No todo necesita una política pública

Hay una costumbre profundamente arraigada en la administración pública colombiana que deberíamos empezar a cuestionar: cuando aparece un problema social, la primera reacción suele ser crear una política pública. Si hay jóvenes sin oportunidades, una política pública. Si hay mujeres desempleadas, una política pública. Si existen vendedores informales, una política pública. Si aumenta la pobreza, otra política pública. Si determinado grupo poblacional enfrenta una dificultad, se propone una política pública específica. Y si ya existe una política pública que no funciona, la respuesta muchas veces termina siendo crear otra política pública para corregir la anterior.

En algún momento deberíamos detenernos y formular una pregunta mucho más incómoda: ¿realmente todos los problemas de una sociedad necesitan una política pública?

La pregunta parece sencilla, pero tiene implicaciones enormes porque detrás de cada política pública existe una estructura institucional, una decisión presupuestal, funcionarios, contratistas, indicadores, diagnósticos, consultorías, sistemas de seguimiento, mesas técnicas, documentos, programas, proyectos y, sobre todo, recursos públicos. Una política pública no aparece gratuitamente. Se financia con dinero que alguien produjo y que el Estado recaudó mediante impuestos, deuda, regalías, tasas u otras fuentes de ingresos.

Por eso me parece insuficiente analizar las políticas públicas únicamente desde la perspectiva de las buenas intenciones. En administración pública, tener una intención socialmente deseable no significa haber diseñado una intervención eficiente. Y mucho menos significa haber resuelto el problema.

Una política puede tener un documento impecable, una matriz de marco lógico perfectamente elaborada, cientos de indicadores, una oficina responsable, un presupuesto asignado y decenas de profesionales trabajando en ella y, sin embargo, producir resultados marginales sobre la vida de las personas que supuestamente debía beneficiar.

Ahí aparece una de las grandes contradicciones del Estado colombiano: podemos terminar construyendo una formidable capacidad administrativa alrededor de un problema sin construir una solución efectiva para ese problema.

Esta no es una crítica contra los funcionarios públicos. Tampoco significa que la burocracia sea intrínsecamente mala. Max Weber entendió hace más de un siglo que la administración burocrática era fundamental para construir un Estado moderno, racional y previsible. El problema aparece cuando el instrumento termina convirtiéndose en el objetivo. Cuando la existencia de una oficina, un programa, un contrato o una política comienza a confundirse con la solución del problema que justificó su creación.

Porque contratar personas para atender la pobreza no es lo mismo que reducir la pobreza. Crear una oficina para promover el empleo no es lo mismo que crear empleo. Entregar capacitaciones no significa necesariamente aumentar los ingresos de quienes las reciben. Crear emprendimientos subsidiados no equivale automáticamente a crear empresas sostenibles. Ejecutar el presupuesto no significa haber generado valor público.

Esta diferencia debería ser elemental, pero en la práctica se pierde con demasiada facilidad.

Imaginemos a una persona que vive en condiciones de vulnerabilidad. El Estado puede crearle un programa, entregarle una transferencia, ofrecerle una capacitación, incluirla en una base de beneficiarios y contratar profesionales para acompañarla. Todo eso puede tener sentido en determinadas circunstancias. Pero existe una pregunta que debería aparecer desde el comienzo: ¿qué ocurrirá cuando termine el programa?

Si la respuesta es que tendrá que ingresar a otro programa, después a otro y posteriormente a otra transferencia, entonces probablemente no estamos construyendo autonomía económica. Estamos administrando la vulnerabilidad.

Y administrar la vulnerabilidad puede ser necesario durante una emergencia, pero no debería convertirse en el modelo permanente de desarrollo de un país.

Los datos recientes de Colombia muestran por qué esta discusión es urgente. El DANE reportó que en 2025 la pobreza monetaria descendió al 28,0%, frente al 31,8% de 2024, mientras la pobreza monetaria extrema pasó del 11,7% al 9,6%. Es una mejora importante y sería absurdo desconocerla. También cayó el coeficiente de Gini de 0,551 a 0,531.

