La Paz No Paga Las Cuentas

Hay palabras que poseen una enorme capacidad para movilizar emociones. Justicia social. Igualdad. Dignidad. Inclusión. Paz. Bien común. Son conceptos que difícilmente alguien podría rechazar porque representan aspiraciones legítimas de cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, la historia demuestra que las buenas intenciones y los resultados no siempre caminan de la mano. De hecho, algunos de los mayores fracasos políticos de la humanidad nacieron precisamente de discursos que prometían solucionar problemas reales sin explicar con claridad cómo lo harían.

La reciente ausencia de Aída Quilcué en el debate vicepresidencial frente a José Manuel Restrepo volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende a los protagonistas y se adentra en el verdadero dilema que enfrenta Colombia. Más allá de las razones que motivaron esa decisión, lo que quedó flotando en el ambiente fue una pregunta inevitable: ¿puede un proyecto político sostenerse únicamente en la fuerza de sus discursos cuando los ciudadanos esperan respuestas concretas sobre los resultados obtenidos?

Durante años, una parte importante de la izquierda latinoamericana ha construido su narrativa alrededor de conceptos como la lucha contra la desigualdad, la reducción de la pobreza, la justicia social y la ampliación de derechos. Son objetivos legítimos. El problema aparece cuando esos objetivos se presentan como si fueran independientes de la realidad económica que los hace posibles.

La pobreza no desaparece por decreto. La desigualdad no se reduce únicamente mediante discursos. La prosperidad no surge de una reforma política ni de una declaración de principios. La riqueza primero debe ser creada antes de poder ser distribuida. Esa es una realidad que no pertenece a ninguna ideología específica; pertenece a la lógica económica más elemental.

El economista Milton Friedman afirmaba que una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad termina perdiendo ambas. Thomas Sowell, uno de los pensadores más influyentes de las últimas décadas, ha insistido durante años en que las decisiones económicas deben evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones. Incluso economistas de orientación más progresista, como Amartya Sen, han reconocido que el desarrollo humano requiere una base económica sólida capaz de financiar las oportunidades que posteriormente se ofrecen a la población.

Esta discusión adquiere una relevancia especial en Colombia porque solemos hablar de problemas sociales cuando en realidad muchos de ellos son, en esencia, problemas económicos.

La educación cuesta dinero. La salud cuesta dinero. Las pensiones cuestan dinero. Las carreteras cuestan dinero. La vivienda cuesta dinero. La seguridad cuesta dinero. La justicia cuesta dinero. Cada derecho que una sociedad decide garantizar necesita recursos para hacerse realidad.

Y esos recursos no aparecen espontáneamente.

Provienen de una economía productiva, de ciudadanos que trabajan, de empresarios que invierten, de emprendedores que asumen riesgos y de empresas que generan riqueza.

Sin embargo, en el debate político colombiano parece haberse instalado una narrativa donde el empresario es presentado frecuentemente como un actor sospechoso, mientras el Estado aparece como el gran solucionador de todos los problemas.

La realidad suele ser mucho más compleja.

Cuando una empresa abre sus puertas, crea empleo. Cuando una inversión llega al país, se generan oportunidades. Cuando aumenta la productividad, aumentan los ingresos. Cuando la economía crece, el recaudo tributario crece. Y cuando el recaudo crece, el Estado dispone de más recursos para financiar programas sociales.

Por eso resulta difícil encontrar un solo país exitoso que haya alcanzado altos niveles de bienestar destruyendo su sector privado.

Los países escandinavos, frecuentemente citados como ejemplo de justicia social, poseen economías altamente competitivas, fuertes garantías para la propiedad privada y elevados niveles de libertad económica. Alemania construyó su prosperidad sobre una poderosa industria exportadora. Corea del Sur pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a una potencia tecnológica gracias a la industrialización y la inversión privada. Singapur transformó un territorio sin recursos naturales en uno de los centros financieros más importantes del planeta mediante apertura económica, seguridad jurídica y confianza para la inversión.

Ninguno de estos casos se explica exclusivamente por políticas redistributivas.

Primero produjeron riqueza.

Después distribuyeron parte de ella.

En Colombia parece ocurrir lo contrario. Cada vez se habla más de distribución y cada vez menos de producción. Cada vez se discute más sobre subsidios y menos sobre productividad. Cada vez se exigen más beneficios mientras se presta menor atención a las condiciones necesarias para generarlos.

Y aquí aparece otro elemento fundamental que suele quedar relegado en las discusiones públicas: la seguridad.

