Inflación: el engaño institucional que erosiona la verdad social

La inflación no es solo un aumento generalizado de precios ni una simple distorsión de las cifras macroeconómicas. Es, en su forma más honesta, un acto deliberado de alteración en el lenguaje económico mediante el cual las personas coordinan sus vidas, sus decisiones y sus esperanzas. No se trata simplemente de una anomalía técnica que se combate con tasas de interés o metas inflacionarias fijadas desde bancos centrales. Desde la perspectiva misiana, profundamente arraigada en la acción humana intencional, la inflación emerge como una fuerza que penetra la médula misma del orden social, alterando no solo los precios sino también la confianza, la cooperación y la moralidad compartida. En Colombia, donde la política económica se mueve con lentitud, pero la retórica populista avanza a pasos acelerados, este fenómeno adquiere un carácter aún más corrosivo: no solo daña bolsillos, corrompe conciencias.

Toda acción económica es un acto de juicio humano. Para Mises, cada individuo actúa buscando mejorar su situación, interpretando señales del mercado y respondiendo racionalmente, dentro de sus posibilidades, a los precios, los costos y las oportunidades. Es decir, el mercado no es una máquina automática, sino una red viva de interpretaciones, expectativas e intercambios. Cuando el dinero pierde su capacidad de transmitir información veraz, cuando se imprime sin respaldo en función de intereses políticos y no productivos, se está mintiendo desde el centro del sistema. En ese punto, la inflación deja de ser una consecuencia y se convierte en una traición. Es el momento en que los gobernantes, incapaces de ajustar el gasto a los límites reales de la producción nacional, deciden diluir el poder adquisitivo de todos mediante una expansión artificial de la masa monetaria. Lo hacen con la excusa de ayudar, pero en realidad están expropiando silenciosamente a millones de colombianos que no tienen cómo protegerse. No hay robo más sofisticado que el que no se percibe de inmediato.

Basta con mirar a nuestro alrededor. En las tiendas de barrio, los tenderos ajustan precios cada semana sin entender por qué el bulto de arroz, el cartón de huevos o la harina suben sin que haya escasez. La señora que vende arepas en la esquina se ve obligada a reducir el tamaño para no perder clientela. El asalariado promedio en Colombia, que gana un salario mínimo oficial, descubre con resignación que, aunque le aumenten el sueldo por decreto cada enero, sus ingresos reales no alcanzan para lo mismo. El aumento de precios no es una curva abstracta en un informe técnico del DANE; es el silencio amargo con que muchas familias enfrentan la imposibilidad de enviar a sus hijos a estudiar, de pagar el arriendo o de comer tres veces al día. Y, sin embargo, desde las oficinas gubernamentales se celebra una “recuperación económica” cuando se desacelera la inflación, sin reconocer que lo que en realidad ocurrió fue una redistribución encubierta de riqueza de los más pobres hacia quienes pueden protegerse con activos reales, contratos indexados o acceso privilegiado a la información.

Esta lógica perversa no es nueva. Desde la Antigüedad, los Estados han usado la manipulación monetaria como herramienta de poder. En el Imperio Romano, los emperadores recortaban las monedas de oro y plata para financiar guerras y gastos públicos sin subir impuestos abiertamente. Hoy, el mecanismo ha cambiado de forma, pero no de fondo. En lugar de fundir monedas, se emite dinero desde bancos centrales que responden a intereses políticos, disfrazando el deterioro con eufemismos técnicos y proyecciones manipuladas. En Colombia, la emisión indirecta de dinero mediante la compra de títulos del Estado por parte del Banco de la República, o el uso masivo del crédito público para cubrir déficits, representa esa misma práctica antigua revestida de modernidad. Lo grave no es solo que esto ocurre, sino que se normaliza, se racionaliza y se celebra como una herramienta de “soberanía económica”.

Pero hay consecuencias menos visibles, más profundas. Cuando la inflación se vuelve crónica o incluso moderadamente persistente, la sociedad pierde la brújula moral del intercambio. La desconfianza se instala como regla. Los contratos pierden sentido, la palabra dada se relativiza, y se abre paso una cultura de la especulación oportunista, del “sálvese quien pueda”. En las ciudades de Colombia se multiplican las ventas a crédito con tasas de interés disfrazadas, las letras y pagarés informales, las cadenas de consumo financiadas sobre ilusiones. Cuando el dinero deja de ser reserva de valor, la gente se convierte en presa fácil de cualquier promesa financiera. En las calles de Barranquilla, Medellín o Bogotá, abundan los ejemplos: personas que compran electrodomésticos en cuotas sin saber cuánto terminan pagando, pequeñas empresas que no pueden planificar a tres meses porque no conocen el valor futuro de sus insumos, familias enteras atrapadas en ciclos de deuda que se retroalimentan con la pérdida constante del poder adquisitivo.

La inflación, entonces, no es un fenómeno neutral. Es un proceso destructivo que rompe los lazos invisibles de la cooperación social. Porque el dinero no es solo un instrumento de cambio: es una institución moral. Refleja la confianza que depositamos en los demás, en el sistema, en el futuro. Si se destruye esa confianza, no solo se empobrece la economía: se empobrece la vida. Por eso Mises insistía en que el dinero sano es una condición esencial del orden social. No por romanticismo, sino porque sin él, las acciones humanas pierden su norte. En una economía sin precios verdaderos, la coordinación racional se vuelve imposible, y con ella, la prosperidad.

En este contexto, la inflación también produce algo más peligroso: una demanda creciente por soluciones autoritarias. Al experimentar la frustración constante del encarecimiento de la vida, los ciudadanos exigen justicia económica. Pero esa demanda, legítima en su origen, es fácilmente capturada por discursos que ofrecen castigos, no soluciones. Se multiplican las voces que piden congelar precios, expropiar supermercados, regular márgenes de ganancia, culpar a los empresarios. Se reemplaza el análisis serio por la agitación populista. En lugar de resolver las causas de la inflación —el gasto descontrolado, la deuda sin freno, la manipulación monetaria— se persiguen síntomas, se agita el resentimiento, se fragmenta la convivencia. La inflación no solo erosiona el poder de compra. Erosiona la sensatez.

Y es allí donde la reflexión sobre la intención humana cobra todo su peso. Porque quien imprime dinero sin respaldo, quien manipula tasas o esconde cifras, sabe lo que hace. Sabe que está creando un espejismo. Y aun así lo hace. Porque la inflación es cómoda para el poder: permite financiar sin cobrar, trasladar sin explicar, prometer sin cumplir. Es una forma de dominación blanda, invisible, pero constante. Y esa duplicidad —ese acto de querer una cosa y provocar otra— es el corazón ético del problema. Lo que está en juego no es solo el valor del dinero. Es la integridad del pacto social.

Colombia necesita una discusión honesta sobre este tema. Una discusión que no parta de las métricas ni de las modas académicas, sino de la vivencia real del ciudadano común y del principio innegociable de la verdad económica. Necesitamos reconocer que la inflación es una decisión política, no un accidente climático. Y que enfrentarla exige voluntad de restringir al Estado, no de expandirlo. Porque si no restablecemos el valor del dinero como base de la acción humana voluntaria, seguiremos atrapados en un ciclo de distorsión, frustración y polarización. Y ningún plan de desarrollo, por ambicioso que sea, podrá prosperar sobre un terreno donde la confianza ha sido erosionada desde su raíz más profunda.