QUE NO SE NOS OLVIDE: CUATRO AÑOS DE ESCÁNDALOS Y CUESTIONAMIENTOS EN EL GOBIERNO PETRO

La memoria política de un país no puede funcionar según la conveniencia de sus gobernantes ni de las simpatías ideológicas de sus ciudadanos. No podemos recordar con indignación los escándalos de un gobierno y olvidar los del siguiente; tampoco podemos exigir transparencia cuando gobierna alguien que no nos representa y justificar las irregularidades cuando las comete alguien con quien compartimos una bandera política. La corrupción no tiene partido, no tiene color y, sobre todo, no debería tener defensores incondicionales.

Gustavo Petro llegó a la Presidencia en agosto de 2022 con una promesa que despertó enormes expectativas: cambiar la manera de hacer política, combatir la corrupción, transformar las instituciones y poner el Estado al servicio de la gente. Su discurso se construyó sobre la denuncia de las prácticas tradicionales de la política colombiana. Durante años, Petro señaló a las élites, cuestionó las redes clientelistas y presentó su proyecto como una alternativa frente a los vicios del establecimiento. Sin embargo, después de cuatro años de gobierno, la pregunta resulta inevitable: ¿qué ocurrió cuando quienes denunciaban esas prácticas llegaron al poder?

La respuesta no puede reducirse a una consigna ni a una condena generalizada. Hay que mirar los hechos, distinguir las investigaciones de las condenas y recordar los episodios que marcaron esta administración. Porque una cosa es tener una investigación abierta, otra enfrentar una imputación y otra muy distinta tener una sentencia condenatoria. La presunción de inocencia debe respetarse siempre, pero tampoco puede convertirse en una excusa para silenciar preguntas legítimas o impedir que las instituciones investiguen.

Uno de los episodios más graves fue el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lo que debía ser una entidad destinada a atender emergencias y responder a las necesidades de comunidades vulnerables terminó en el centro de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos públicos y carrotanques destinados a La Guajira. Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla abrieron una investigación que alcanzó a figuras de alto nivel político y administrativo, entre ellas los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, así como los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. La Fiscalía investigó un supuesto esquema mediante el cual recursos y contratos públicos habrían sido utilizados para conseguir apoyos políticos en el Congreso. Las situaciones procesales de cada involucrado son distintas y deben respetarse; por ejemplo, las decisiones de libertad provisional por vencimiento de términos no equivalen a una absolución. Pero el escándalo dejó una pregunta que el país no puede ignorar: ¿cómo terminó una entidad creada para atender a los más vulnerables convertida en escenario de semejantes cuestionamientos?

Pensemos por un momento en una familia de La Guajira que debe esperar días para conseguir agua potable. Para esa familia, un carrotanque no es una cifra en un expediente ni una noticia pasajera: puede representar la diferencia entre tener agua para cocinar, bañarse y vivir dignamente o seguir dependiendo de soluciones precarias. Cuando los recursos destinados a resolver necesidades básicas quedan bajo sospecha de corrupción, no estamos hablando solamente de un problema administrativo. Estamos hablando de derechos, de dignidad y de ciudadanos que terminan pagando las consecuencias de decisiones tomadas desde oficinas a cientos de kilómetros de sus hogares.

También quedó bajo cuestionamiento la financiación de la campaña presidencial de 2022. El Consejo Nacional Electoral adelantó una actuación administrativa por presuntas irregularidades en los reportes de ingresos y gastos y por la posible superación de los topes electorales. Las investigaciones y actuaciones posteriores también alcanzaron a Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña y posteriormente presidente de Ecopetrol. Es importante no confundir una decisión administrativa sobre la campaña con una condena penal contra el presidente: son responsabilidades y procedimientos diferentes. Sin embargo, el asunto tiene una enorme relevancia política. Quien llega al poder prometiendo transparencia debe estar dispuesto a explicar con claridad cómo se financió su llegada al poder.

Otro caso que ocupó la atención nacional fue el de Nicolás Petro, hijo del presidente. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, junto con las declaraciones de Day Vásquez sobre supuestos dineros irregulares que habrían llegado durante la campaña, abrió un debate sobre el origen de determinados recursos y el crecimiento patrimonial del investigado. Aquí también hay que ser precisos: la responsabilidad penal es individual y el parentesco no convierte automáticamente a una persona en culpable. Pero tampoco sería razonable pretender que un asunto de esta naturaleza carece de importancia pública cuando involucra al hijo del jefe de Estado y hechos relacionados con el entorno de una campaña presidencial.

