La Coherencia Perdida

Vivimos una época extraña. Nunca antes en la historia tantas personas habían tenido acceso a información, educación, tecnología y posibilidades de contrastar ideas, y sin embargo, pocas veces la incoherencia política había alcanzado niveles tan visibles. La contradicción se ha convertido en una costumbre social aceptada. Hoy es posible escuchar a alguien criticar el capitalismo desde un teléfono inteligente diseñado por una de las empresas más valiosas del planeta, indignarse contra los empresarios mientras depende de ellos para recibir un salario cada mes, burlarse del desastre económico venezolano mientras respalda políticas que se asemejan a las que llevaron a esa nación al colapso, o celebrar las libertades democráticas mientras justifica comportamientos autoritarios cuando son cometidos por líderes afines a su ideología.

La incoherencia política no es patrimonio exclusivo de la izquierda ni de la derecha. Toda corriente ideológica puede caer en contradicciones. Sin embargo, en la actualidad latinoamericana, y particularmente en Colombia, existe una paradoja que merece una reflexión profunda: la creciente tendencia de algunos sectores de izquierda a disfrutar, defender y exigir los beneficios de un sistema económico que simultáneamente consideran injusto o perverso.

La contradicción aparece en los detalles cotidianos. Se encuentra en quien exige más empleo formal mientras demoniza al empresario que debe asumir el riesgo de crear ese empleo. Está presente en quien reclama mejores salarios mientras rechaza las condiciones necesarias para aumentar la productividad y la inversión. Se manifiesta en quien pide más oportunidades para los jóvenes mientras ataca a quienes financian proyectos, industrias y emprendimientos. No se trata de defender a los empresarios como seres perfectos ni de negar la existencia de abusos corporativos. Se trata de reconocer una realidad elemental: sin generación de riqueza resulta imposible distribuir riqueza.

El economista Thomas Sowell, uno de los intelectuales más influyentes del último medio siglo, suele repetir una idea incómoda para muchos sectores políticos: la primera pregunta que debe hacerse una sociedad no es quién tiene buenas intenciones, sino cuáles son los resultados de las políticas que propone. La historia económica demuestra que las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. A veces generan exactamente lo contrario.

Resulta inevitable mirar hacia Venezuela cuando se habla de este tema. Durante años, millones de latinoamericanos observaron cómo el país con las mayores reservas petroleras del mundo se hundía en una crisis económica, institucional y humanitaria sin precedentes. Lo curioso es que muchas de las medidas que condujeron a ese deterioro fueron inicialmente presentadas como mecanismos para combatir la desigualdad, proteger a los pobres y limitar el poder de las élites económicas. Los controles de precios, las expropiaciones, la persecución a sectores productivos y la creciente dependencia del Estado fueron defendidos como instrumentos de justicia social. Sin embargo, los resultados fueron escasez, inflación, emigración masiva y pobreza.

Por eso resulta llamativo escuchar a algunas personas burlarse del modelo venezolano mientras apoyan propuestas que avanzan en la misma dirección, aunque con diferente intensidad o velocidad. Nadie afirma que Colombia sea Venezuela ni que cualquier reforma conduzca inevitablemente al mismo desenlace. Pero sí existe una pregunta legítima: si un conjunto de políticas ha producido resultados negativos en múltiples países, ¿por qué se insiste en ignorar esas experiencias?

Y aquí aparece otra contradicción particularmente visible en la vida cotidiana. Muchos jóvenes afirman rechazar el capitalismo, pero sus aspiraciones personales suelen depender completamente de él. Sueñan con emprender, tener independencia financiera, crear contenido digital, invertir, comprar vivienda, viajar y acceder a bienes tecnológicos. Todas esas metas son posibles gracias a mercados relativamente abiertos, propiedad privada, innovación empresarial y acumulación de capital. El problema no es criticar al capitalismo. Ningún sistema humano es perfecto. El problema surge cuando se rechazan los mecanismos que producen prosperidad mientras se exigen los beneficios que dichos mecanismos generan.

El filósofo esloveno Slavoj Žižek, identificado históricamente con posiciones de izquierda, ha reconocido precisamente esta paradoja. Según él, el capitalismo posee una capacidad extraordinaria para absorber incluso las críticas dirigidas contra sí mismo. Las personas consumen productos, servicios y estilos de vida que nacen dentro del sistema que afirman combatir. La rebeldía misma se convierte en un producto de mercado. La revolución termina vendiéndose en camisetas fabricadas por grandes corporaciones multinacionales.

