El Culto al Caos

Hay una diferencia profunda entre defender unas ideas y convertirse en rehén de ellas. La primera actitud es propia de la democracia; la segunda pertenece al terreno del fanatismo. Colombia atraviesa hoy uno de esos momentos históricos en los que vale la pena preguntarse si una parte importante de la discusión pública sigue girando alrededor de principios, propuestas y soluciones, o si, por el contrario, ha terminado reducida a una lucha emocional donde el objetivo principal ya no es construir un mejor país, sino impedir que el adversario político gobierne. Cuando una sociedad llega a ese punto, deja de discutir sobre el futuro y comienza a discutir sobre enemigos.

Las recientes tensiones políticas que rodean la campaña presidencial han vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno que no nació con el petrismo, pero que en la actualidad encuentra una de sus expresiones más visibles: la idea de que cualquier derrota política es una tragedia nacional y que cualquier victoria del adversario representa una amenaza existencial. En ese escenario desaparece el ciudadano que piensa distinto y aparece el enemigo al que hay que destruir. Desaparece el debate y surge la descalificación. Desaparecen los argumentos y nacen los insultos.

Durante las últimas semanas, Colombia ha sido testigo de un intercambio de acusaciones que refleja precisamente esa degradación del debate público. Las redes sociales, que en teoría debían democratizar la conversación, terminaron convirtiéndose en un gigantesco tribunal donde cada ciudadano se siente juez, fiscal y verdugo. Allí se lanzan acusaciones de narcotráfico, corrupción, fascismo, comunismo, terrorismo y criminalidad con una ligereza que hace apenas unos años habría resultado impensable. Lo preocupante no es solamente que existan estas acusaciones, sino la facilidad con la que miles de personas las aceptan como verdades absolutas sin exigir pruebas, contexto o rigor.

En medio de esta situación aparece una contradicción que merece ser analizada. Muchos de quienes se presentan como defensores de la igualdad, la inclusión, la diversidad y la tolerancia terminan exhibiendo niveles extraordinarios de intolerancia frente a quienes no comparten sus ideas. Es un fenómeno estudiado por diversos autores en ciencia política y psicología social. Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York, ha explicado cómo las identidades políticas modernas han evolucionado hasta convertirse en identidades morales. En otras palabras, ya no se trata simplemente de apoyar una propuesta económica o una reforma social. Se trata de demostrar que se pertenece al grupo de los buenos mientras los demás son percibidos como los malos.

Cuando la política se transforma en religión secular, cualquier crítica se interpreta como una herejía. Cualquier cuestionamiento se convierte en una agresión. Cualquier discrepancia es vista como una traición. Es entonces cuando surge la figura de la víctima permanente. Paradójicamente, algunos sectores políticos pueden ejercer una enorme agresividad verbal mientras se presentan simultáneamente como víctimas de persecución. Pueden insultar mientras denuncian intolerancia. Pueden estigmatizar mientras exigen respeto. Pueden promover confrontación mientras afirman defender la paz.

Esta dinámica no es exclusiva de Colombia. El filósofo francés Pascal Bruckner ha descrito este fenómeno como la tentación de la inocencia, una actitud donde los individuos transfieren toda responsabilidad a factores externos y se perciben permanentemente como víctimas de fuerzas superiores. El resultado es una cultura política incapaz de reconocer errores propios porque siempre encuentra un culpable externo. Si la economía no mejora, la culpa es de la oposición. Si una reforma fracasa, la culpa es de los empresarios. Si una promesa no se cumple, la culpa es de las instituciones. Si el gobierno pierde apoyo, la culpa es de los medios. Siempre existe una explicación que evita la autocrítica.

Pero hay algo todavía más preocupante que la victimización permanente: la normalización del caos como herramienta política. A lo largo de los últimos años, Colombia ha vivido múltiples episodios donde algunos sectores han insinuado o defendido la idea de que la presión callejera, el estallido social o la movilización permanente constituyen mecanismos legítimos para imponer determinadas agendas políticas. La protesta pacífica es un derecho fundamental en cualquier democracia. Sin embargo, una democracia comienza a debilitarse cuando ciertos actores políticos parecen aceptar la violencia, la intimidación o el desorden institucional como instrumentos válidos para alcanzar objetivos políticos.