Pero simultáneamente Colombia continúa enfrentando un problema estructural mucho más profundo: la informalidad laboral. En el trimestre móvil mayo-julio de 2026, el 54,6% de las personas ocupadas eran informales; en los centros poblados y rural disperso la proporción llegó al 83,2%.

Ese dato debería cambiar buena parte de la conversación nacional.

Porque detrás de cada porcentaje hay millones de personas que trabajan, producen, venden, transportan, cocinan, construyen, reparan, comercializan y prestan servicios, pero que no necesariamente tienen un empleo formal con protección social. No estamos hablando de personas que no quieren trabajar. Estamos hablando, en muchos casos, de personas que trabajan dentro de una economía que no consigue incorporarlas plenamente a la formalidad.

Y aquí aparece una diferencia fundamental: combatir la pobreza mediante transferencias no es exactamente lo mismo que combatir las causas económicas que producen pobreza.

Una transferencia puede ser indispensable para una familia que atraviesa una situación de vulnerabilidad. Pero una transferencia no crea por sí misma una empresa, no aumenta la productividad de una economía, no construye un mercado, no reduce el costo de contratar trabajadores, no elimina las barreras para emprender y no convierte automáticamente a un trabajador informal en trabajador formal.

Por eso creo que Colombia necesita recuperar una palabra que a veces parece políticamente incómoda: empleo.

No simplemente empleabilidad. No solamente capacitación. No solamente emprendimiento. Empleo.

Porque una persona que tiene un trabajo productivo obtiene algo que ninguna política asistencial puede sustituir completamente: un ingreso generado por su propio esfuerzo dentro de una relación económica que crea valor.

Y esto tampoco significa afirmar que quien es pobre simplemente debe "trabajar más". Esa sería una simplificación injusta y económicamente pobre. Una persona puede trabajar doce horas diarias y continuar siendo pobre si trabaja en una actividad de baja productividad, si enfrenta barreras para acceder al crédito, si paga demasiados costos regulatorios, si no tiene infraestructura adecuada, si su mercado es pequeño o si la informalidad le impide crecer.

Por eso el debate no debe ser trabajo contra subsidios. Debe ser cómo construir una economía donde trabajar, producir, invertir y formalizarse resulte progresivamente más rentable y sostenible que permanecer en la informalidad.

Aquí el Estado sí tiene una responsabilidad enorme.

Pero su responsabilidad no necesariamente consiste en convertirse en el empleador de última instancia de toda la sociedad.

Puede consistir en construir las condiciones para que los demás puedan producir.

Un empresario que vende más puede contratar. Un comerciante que aumenta sus ventas puede formalizar a un trabajador. Una pequeña empresa que logra crecer puede pasar de cinco empleados a diez. Diez trabajadores adicionales significan diez hogares con ingresos laborales. Esos ingresos se convierten en consumo. Ese consumo genera ventas para otras empresas. Las empresas producen más. Contratan más. Pagan impuestos. El Estado recauda. Y con ese recaudo puede financiar educación, salud, infraestructura, seguridad y asistencia para quienes realmente la necesitan.

Ese es un círculo virtuoso que pocas veces aparece en el debate político con la fuerza que merece.

En cambio, existe un círculo contrario: economía débil, empresas pequeñas, informalidad elevada, baja productividad, pocos contribuyentes, presión sobre los que ya pagan impuestos, mayor necesidad de transferencias, mayor gasto público, más presión fiscal y, finalmente, mayores dificultades para que las empresas crezcan.

No se puede financiar indefinidamente un Estado cada vez más grande sobre una economía que no crece al mismo ritmo.

La propia OCDE ofrece un dato revelador. En 2024, la relación entre recaudo tributario y PIB de Colombia fue de 19,9%, frente a un promedio de 34,1% en los países de la OCDE. Colombia ocupó el puesto 37 entre 38 países miembros. Además, su relación tributaria cayó 2,2 puntos porcentuales frente a 2023.