La controversia alrededor de Laura Sarabia y Marelbys Meza también dejó interrogantes sobre el uso del poder estatal. El episodio comenzó con la pérdida de un dinero en una residencia vinculada a Sarabia y terminó involucrando cuestionamientos por la práctica de una prueba de polígrafo y por interceptaciones telefónicas ilegales. Las actuaciones judiciales y disciplinarias han tenido desarrollos diferentes: no todo lo ocurrido corresponde a una misma conducta ni puede atribuirse automáticamente a una sola persona. Pero el caso puso sobre la mesa una preocupación fundamental: ¿qué garantías tiene un ciudadano cuando una situación privada termina involucrando mecanismos de inteligencia, organismos de seguridad y funcionarios del Estado?

A estos episodios se sumaron los cuestionamientos relacionados con los archivos y conversaciones atribuidos a alias Calarcá, jefe de una estructura armada ilegal. La información conocida públicamente generó interrogantes sobre presuntos contactos con funcionarios y sobre la posible filtración de información reservada. Entre los nombres mencionados estuvieron el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de inteligencia Wilmar Mejía, quienes enfrentaron medidas disciplinarias provisionales. Estas actuaciones no equivalen a una declaración de responsabilidad penal, pero sí muestran la importancia de esclarecer cualquier posible relación irregular entre funcionarios públicos y organizaciones armadas ilegales.

Y la lista de controversias no termina ahí. Durante el gobierno Petro también hubo cuestionamientos por la gestión del Ministerio del Deporte y la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 que había sido otorgada a Barranquilla; dificultades y retrasos en procesos relacionados con la expedición de pasaportes; controversias sobre nombramientos diplomáticos y cargos públicos; cuestionamientos a contratos y decisiones de RTVC; y debates sobre la gestión de la política de paz y la relación del Gobierno con distintos grupos armados. No todos estos episodios constituyen delitos ni deben presentarse como si fueran condenas por corrupción. Algunos corresponden a problemas de gestión, decisiones administrativas, controversias políticas o investigaciones todavía en curso. Pero todos hacen parte del balance que un gobierno debe estar dispuesto a rendir ante la ciudadanía.

La prensa colombiana llegó a recopilar más de una veintena de escándalos y controversias durante la administración. La cantidad, por sí sola, no demuestra que cada episodio sea un acto criminal ni permite establecer una responsabilidad uniforme del presidente. Sin embargo, sí evidencia que la promesa de transformar la política estuvo acompañada de una sucesión de crisis que exigían explicaciones, controles y rendición de cuentas.

La pregunta de fondo no es si todos los integrantes del gobierno fueron corruptos, porque sería una generalización injusta y carente de rigor. La pregunta es por qué un proyecto que hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas terminó enfrentando tantos cuestionamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos, la contratación, los nombramientos y el ejercicio del poder. La contradicción entre el discurso y los hechos merece ser examinada sin fanatismos.

En Colombia, además, la corrupción no empezó en 2022 ni desaparecerá porque cambie el partido que ocupa la Casa de Nariño. Es un problema estructural que atraviesa administraciones, instituciones y territorios. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a Colombia en 37 puntos sobre 100 en su medición de 2025, con el puesto 99 entre 182 países. Este indicador mide percepciones sobre la corrupción en el sector público, no el número de delitos probados ni la responsabilidad exclusiva de un gobierno. Aun así, es una señal preocupante sobre la confianza y la integridad institucional del país.

La desconfianza tampoco nació con Petro. Latinobarómetro ha mostrado niveles muy bajos de confianza de los colombianos en instituciones fundamentales: partidos políticos, Congreso y sistema judicial. Es un deterioro acumulado que no puede explicarse únicamente por una administración. Pero precisamente por eso resulta absurdo que quienes prometieron recuperar la confianza pública terminen tratando los cuestionamientos como ataques personales o conspiraciones políticas.

La corrupción tiene una característica especialmente peligrosa: se adapta al lenguaje de quien gobierna. Antes podía justificarse en nombre de la gobernabilidad, de las alianzas políticas o de la maquinaria electoral. Durante el gobierno Petro, algunos de sus defensores recurrieron a argumentos como la persecución política, el sabotaje institucional o la resistencia de las élites. En ambos casos, el resultado es el mismo cuando se utiliza para evitar explicaciones: se protege al funcionario y se abandona al ciudadano.

La reflexión de Robert Klitgaard sobre la corrupción ayuda a comprender por qué este problema no se resuelve simplemente cambiando de partido. Su conocida fórmula relaciona el riesgo de corrupción con el monopolio del poder y la discrecionalidad, y lo contrapone a la rendición de cuentas. En otras palabras, cuando alguien concentra capacidad de decisión, administra recursos y no encuentra controles efectivos, aumentan las oportunidades para abusar del cargo. No importa si ese funcionario se presenta como liberal, conservador, progresista o revolucionario. El poder sin vigilancia siempre representa un riesgo.

James Madison, uno de los autores de los principios constitucionales estadounidenses, defendió la necesidad de establecer controles institucionales porque quienes ejercen el poder no están libres de ambición ni de intereses particulares. Esa idea conserva plena vigencia: las instituciones no pueden depender de la bondad de los gobernantes. Necesitan contrapesos, organismos de control, justicia independiente, prensa libre y ciudadanos capaces de cuestionar a quienes eligieron.