La situación colombiana ofrece ejemplos particularmente interesantes. Barranquilla es uno de ellos. Resulta difícil ignorar la transformación urbana que ha experimentado la ciudad durante las últimas décadas. El Malecón del Río, la recuperación de espacios públicos, las inversiones en infraestructura y la renovación urbana son proyectos que requieren recursos, inversión privada, recaudo tributario y crecimiento económico. Son el resultado de una interacción entre Estado, ciudadanos y sector empresarial. Sin embargo, muchas personas disfrutan esos avances mientras respaldan discursos que presentan al empresariado casi como un enemigo social.

La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿quién financia realmente el desarrollo de una ciudad? La respuesta no es exclusivamente el Estado. Los recursos públicos provienen de una economía que primero debe producir riqueza. No existe presupuesto gubernamental sin contribuyentes. No existe gasto social sin actividad económica previa. No existe redistribución sin producción.

De igual manera, resulta llamativo observar cómo algunos sectores denuncian la corrupción cuando afecta a sus adversarios políticos, pero guardan silencio cuando involucra a figuras cercanas a sus preferencias ideológicas. La corrupción parece convertirse en un problema moral únicamente cuando cambia el color del partido responsable. Sin embargo, la corrupción no distingue entre izquierdas y derechas. Destruye instituciones, reduce oportunidades y deteriora la confianza ciudadana independientemente de quién la practique.

Esta tendencia responde a un fenómeno ampliamente estudiado por la psicología política. Investigadores como Jonathan Haidt han demostrado que los seres humanos tienden a evaluar la información de manera diferente dependiendo de su identidad grupal. No juzgamos las acciones únicamente por sus méritos o defectos, sino por quién las realiza. Lo que condenamos en nuestros adversarios solemos justificarlo en nuestros aliados. La coherencia deja de ser un principio y se convierte en una herramienta selectiva.

Y quizás aquí se encuentra el problema de fondo. Hemos construido una cultura política donde la identidad importa más que los resultados. Muchas personas ya no analizan propuestas, indicadores o experiencias internacionales. Analizan etiquetas. Si una idea proviene de alguien que consideran aliado, la apoyan. Si proviene de un adversario, la rechazan. La discusión deja de ser económica, institucional o social para convertirse en emocional y tribal.

Mientras tanto, la realidad continúa avanzando con independencia de nuestras emociones. Los mercados siguen respondiendo a incentivos. Las empresas siguen invirtiendo donde encuentran condiciones favorables. Los empleos siguen dependiendo de la productividad. La pobreza sigue disminuyendo donde existe crecimiento sostenido y aumentando donde la economía se estanca. Los datos continúan existiendo incluso cuando contradicen nuestras preferencias ideológicas.

La verdadera discusión no debería ser entre izquierda y derecha. Tampoco entre progresistas y conservadores. La discusión debería centrarse en una pregunta mucho más simple y mucho más difícil de responder: ¿estamos siendo coherentes con aquello que decimos defender?

Porque no se puede exigir prosperidad mientras se atacan sistemáticamente las condiciones que la generan. No se puede pedir empleo mientras se desprecia la inversión. No se puede reclamar oportunidades mientras se obstaculiza la creación de riqueza. No se puede condenar el fracaso económico de otros países mientras se romantizan las ideas que contribuyeron a producirlo. No se puede defender la democracia únicamente cuando favorece nuestros intereses políticos.

La coherencia no consiste en tener siempre la razón. Consiste en aplicar los mismos principios incluso cuando resultan incómodos para nuestras propias convicciones. Y quizás esa sea una de las mayores carencias de nuestro tiempo. Nos hemos acostumbrado a exigir coherencia a los demás mientras construimos excepciones para nosotros mismos.

Al final, las sociedades no fracasan porque existan diferencias ideológicas. Las diferencias son normales y necesarias. Las sociedades comienzan a fracasar cuando sustituyen la evidencia por la fe política, los resultados por los discursos y la coherencia por la conveniencia. En ese momento, las ideas dejan de ser herramientas para comprender la realidad y se convierten en excusas para ignorarla. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el problema ya no es la izquierda ni la derecha. El problema es que ha perdido la capacidad de reconocer sus propias contradicciones.