Esto no significa que Colombia simplemente deba subir impuestos hasta alcanzar el promedio de la OCDE. Esa sería otra conclusión simplista. Significa que existe una tensión evidente entre las expectativas que tenemos sobre lo que debe hacer el Estado y la capacidad estructural de nuestra economía para financiarlo.

Y aquí aparece una paradoja que deberíamos discutir mucho más: queremos un Estado capaz de solucionar prácticamente todos los problemas sociales, pero al mismo tiempo tenemos una economía donde más de la mitad de los ocupados están en la informalidad.

¿De dónde saldrá el dinero para financiar ese Estado?

El dinero público no aparece por generación espontánea. Antes de convertirse en presupuesto público tuvo que existir como actividad económica privada o pública, producción, consumo, inversión, rentas o explotación de recursos. Alguien tuvo que producirlo.

Esta verdad parece elemental, pero frecuentemente desaparece de las discusiones sobre política pública.

Cuando se anuncia un nuevo programa social, pocas veces se explica con la misma intensidad quién lo financiará dentro de diez, veinte o treinta años. Cuando se propone una nueva política, se habla de beneficiarios, cobertura e indicadores, pero mucho menos de sostenibilidad fiscal. Cuando se habla de derechos sociales, muchas veces se olvida que los derechos que requieren recursos necesitan una estructura económica capaz de producir esos recursos.

No existe política social gratuita.

Y esto no constituye una defensa del abandono estatal. Al contrario: constituye una defensa de un Estado que pueda concentrar sus recursos en aquello que realmente debe hacer.

Amartya Sen ha insistido durante décadas en que el desarrollo no puede reducirse al ingreso monetario y que las capacidades reales de las personas son fundamentales para evaluar el bienestar. Su perspectiva resulta especialmente útil aquí: el objetivo no debería ser simplemente entregar recursos a las personas, sino ampliar sus capacidades efectivas para elegir y construir sus propias vidas.

Eso cambia completamente la pregunta.

En lugar de preguntarnos únicamente cuánto dinero debemos transferir, deberíamos preguntarnos qué impide que una persona genere ingresos suficientes por sí misma.

En lugar de preguntarnos solamente cuántos beneficiarios tiene un programa, deberíamos preguntarnos cuántos beneficiarios dejaron de necesitarlo.

En lugar de celebrar únicamente el número de personas capacitadas, deberíamos medir cuántas consiguieron empleo, cuánto aumentaron sus ingresos y cuántas empresas lograron sobrevivir y crecer.

La política pública debería tener una obsesión mucho mayor por los resultados que por las actividades.

Colombia, de hecho, ya posee institucionalidad dedicada a evaluar políticas públicas. El Departamento Nacional de Planeación cuenta con Sinergia, un sistema que realiza seguimiento y evaluación de políticas y programas gubernamentales, y su repositorio registra cientos de evaluaciones institucionales, operativas, de resultados e impacto.

Por eso no estoy convencido de que la respuesta automática a los problemas de las políticas públicas sea simplemente crear otro observatorio.

Un observatorio puede ser útil. La evidencia siempre es necesaria. La evaluación rigurosa es indispensable. Pero también debemos preguntarnos si el problema es realmente la ausencia de información o si el problema es que, aun teniendo información, seguimos diseñando intervenciones equivocadas.

Porque podemos crear el mejor observatorio del mundo y continuar cometiendo el mismo error si diagnosticamos mal el problema.

Una política pública puede fracasar antes de comenzar cuando la formulación del problema es incorrecta.

Si identificamos el desempleo como una falta de cursos de capacitación, probablemente construiremos cursos.

Si lo identificamos como falta de oportunidades empresariales, construiremos programas de emprendimiento.

Si lo identificamos como falta de ingresos, construiremos transferencias.

Pero quizá el problema real sea otro: empresas que no crecen, barreras regulatorias, costos laborales elevados, falta de infraestructura, baja productividad, escaso acceso a financiación, inseguridad, mercados insuficientes, mala educación o una combinación de todos ellos.

Entonces la política fracasa no porque el funcionario que la ejecutó haya sido incompetente, sino porque la intervención intentó resolver un problema distinto del que realmente existía.

