empleos. Antes de aumentar un impuesto deberíamos analizar su impacto sobre la inversión y la formalización. Antes de anunciar una nueva política pública deberíamos conocer su costo y su fuente de financiación. Y antes de pedirle todo al Estado deberíamos preguntarnos qué condiciones estamos creando para que las personas puedan resolver más cosas por sí mismas.

Porque el objetivo de una buena política pública no debería ser producir ciudadanos permanentemente dependientes del presupuesto.

Debería ser producir ciudadanos con más capacidades, ingresos y oportunidades.

El Estado tiene que proteger, regular, invertir y garantizar bienes públicos. Pero no puede sustituir a millones de ciudadanos que producen, trabajan, comercian, emprenden e innovan.

Necesitamos más empresas.

Más empleos.

Más productividad.

Más formalización.

Más inversión.

Más ciudadanos contribuyendo.

Y, al mismo tiempo, un Estado que administre mejor cada peso que recibe.

El verdadero éxito de un municipio no debería medirse únicamente por cuántos recursos recibe de la Nación ni por cuántos programas inaugura. Debería medirse por su capacidad para generar oportunidades y hacer que cada vez más personas puedan sostenerse mediante su propio trabajo.

Porque gobernar no consiste en prometer que podemos tenerlo todo.

Gobernar consiste en decir cuánto cuesta, quién lo paga, cómo se ejecutará y qué resultados producirá.

El Estado no es la lámpara de Aladino. No puede aparecer cada vez que existe un problema y concedernos tres deseos.

Alguien tiene que producir.

Alguien tiene que invertir.

Alguien tiene que trabajar.

Alguien tiene que pagar impuestos.

Y alguien tiene que administrar correctamente ese dinero.

Por eso, quizás la pregunta que Colombia debería hacerse no es simplemente "¿qué nuevo programa social necesitamos?", sino una mucho más incómoda:

¿qué debemos hacer para que cada vez menos personas necesiten un programa social y cada vez más personas tengan un empleo, un negocio, una empresa, un ingreso y la capacidad de construir su propio futuro?

La respuesta no está exclusivamente en el Estado.

Está también en la economía que somos capaces de construir.