El economista Thomas Sowell advirtió durante décadas que uno de los mayores peligros para una sociedad es la aparición de grupos convencidos de poseer superioridad moral. Cuando alguien cree que representa el bien absoluto, cualquier medio parece justificable. Después de todo, si la causa es justa, entonces cualquier exceso puede racionalizarse. La historia del siglo XX está llena de ejemplos donde movimientos que prometían igualdad terminaron restringiendo libertades. Movimientos que prometían justicia terminaron concentrando poder. Movimientos que afirmaban hablar en nombre del pueblo terminaron gobernando contra el pueblo.

Y es precisamente aquí donde Colombia enfrenta un desafío fundamental. El país necesita ciudadanos capaces de diferenciar entre las necesidades reales de la población y las narrativas emocionales diseñadas para movilizar resentimientos. La pobreza existe. La desigualdad existe. La corrupción existe. Nadie puede negar esos problemas. Pero reconocerlos no implica aceptar cualquier solución propuesta en su nombre. Tampoco significa otorgar un cheque en blanco a quienes se presentan como salvadores.

Resulta llamativo observar cómo algunos líderes políticos construyen su discurso alrededor de la lucha contra los privilegios mientras simultáneamente consolidan estructuras de poder que dependen precisamente de esos privilegios. Critican las élites mientras crean nuevas élites. Critican la concentración del poder mientras buscan acumular más poder. Critican el clientelismo mientras reproducen prácticas clientelistas. Critican la polarización mientras alimentan la polarización. La incoherencia no es accidental; es una consecuencia natural de una política basada más en emociones que en principios.

La experiencia internacional ofrece lecciones importantes. Países como Venezuela, Argentina en determinados períodos o incluso algunas democracias europeas han mostrado cómo la polarización extrema termina deteriorando la confianza institucional. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en las reglas del juego y comienzan a confiar únicamente en líderes providenciales, las instituciones pierden legitimidad. Y cuando las instituciones pierden legitimidad, la democracia se vuelve vulnerable.

Por eso el verdadero debate colombiano no debería centrarse únicamente en quién gana una elección. El verdadero debate consiste en determinar qué tipo de cultura política queremos construir. Una cultura donde el adversario sea respetado aunque se discrepe profundamente de él, o una cultura donde cualquier persona que piense distinto sea automáticamente etiquetada como enemigo, fascista, comunista, terrorista o traidor.

Las democracias fuertes no se caracterizan porque todos estén de acuerdo. Se caracterizan porque las personas pueden estar profundamente en desacuerdo sin destruir la convivencia. El problema surge cuando una parte de la sociedad empieza a creer que perder una elección es peor que dañar las instituciones que permiten realizar elecciones. En ese momento la política deja de ser una competencia democrática y se convierte en una batalla existencial.

Colombia necesita menos fanáticos y más ciudadanos. Menos seguidores incondicionales y más personas capaces de cuestionar incluso a quienes apoyan. Menos discursos basados en resentimientos históricos y más discusiones enfocadas en resultados concretos. Porque ningún país se destruye únicamente por culpa de sus gobernantes. Los países comienzan a deteriorarse cuando una parte significativa de la sociedad acepta que el fin justifica los medios y que cualquier sacrificio institucional es válido si favorece a su causa.

La historia demuestra que el fanatismo rara vez llega vestido como fanatismo. Normalmente se presenta como virtud. Como justicia. Como igualdad. Como progreso. Como revolución. Como cambio. Pero detrás de esas palabras puede esconderse algo mucho más peligroso: la convicción de que el país solo merece existir bajo el control de quienes piensan igual. Y cuando una ideología llega a creer que la nación le pertenece exclusivamente a ella, deja de ser una propuesta política para convertirse en un culto. Un culto donde la victoria importa más que la verdad, donde el adversario deja de ser humano y donde el caos se transforma en una herramienta legítima de poder.

Esa es la reflexión que Colombia debería hacerse hoy. No quién grita más fuerte, no quién insulta mejor en redes sociales, no quién logra movilizar más emociones. La pregunta verdaderamente importante es otra: si estamos construyendo una democracia donde caben todos los colombianos o si estamos permitiendo que el fanatismo convierta la diferencia política en una razón para destruirnos mutuamente. Porque cuando una sociedad cruza esa línea, el problema ya no es quién gobierna. El problema es que nadie termina gobernando sobre una nación unida. Solo sobre los restos de una sociedad fragmentada por el odio político.