Es como llevar un paraguas a alguien que necesita una ambulancia.

Y aquí llegamos a uno de los mayores riesgos de la política pública: la institucionalización del diagnóstico equivocado.

Cuando un problema entra en el lenguaje institucional, comienza a adquirir categorías, indicadores y poblaciones objetivo. Después aparecen mesas técnicas. Luego diagnósticos. Posteriormente consultorías. Finalmente se construye una intervención alrededor de aquella definición.

Y una vez que existe toda esa estructura, cuestionar el diagnóstico puede resultar políticamente mucho más difícil que continuar ejecutando el programa.

Por eso una mala política pública puede convertirse en una especie de máquina de justificar su propia existencia.

No porque todos sus integrantes tengan malas intenciones, sino porque las instituciones desarrollan intereses, presupuestos, procedimientos y rutinas.

El economista Milton Friedman planteó una preocupación similar desde una perspectiva liberal cuando defendió que los programas de asistencia debían diseñarse teniendo en cuenta los incentivos al trabajo. Su propuesta del impuesto negativo sobre la renta buscaba ayudar a las personas pobres sin construir un sistema en el que obtener ingresos laborales pudiera resultar menos atractivo.

La idea sigue siendo provocadora: una política social que ayuda a sobrevivir pero castiga indirectamente el esfuerzo por progresar puede terminar atrapando a la persona que pretendía ayudar.

Esto no significa que todas las transferencias produzcan dependencia. Sería falso afirmarlo. Tampoco significa que una persona que recibe una ayuda social sea dependiente. Hay familias que necesitan apoyo estatal y lo necesitan legítimamente.

La pregunta correcta es otra: ¿el diseño del sistema facilita la salida de la vulnerabilidad o convierte la permanencia en el programa en una opción económicamente racional?

Esta pregunta es particularmente importante en Colombia porque la informalidad hace que muchas personas tengan que comparar los costos y beneficios de formalizarse.

Si formalizar un pequeño negocio significa enfrentar impuestos, trámites, costos laborales, contabilidad, permisos, obligaciones administrativas y riesgos adicionales, mientras permanecer informal permite operar con mayor flexibilidad, no deberíamos sorprendernos de que la informalidad persista.

El Estado no puede combatir la informalidad únicamente persiguiéndola.

También tiene que hacer que la formalidad sea atractiva.

La OCDE ha advertido precisamente sobre este problema. En su análisis de Colombia ha señalado que los ingresos tributarios siguen siendo bajos frente a las demandas sociales y de inversión, que existen distorsiones que afectan los incentivos a la inversión y que las debilidades de la recaudación generan pérdidas importantes por evasión y otros problemas del sistema. También ha recomendado mejorar la focalización del gasto social, reducir ineficiencias y fortalecer la administración tributaria.

Esto debería conducirnos a una conclusión diferente de la habitual.

La discusión tributaria no debería reducirse a cuánto más podemos cobrar.

También deberíamos preguntarnos a cuántas personas y empresas podemos incorporar legalmente a la economía productiva.

Ampliar la base gravable no significa simplemente cobrarle más a los mismos contribuyentes. Significa lograr que haya más personas generando ingresos formales, más empresas vendiendo, más trabajadores cotizando y más actividades económicas registradas.

Una economía donde cien empresas pagan impuestos puede recaudar menos que una economía donde mil empresas pagan una cantidad razonable.

Una economía donde diez personas pagan mucho puede ser fiscalmente más frágil que una donde cien personas pagan poco.

Por eso la generación de riqueza no debería ser presentada como el enemigo de la política social. Es precisamente una de sus condiciones materiales.

La riqueza no garantiza por sí sola justicia social. El mercado puede producir desigualdades. Las oportunidades iniciales pueden ser profundamente diferentes. Existen fallas de mercado. Hay bienes públicos que el mercado no provee adecuadamente. Existen externalidades. Hay personas que por discapacidad, edad, enfermedad, violencia, desplazamiento u otras circunstancias requieren protección especial.

