La Constitución que No Han Podido Cambiar

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. No suelen morir bajo el ruido de los fusiles ni bajo la imagen clásica de los golpes de Estado que marcaron gran parte del siglo XX latinoamericano. En la actualidad, los procesos de transformación política suelen ser más sutiles, más graduales y, precisamente por ello, más difíciles de identificar para una sociedad que se acostumbra lentamente a los cambios. Todo comienza con un discurso que promete justicia, igualdad y reivindicación de los sectores históricamente excluidos. Continúa con la construcción de una narrativa donde los problemas del país siempre tienen responsables externos. Finalmente, si las condiciones institucionales lo permiten, se intenta modificar las reglas del juego para consolidar un proyecto político que trascienda gobiernos y generaciones. Es en este contexto donde surge uno de los debates más importantes de la Colombia actual: las similitudes entre el chavismo venezolano y el petrismo colombiano.

La discusión genera posiciones encontradas porque no se trata simplemente de comparar dos líderes políticos. Se trata de analizar dos visiones de país, dos formas de entender el poder y dos discursos que, para muchos observadores, comparten elementos fundamentales. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999, lo hizo prometiendo una transformación histórica. Habló de acabar con los privilegios de las élites, de devolverle el poder al pueblo y de construir una nueva realidad política. Décadas después, Gustavo Petro ha utilizado una narrativa que gira alrededor de conceptos similares: la lucha contra las élites tradicionales, la necesidad de un cambio estructural, la crítica permanente a los grupos económicos y la reivindicación de quienes consideran que han sido excluidos por décadas.

Las palabras tienen consecuencias. Los discursos no son simples herramientas de comunicación; son instrumentos capaces de moldear la percepción colectiva de la realidad. Diversos estudios sobre populismo político, desarrollados por académicos como Cas Mudde y Jan-Werner Müller, coinciden en que uno de los elementos característicos de estos movimientos consiste en dividir la sociedad entre un pueblo virtuoso y unas élites corruptas que impiden el progreso nacional. Cuando esta narrativa se instala en la opinión pública, las instituciones dejan de ser vistas como árbitros neutrales y comienzan a ser percibidas como obstáculos para el cambio.

Por esa razón, muchos de los cuestionamientos actuales en Colombia no se centran únicamente en las reformas impulsadas por el gobierno, sino en la forma como se construye el relato político. Cada vez que se responsabiliza a empresarios, medios de comunicación, organismos de control, jueces o sectores de oposición de las dificultades del país, se fortalece una lógica de confrontación que recuerda experiencias observadas en otras naciones latinoamericanas. No significa que toda crítica a estos sectores sea ilegítima. Significa que cuando la confrontación se convierte en el eje permanente del discurso político, las instituciones comienzan a perder legitimidad ante los ojos de una parte de la ciudadanía.

Y es precisamente aquí donde aparece la pregunta que muchos colombianos se hacen en voz baja y otros formulan abiertamente: ¿cuál es la diferencia real entre el chavismo y el petrismo? Para quienes observan con preocupación el rumbo del país, la respuesta es simple. Consideran que la principal diferencia no está en los objetivos políticos, sino en las limitaciones institucionales. Venezuela contó con una Asamblea Constituyente que permitió transformar profundamente las reglas del juego político. Colombia, en cambio, ha mantenido una Constitución que, con todas sus imperfecciones, ha funcionado como un sistema de contrapesos capaz de limitar el poder de cualquier gobierno.

Desde esta perspectiva, la Constitución de 1991 se ha convertido en el principal obstáculo para quienes aspiran a una transformación más profunda del sistema político colombiano. El Congreso, las altas cortes, los organismos de control, los gobiernos regionales y una sociedad civil diversa han impedido que el poder se concentre en una sola dirección. Para muchos críticos del gobierno, si esos límites institucionales no existieran, Colombia podría estar recorriendo una ruta similar a la que transitó Venezuela hace más de dos décadas.

Sin embargo, la reflexión va mucho más allá de un gobierno específico. Lo verdaderamente preocupante no es la figura de un presidente en particular, sino la creciente disposición de amplios sectores de la sociedad a depositar sus esperanzas en proyectos políticos que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. La historia demuestra que los países no prosperan porque aparezca un líder carismático. Prosperan cuando construyen instituciones fuertes, seguridad jurídica, confianza inversionista, respeto por la propiedad privada y reglas estables que sobreviven a los cambios de gobierno.

