Igualar la pobreza

 

Hay ideas que no se presentan como lo que son, sino como lo que prometen. En la Colombia actual, pocas narrativas han ganado tanta fuerza como aquella que, bajo el discurso de justicia social, equidad y reparación histórica, termina proponiendo —de forma fragmentada pero constante— una reconfiguración profunda de los incentivos económicos. No se trata de una ruptura abrupta, sino de una acumulación progresiva de decisiones que, tomadas de manera aislada, parecen razonables, pero en conjunto alteran el equilibrio entre producción, inversión y distribución. Ese es el punto donde la discusión deja de ser ideológica y se vuelve estructural.

Cuando se analizan las posturas de figuras como Iván Cepeda Castro o incluso del propio Gustavo Petro, no se encuentra una defensa explícita de la abolición del mercado. El problema no está en la retórica formal, sino en la lógica acumulativa de sus propuestas: mayor intervención estatal, presión fiscal creciente sobre sectores productivos, expansión del gasto público y una narrativa constante donde el empresario es sospechoso y el Estado es redentor. En teoría, esto busca corregir desigualdades históricas; en la práctica, puede terminar debilitando las bases que permiten generar riqueza.

La historia económica reciente ofrece suficientes advertencias como para ignorarlas. Venezuela no colapsó de la noche a la mañana; fue el resultado de años de controles, subsidios mal diseñados, desincentivos a la inversión y concentración de poder. Argentina, por su parte, no es un caso de socialismo clásico, pero sí de populismo fiscal persistente: déficit estructural, emisión monetaria y un Estado que gasta más de lo que la economía puede sostener. Cuba representa el extremo de la planificación central, donde la ausencia de mercado ha limitado sistemáticamente la productividad. Los tres casos son distintos, pero comparten un patrón: cuando la política económica castiga la generación de riqueza y premia su redistribución sin base productiva sólida, el resultado no es igualdad en prosperidad, sino igualdad en escasez.

Ahora bien, trasladar ese análisis al contexto colombiano exige precisión. Colombia no es Venezuela, ni Argentina, ni Cuba. Tiene instituciones más resilientes, un sector privado dinámico y una economía más diversificada. Sin embargo, eso no la hace inmune. En un entorno donde el crecimiento económico es moderado, la informalidad supera el 50% en muchas regiones y la presión tributaria recae de forma desproporcionada sobre quienes sí están en la formalidad, cualquier política que aumente la carga sin expandir la base productiva termina erosionando el sistema desde adentro.

Aquí es donde la discusión adquiere un matiz más profundo. No se trata de negar la desigualdad ni de ignorar las deudas sociales del país. Se trata de entender que la redistribución sin crecimiento es insostenible. Economistas como Friedrich Hayek ya advertían que el problema no es la intención de ayudar, sino la arrogancia de creer que se puede reorganizar la economía desde arriba sin distorsionar los incentivos que la hacen funcionar. Cuando el Estado asume un rol cada vez más protagónico sin mejorar su eficiencia, lo que se expande no es la prosperidad, sino la burocracia, el clientelismo y, en muchos casos, la corrupción.

En la vida cotidiana del colombiano promedio, esto no se percibe como teoría económica, sino como realidad tangible. Es el pequeño empresario que enfrenta más impuestos mientras compite con la informalidad. Es el joven profesional que ve limitado su ingreso por cargas fiscales crecientes. Es el inversionista que decide no expandirse ante la incertidumbre regulatoria. Son decisiones individuales que, acumuladas, definen el rumbo de una economía.

Y sin embargo, el discurso político dominante en ciertos sectores sigue apelando a una narrativa emocional: la idea de que el problema es la riqueza en sí misma, no su ausencia o su mala distribución. Esa es quizás la trampa más peligrosa. Porque cuando se instala la lógica de que el objetivo es “igualar”, pero no se define claramente si se está igualando hacia arriba o hacia abajo, el resultado suele inclinarse hacia lo segundo.

No todos los votantes que apoyan estas propuestas lo hacen por ignorancia o resentimiento, como a veces se afirma de forma simplista. Muchos lo hacen porque perciben —con razón— que el sistema actual no les ha funcionado. Pero ahí está el punto crítico: identificar correctamente el problema no garantiza que la solución propuesta sea la adecuada. Y en economía, las buenas intenciones no compensan los malos resultados.

Colombia se encuentra en un momento donde las decisiones no son binarias entre “izquierda” o “derecha”, sino entre modelos que incentivan la creación de riqueza o modelos que la subordinan a objetivos políticos de corto plazo. La evidencia histórica sugiere que cuando se debilitan los motores productivos en nombre de la equidad, lo que se obtiene no es una sociedad más justa, sino una economía más frágil.

El verdadero debate, entonces, no es moral sino técnico: ¿cómo lograr una sociedad más equitativa sin destruir los incentivos que permiten generar riqueza? Ignorar esa pregunta y reemplazarla por consignas ideológicas es el camino más corto hacia el estancamiento. Porque al final, la pobreza no se combate repartiéndola mejor, sino reduciéndola. Y cuando un modelo, por diseño o por consecuencia, termina haciendo lo primero, el resultado ya no es una promesa, sino una advertencia.