Pero reconocer esas realidades no obliga a concluir que el Estado debe intentar solucionar absolutamente todo.

Elinor Ostrom demostró, desde una tradición intelectual distinta tanto del estatismo como del laissez-faire absoluto, que existen problemas que pueden ser gestionados mediante arreglos institucionales comunitarios y policéntricos. La sociedad no está dividida únicamente entre Estado y mercado. Entre ambos existe una enorme capacidad de organización social.

Esta perspectiva es particularmente relevante para Colombia.

Hay problemas que debe resolver el Estado.

Hay problemas que debe resolver el mercado.

Hay problemas que pueden resolver las comunidades.

Hay problemas que corresponden a las familias.

Hay problemas que requieren cooperación entre empresas, ciudadanía y gobierno.

Y hay problemas que quizá ni siquiera necesitan un programa.

A veces una persona necesita información.

A veces necesita una oportunidad laboral.

A veces necesita conectarse con una empresa.

A veces necesita aprender una habilidad concreta.

A veces necesita resolver un trámite.

A veces necesita que una autoridad haga cumplir una norma.

A veces necesita crédito.

A veces necesita infraestructura.

Y sí, algunas veces necesita una transferencia.

Pero no deberíamos convertir todas esas necesidades en políticas públicas permanentes.

Pensemos en algo tan cotidiano como un vendedor ambulante.

Podemos crear una política de economía informal con diagnóstico, caracterización, mesas de participación, talleres, capacitación, subsidios, acompañamiento psicosocial, emprendimiento, ferias, seguimiento e indicadores.

Pero después de todo eso podemos encontrar al mismo vendedor exactamente en el mismo lugar cinco años después.

Quizá el problema no era que necesitara otra capacitación.

Quizá necesitaba un lugar donde vender.

Quizá necesitaba seguridad.

Quizá necesitaba acceso a crédito.

Quizá necesitaba reducir sus costos de formalización.

Quizá necesitaba un mercado con mayor demanda.

Quizá necesitaba que el municipio ordenara el espacio público y ofreciera alternativas comerciales reales.

La diferencia parece semántica, pero es gigantesca: no debemos confundir la actividad del Estado con la solución del problema.

Un curso realizado no es necesariamente un problema solucionado.

Una persona contratada no es necesariamente un beneficiario atendido.

Un presupuesto ejecutado no es necesariamente valor público creado.

Un indicador cumplido no es necesariamente una vida transformada.

Y esta última frase debería estar escrita en las paredes de todas las oficinas de planeación del país.

Porque existe otra distorsión peligrosa: diseñar el indicador de tal manera que sea relativamente fácil demostrar éxito.

Si el objetivo es capacitar a 10.000 personas, se capacitan 10.000 personas.

Pero ¿qué ocurrió después?

¿Cuántas consiguieron empleo?

¿Cuántas aumentaron sus ingresos?

¿Cuántas crearon empresas?

¿Cuántas empresas sobrevivieron?

¿Cuántas dejaron de recibir asistencia?

¿Cuál fue el costo por persona que realmente mejoró su condición económica?

Esas son preguntas mucho más incómodas.

Y precisamente por eso son más importantes.

Colombia necesita pasar de una cultura de ejecución presupuestal a una cultura de resultados.

No basta con gastar bien. Hay que preguntarse si era necesario gastar.

No basta con ejecutar. Hay que preguntarse qué cambió.

No basta con cumplir una meta administrativa. Hay que demostrar impacto.

Y sobre todo, hay que tener el valor institucional de cerrar programas que no funcionan.

Esto último es fundamental. Una política pública debería poder morir.

Si después de cinco, diez o quince años un programa no demuestra resultados suficientes, debería existir un mecanismo para reformarlo profundamente, fusionarlo o eliminarlo. No debería mantenerse únicamente porque detrás existe una estructura burocrática, intereses institucionales o la percepción de que eliminarlo equivale políticamente a abandonar a la población beneficiaria.

Un Estado inteligente no es aquel que tiene más programas.

Es aquel que sabe cuáles programas funcionan.