La llamada paz total fue presentada como una estrategia para reducir la violencia y construir una nueva relación entre el Estado y los grupos armados. Sin embargo, diversos informes de organizaciones especializadas en conflicto armado, así como análisis de la Defensoría del Pueblo y la Fundación Ideas para la Paz, han señalado que en varias regiones persisten problemas de control territorial por parte de grupos ilegales y riesgos para la población civil.

La pregunta entonces es inevitable: ¿puede existir desarrollo económico sostenible donde el Estado no ejerce plenamente su autoridad?

La experiencia internacional demuestra que no.

La inversión necesita estabilidad. El empleo necesita seguridad. El comercio necesita instituciones fuertes. El emprendimiento necesita reglas claras.

Cuando un comerciante debe pagar extorsiones, cuando un transportador teme movilizar mercancías por determinadas rutas o cuando un agricultor vive bajo amenazas permanentes, el problema deja de ser únicamente de seguridad y se convierte también en un problema económico.

La paz verdadera no consiste únicamente en reducir enfrentamientos armados.

La paz verdadera implica que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida con libertad, seguridad y oportunidades.

Y para lograrlo se necesita algo que muchas veces desaparece de los discursos políticos: crecimiento económico.

Existe una razón por la cual las regiones más prósperas del mundo suelen ser también las más estables. El empleo formal genera arraigo. La inversión genera oportunidades. La actividad empresarial fortalece comunidades enteras. Cuando las personas encuentran caminos legítimos para progresar, disminuyen los incentivos para recurrir a economías ilegales o estructuras criminales.

Por eso el empleo sigue siendo una de las políticas sociales más efectivas jamás creadas.

Ningún subsidio puede sustituir la capacidad transformadora de un trabajo estable.

Un empleo permite planificar el futuro. Permite ahorrar. Permite acceder a vivienda. Permite educar a los hijos. Permite construir patrimonio. Permite independencia.

Y quizás ahí se encuentra una de las diferencias más profundas entre dos visiones de sociedad.

Una apuesta por ampliar continuamente la dependencia respecto al Estado.

La otra busca crear las condiciones para que cada vez menos personas necesiten depender de él.

La verdadera justicia social no consiste en que todos reciban ayuda gubernamental. Consiste en que la mayoría tenga oportunidades suficientes para no necesitarla.

Porque cuando toda la sociedad depende del Estado para resolver sus necesidades básicas, lo que existe no es prosperidad colectiva sino fragilidad colectiva.

La historia económica está llena de ejemplos que confirman esta realidad. Ninguna nación se volvió rica distribuyendo pobreza. Ninguna nación alcanzó altos niveles de bienestar castigando sistemáticamente la inversión. Ninguna nación logró construir una clase media fuerte debilitando permanentemente la creación de riqueza.

Las sociedades que prosperaron fueron aquellas que entendieron que el bienestar social y la libertad económica no son enemigos. Son complementarios.

Por eso los debates importan.

Porque obligan a los candidatos a explicar cómo financiarán sus propuestas. Porque obligan a contrastar resultados. Porque obligan a enfrentar preguntas incómodas. Porque obligan a demostrar que las promesas son algo más que buenas intenciones.

La Colombia de hoy enfrenta desafíos enormes. Crecimiento económico insuficiente, persistencia de la informalidad laboral, dificultades fiscales, problemas de seguridad y una creciente desconfianza institucional. Ninguno de estos problemas se resolverá únicamente con discursos inspiradores.

Las palabras seguirán siendo importantes. La justicia social seguirá siendo importante. La igualdad seguirá siendo importante. La paz seguirá siendo importante.

Pero todas esas aspiraciones dependen de una condición previa que con frecuencia parece olvidarse en el debate público: alguien debe producir la riqueza que permitirá financiarlas.

La realidad económica posee una virtud y una crueldad al mismo tiempo. No responde a consignas políticas. No distingue entre izquierda y derecha. No se conmueve con discursos emotivos.

Simplemente exige resultados.

Y cuando llega el momento de rendir cuentas, las cifras terminan hablando más fuerte que las consignas.

Porque al final, las promesas no financian hospitales. Los discursos no crean empleos. Las consignas no construyen empresas. La retórica no genera inversión.

Lo hacen millones de ciudadanos que trabajan todos los días, empresarios que arriesgan capital, emprendedores que crean oportunidades y trabajadores que sostienen con su esfuerzo la economía nacional.

Esa es la base de cualquier sociedad próspera.

Y probablemente seguirá siendo la única ruta posible para que Colombia alcance el bienestar que durante décadas ha prometido, pero que aún sigue esperando construir.