En este punto emerge una reflexión incómoda para el país. Desde mi perspectiva, una parte importante de los votantes de izquierda no dimensiona plenamente las consecuencias que determinadas decisiones electorales pueden tener sobre el futuro económico e institucional de Colombia. Considero que cuando se respalda un proyecto político que aumenta la intervención estatal en la economía, mantiene una confrontación constante con sectores productivos y genera incertidumbre para la inversión, se corre el riesgo de comprometer las oportunidades de las futuras generaciones. No se trata simplemente de una discusión ideológica. Se trata de analizar qué modelo ha generado históricamente mayor prosperidad, empleo y bienestar en los países que han logrado desarrollarse.

Por esa razón, quienes apoyan a Abelardo de la Espriella consideran que representa una alternativa distinta para el país. Ven en él a un empresario exitoso que ha construido patrimonio, generado empleo y participado activamente en la economía real. Desde esa óptica, argumentan que alguien que ha creado riqueza tiene una comprensión más práctica de los mecanismos necesarios para impulsar el crecimiento económico y recuperar la confianza de inversionistas y emprendedores. Sin embargo, incluso quienes comparten esta visión reconocen que cualquier próximo gobierno enfrentará enormes dificultades debido a los problemas fiscales, financieros e institucionales acumulados durante los últimos años.

La magnitud de los desafíos que deja el actual gobierno es objeto de debate entre economistas y analistas, pero existe consenso en que el próximo presidente heredará una situación compleja que limitará significativamente su capacidad de acción. En consecuencia, incluso un gobierno orientado hacia políticas de mercado necesitaría años para corregir desequilibrios acumulados. Aun así, para muchos ciudadanos resulta preferible apostar por un modelo basado en la iniciativa privada, la inversión, la generación de empleo y la libertad económica que avanzar hacia propuestas inspiradas en modelos socialistas que han mostrado resultados negativos en distintas experiencias internacionales.

La preocupación aumenta cuando algunos observadores contemplan la posibilidad de que figuras asociadas a corrientes ideológicas más radicales alcancen posiciones de poder en el futuro. Desde esta visión, el temor no es únicamente económico. Es institucional. Es el miedo a que Colombia siga el camino de países donde la igualdad terminó significando igualdad en la pobreza, donde el debilitamiento de las instituciones redujo las libertades individuales y donde la dependencia del Estado sustituyó la capacidad de las personas para construir su propio proyecto de vida.

Pero incluso quienes sostienen estas preocupaciones deben reconocer una realidad fundamental. Ningún país está condenado inevitablemente a repetir la historia de otro. Colombia no es Venezuela. Tiene instituciones distintas, una estructura económica diferente, una cultura política propia y una ciudadanía cada vez más informada y crítica. Sin embargo, tampoco sería prudente ignorar las lecciones que deja la experiencia latinoamericana. La historia no se repite exactamente, pero suele rimar de maneras sorprendentes.

Quizás por eso el verdadero debate no debería centrarse únicamente en nombres, partidos o campañas electorales. La discusión de fondo consiste en definir qué tipo de país quieren construir los colombianos. Un país donde el progreso dependa principalmente de la iniciativa individual, la inversión y la generación de riqueza, o un país donde el Estado asuma un papel cada vez más amplio en la organización de la vida económica y social. Esa es la pregunta que atraviesa todas las discusiones políticas actuales y que probablemente definirá el rumbo nacional durante las próximas décadas.

Al final, la historia enseña una lección que las sociedades suelen comprender demasiado tarde. Las libertades no desaparecen cuando parecen estar en peligro. Generalmente comienzan a desaparecer cuando una parte importante de la población está convencida de que puede sacrificar una pequeña porción de ellas a cambio de promesas de seguridad, igualdad o bienestar. Por eso las constituciones, los contrapesos institucionales, la separación de poderes y la libertad económica siguen siendo fundamentales. No porque garanticen gobiernos perfectos, sino porque limitan el poder de los imperfectos. Y quizás la mayor diferencia entre una democracia que sobrevive y una que fracasa radica precisamente en eso: en la capacidad de sus ciudadanos para defender las instituciones incluso cuando quienes prometen cambiarlo todo aseguran que ya no las necesitan.