Y también cuáles no.

Aquí aparece una idea que considero todavía más importante: el tamaño del Estado debería medirse menos por la cantidad de instituciones que posee y más por la cantidad de problemas que consigue resolver sin tener que intervenir nuevamente sobre ellos.

Un Estado exitoso no debería sentirse orgulloso de que cada año necesita ampliar el número de beneficiarios de un programa contra la pobreza.

Debería preguntarse por qué esas personas continúan siendo pobres.

No deberíamos celebrar eternamente que una familia recibe una transferencia.

Deberíamos celebrar cuando esa familia consigue un ingreso estable que le permite vivir sin depender de ella.

No deberíamos celebrar solamente que un joven terminó un curso.

Deberíamos celebrar que consiguió un trabajo productivo.

No deberíamos celebrar solamente que una mujer recibió capital semilla.

Deberíamos celebrar que creó una empresa que sobrevivió, creció y contrató trabajadores.

No deberíamos medir el éxito por cuántas personas pasaron por una política.

Deberíamos medirlo por cuánto cambió su vida.

Esta discusión también exige abandonar una falsa dicotomía.

No se trata de escoger entre Estado y mercado como si uno tuviera que desaparecer para que el otro funcione.

Se trata de establecer qué debe hacer cada uno.

El Estado tiene que garantizar reglas de juego, justicia, seguridad, infraestructura, educación básica, salud pública, protección de derechos, regulación cuando sea necesaria y atención a quienes realmente no pueden valerse por sí mismos.

El sector privado tiene que producir, invertir, innovar, contratar, asumir riesgos y generar riqueza.

La sociedad civil tiene que organizarse y participar.

Y el ciudadano debe conservar algo que ninguna política pública debería quitarle: la responsabilidad sobre su propio proyecto de vida.

La función del Estado no debería ser decirle a cada ciudadano cómo vivir.

Debería ser crear condiciones para que tenga más posibilidades de decidir cómo quiere hacerlo.

Esta concepción no es simplemente liberal. Incluso desde posiciones socialdemócratas existe una preocupación creciente por la calidad del empleo, la productividad y la movilidad social. La diferencia ideológica está muchas veces en el tamaño de la intervención y en la forma de distribuir sus beneficios, pero existe un punto común: una sociedad no puede construir prosperidad sostenible exclusivamente mediante transferencias.

La pobreza necesita protección.

Pero también necesita crecimiento.

La desigualdad necesita políticas redistributivas.

Pero también necesita movilidad social.

La informalidad necesita regulación.

Pero también necesita empresas capaces de contratar.

La vulnerabilidad necesita asistencia.

Pero también necesita oportunidades.

Y los impuestos necesitan ser suficientes para financiar al Estado, pero también deben diseñarse de manera que no destruyan la actividad económica que genera la propia base tributaria.

Aquí está probablemente la discusión más importante que Colombia debería tener en los próximos años.

No solamente cuánto Estado queremos.

Sino qué Estado podemos financiar y qué Estado realmente necesitamos.

Porque si cada problema termina convertido en una política pública, cada política exige presupuesto. Si cada política exige presupuesto, necesitamos más recaudo. Si queremos más recaudo, necesitamos más actividad económica formal. Y si esa actividad económica enfrenta demasiadas barreras, podemos terminar intentando financiar un Estado cada vez más grande con una economía demasiado pequeña para sostenerlo.

La OCDE muestra precisamente la magnitud del desafío: Colombia pasó de una relación impuestos/PIB de 15,7% en 2000 a 19,9% en 2024, pero sigue muy por debajo del promedio de la OCDE de 34,1%.

La solución, sin embargo, no puede ser simplemente aumentar indiscriminadamente la carga sobre quienes ya están dentro del sistema.

Necesitamos más contribuyentes.

Más empresas.

Más trabajadores formales.

Más productividad.

Más inversión.

Más ventas.

Más comercio.

Más innovación.

Más crecimiento.

Y aquí llegamos a una conclusión que puede incomodar tanto a la izquierda como a la derecha.