La historia internacional también ofrece ejemplos. El caso Watergate, durante la presidencia republicana de Richard Nixon en Estados Unidos, demostró que un gobierno puede enfrentar una crisis institucional cuando el poder intenta protegerse mediante actuaciones ilegales. En Brasil, la operación Lava Jato expuso redes de corrupción de gran alcance, aunque también generó controversias posteriores sobre garantías procesales y actuaciones judiciales. Ningún país está vacunado contra el abuso del poder y ninguna ideología tiene el monopolio de la honestidad.

Lo verdaderamente preocupante es la indignación selectiva. Hay ciudadanos que se saben de memoria los escándalos de los gobiernos anteriores, pero parecen sufrir amnesia cuando los cuestionamientos alcanzan a sus propios dirigentes. Otros condenan cualquier actuación del Gobierno sin esperar pruebas ni respetar el debido proceso. Ambas posiciones son equivocadas. La justicia no puede funcionar con el criterio de quién es el investigado, y la ciudadanía no debería convertirse en una hinchada que celebra los errores del adversario mientras justifica los de su equipo.

Y aquí aparece una ironía política difícil de ignorar. El gobierno de Abelardo de la Espriella —o de Abelardo de la Estrella, como podría llamarlo el sarcasmo— parece haber producido, por lo menos en el terreno del lenguaje político, un cambio que no estaba en los planes de nadie: algunos de quienes defendieron al Pacto Histórico ahora pronuncian palabras como oposición, abuso de poder, improvisación, transparencia, institucionalidad, libertad y democracia. Palabras que también pudieron utilizar durante los cuatro años del gobierno Petro, cuando aparecieron los escándalos y las controversias que hoy estamos recordando.

La ironía no significa que el nuevo gobierno haya demostrado ser mejor ni que sus decisiones estén por encima del escrutinio. Su administración apenas comienza y deberá responder por sus propios actos. Lo que sí resulta llamativo es que algunos descubran la importancia de la oposición, los contrapesos y la vigilancia del poder dependiendo de quién ocupe la Presidencia. Esos principios no son propiedad de la izquierda ni de la derecha. Si eran válidos para cuestionar a un gobierno, también deben ser válidos para cuestionar al siguiente.

Porque si mañana aparecen irregularidades en el gobierno de Abelardo de la Espriella, no habrá argumento ideológico que justifique guardar silencio. Y si durante el gobierno Petro hubo hechos que merecían investigación, tampoco era legítimo descalificar a todo el que los denunciara. La coherencia democrática consiste precisamente en sostener los mismos principios cuando gobiernan los propios y cuando gobiernan los adversarios.

Al final, la corrupción no es una discusión abstracta entre políticos. Es el dinero de los impuestos que no llega a los hospitales, los medicamentos que faltan, las escuelas que se deterioran, las vías que nunca se terminan, los acueductos que no funcionan y las oportunidades que se pierden. Es el ciudadano que cumple con sus obligaciones, trabaja, paga impuestos y espera que el Estado haga lo mínimo: administrar honestamente los recursos que pertenecen a todos.

Por eso, recordar los escándalos del gobierno Petro no significa negar los problemas de administraciones anteriores ni concederle un cheque en blanco al nuevo gobierno. Significa reconocer que la memoria también es una herramienta de control democrático. No podemos permitir que los discursos de cambio, las promesas de transformación o las etiquetas ideológicas se conviertan en salvoconductos para evadir responsabilidades.

Que no se nos olvide lo que se prometió. Que no se nos olviden los carrotanques de La Guajira, las investigaciones de la UNGRD, las controversias sobre la financiación de la campaña, los cuestionamientos al entorno presidencial y las demás actuaciones que deben esclarecer las autoridades. Que tampoco se nos olvide que una investigación no es una condena y que la justicia debe actuar con independencia, pruebas y garantías.

No se trata de defender a la derecha para atacar a la izquierda, ni de defender a la izquierda para atacar a la derecha. Se trata de defender algo mucho más importante: que ningún gobernante esté por encima de la ley y que ningún ciudadano renuncie a su capacidad de exigir explicaciones.

Porque los gobiernos pasan, los partidos cambian de nombre y las ideologías se reinventan. Pero los recursos públicos siguen siendo de los ciudadanos. Y la corrupción, venga de donde venga, debe seguir llamándose corrupción.

Nota de rigor: El artículo diferencia entre investigaciones, imputaciones, decisiones administrativas y condenas. Los episodios mencionados no tienen todos el mismo estado judicial ni constituyen, por sí solos, prueba de responsabilidad penal del expresidente o de todos los funcionarios señalados. Las cifras de percepción de corrupción tampoco equivalen a un conteo de delitos probados.