La izquierda debería reconocer que sin empresas rentables, inversión y crecimiento económico no existe una fuente sostenible de recursos para financiar derechos sociales.

La derecha debería reconocer que crecimiento económico sin instituciones capaces de corregir fallas de mercado, garantizar oportunidades básicas y proteger a quienes realmente están en condiciones de vulnerabilidad tampoco constituye por sí solo una sociedad justa.

El verdadero desafío está en construir un Estado que no pretenda sustituir aquello que la sociedad puede hacer mejor, pero que tampoco abandone aquello que únicamente el Estado puede garantizar.

Por eso no creo que la pregunta central sea si Colombia necesita más políticas públicas.

Creo que la pregunta correcta es mucho más incómoda:

¿Para qué necesitamos una política pública?

Antes de crearla deberíamos preguntarnos si el problema es realmente público. Si existe una falla de mercado o institucional. Si puede resolverse mediante regulación. Si basta con mejorar un servicio existente. Si necesita una transferencia temporal. Si requiere infraestructura. Si se resuelve mediante empleo. Si puede solucionarse mediante cooperación comunitaria. Si una empresa puede prestar mejor el servicio bajo reglas adecuadas. Si el ciudadano necesita simplemente información. Y, sobre todo, cuánto tiempo debe existir la intervención.

Porque hay una idea que deberíamos recuperar: el Estado no tiene que estar presente en cada aspecto de la vida de los ciudadanos para ser un buen Estado.

A veces el mejor resultado de una política pública es que deje de ser necesaria.

Un buen programa de empleo debería aspirar a que las personas consigan empleo.

Un buen programa de emprendimiento debería aspirar a que las empresas sobrevivan sin subsidios permanentes.

Un buen programa contra la pobreza debería aspirar a que las familias aumenten suficientemente sus ingresos.

Una buena política social debería aspirar a que una persona pueda vivir dignamente sin necesitar eternamente la política social.

Ese debería ser el verdadero concepto de emancipación económica.

Y quizá por eso aquella conversación universitaria sobre la necesidad de crear un observatorio para descubrir por qué fracasan las políticas públicas me parece que plantea una pregunta correcta, pero posiblemente en el orden equivocado.

Antes de observar por qué fracasa una política, deberíamos preguntarnos por qué decidimos crearla.

Antes de evaluar cuánto gastó, deberíamos preguntarnos qué problema pretendía solucionar.

Antes de medir cuántos beneficiarios tuvo, deberíamos preguntarnos cuántas personas dejaron de necesitarla.

Antes de pedir más presupuesto, deberíamos demostrar resultados.

Y antes de ampliar el Estado para solucionar la pobreza, deberíamos preguntarnos cómo hacemos para que haya menos pobreza que administrar.

Porque tal vez el gran fracaso de la política pública colombiana no sea que el Estado haga demasiado poco.

Tal vez, en algunos casos, sea que hemos aprendido a construir instituciones alrededor de los problemas mucho más rápido de lo que hemos aprendido a resolverlos.

Y esa diferencia puede costarnos muchísimo.

Porque un país puede acostumbrarse a administrar la pobreza, administrar la informalidad, administrar el desempleo, administrar la vulnerabilidad y administrar la desigualdad.

Pero administrar un problema durante décadas no significa haberlo solucionado.

Colombia no necesita necesariamente una política pública para cada necesidad.

Necesita mejores diagnósticos, mejores instituciones, mejores mercados, mejores empleos, mejores empresas, mejores servicios públicos, mejores reglas, mejor evaluación y, cuando realmente sea necesario, políticas públicas capaces de producir resultados.

El objetivo final no debería ser construir un Estado que necesite cada vez más recursos para atender cada vez más problemas.

Debería ser construir una sociedad donde cada vez haya menos personas que necesiten que el Estado les resuelva la vida.

Porque el verdadero éxito de una política pública no debería medirse por el tamaño del presupuesto que logra ejecutar.

Debería medirse por la cantidad de libertad económica, oportunidades y autonomía que consigue devolverle a la persona que la necesitó.