Cifras que Indignan, Verdades que Faltan

 

Hay algo profundamente seductor en los números grandes. En un país como Colombia, donde la desigualdad es visible en cada esquina y la desconfianza hacia lo público se ha vuelto casi instintiva, basta con presentar una cifra en billones para encender la indignación colectiva. No importa demasiado de dónde viene, cómo se calculó o si resiste una auditoría básica; lo que importa es el efecto inmediato: la sensación de saqueo, de abuso, de traición. Y en esa emoción, muchas veces, se pierde lo esencial: la verdad.

La circulación reciente de piezas que consolidan supuestos “robos” por más de cinco billones de pesos asociados al gobierno de Gustavo Petro no es un hecho aislado, sino un síntoma. Un síntoma de una sociedad que ha dejado de exigir rigor a cambio de confirmación emocional. Porque lo verdaderamente preocupante no es que existan escándalos —Colombia ha convivido con ellos durante décadas—, sino que el debate público haya renunciado a distinguir entre evidencia, sospecha y narrativa.

Conviene entonces hacer una pausa incómoda: no para defender a ningún gobierno, sino para defender el principio básico de cualquier análisis serio, que es la diferenciación. No todo lo que escandaliza es corrupción comprobada, no toda investigación implica culpabilidad, y no todo monto mencionado corresponde a recursos efectivamente perdidos. La incapacidad de separar estos niveles no es un error menor; es una falla estructural en la forma en que construimos opinión pública.

Porque sí, existen casos reales. El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha revelado posibles redes de corrupción en contratación pública, con investigaciones en curso por parte de organismos de control. Ese es un hecho verificable. Pero de ahí a afirmar una cifra cerrada y definitiva como “dinero robado” hay una distancia metodológica enorme. En auditoría pública, los hallazgos fiscales requieren trazabilidad, cuantificación técnica y validación institucional. Sin eso, cualquier número es, en el mejor de los casos, una estimación; en el peor, una manipulación.

Y sin embargo, la lógica dominante no parece interesada en esa precisión. Lo que se observa es una práctica recurrente: sumar indiscriminadamente conceptos heterogéneos —presupuestos ejecutados, denuncias, investigaciones preliminares, incluso escándalos personales— y presentarlos como un total homogéneo de “corrupción”. Desde la perspectiva contable, esto es simplemente inaceptable. Es equivalente a mezclar ingresos con gastos, activos con pasivos, o peor aún, hechos con hipótesis.

En este punto, el problema deja de ser técnico y se vuelve profundamente político. Porque la manipulación de cifras no solo distorsiona la realidad, sino que redefine el terreno del debate democrático. Si todo es corrupción, entonces nada lo es realmente. Si todas las cifras son sospechosas, entonces ninguna puede ser defendida ni cuestionada con rigor. Y en ese escenario, el ciudadano deja de ser un evaluador crítico para convertirse en un receptor emocional.

No es una dinámica exclusiva de Colombia. En distintas latitudes, figuras ideológicamente opuestas han utilizado estrategias similares. Desde discursos anti-establishment en América Latina hasta narrativas de deslegitimación institucional en Europa y Estados Unidos, la simplificación extrema de la realidad ha demostrado ser políticamente rentable. Pero que sea rentable no significa que sea sostenible. Al contrario, erosiona lentamente la confianza en las instituciones, incluso cuando estas actúan correctamente.

Volviendo al contexto colombiano, hay un elemento adicional que agrava la situación: la histórica debilidad en educación financiera y comprensión de lo público. Para una gran parte de la población, un billón de pesos es una abstracción imposible de dimensionar. Esto facilita que cualquier cifra elevada sea percibida automáticamente como prueba de corrupción, sin necesidad de mayor explicación. La pedagogía económica, que debería ser un pilar en la formación ciudadana, ha sido sustituida por consignas.

Ahora bien, reconocer la manipulación no implica negar los problemas reales. Colombia enfrenta desafíos serios en materia de transparencia, eficiencia del gasto y control institucional. Casos como el de Nicolás Petro, las controversias alrededor de figuras cercanas al poder o las fallas en la implementación de políticas públicas evidencian que el escrutinio es necesario. Pero precisamente por eso, ese escrutinio debe ser más riguroso, no más superficial.

Porque cuando todo se reduce a una cifra inflada en una imagen viral, se pierde la oportunidad de discutir lo verdaderamente importante: cómo se diseñan los sistemas de contratación, cómo se fortalecen los mecanismos de control, cómo se sanciona efectivamente la corrupción y, sobre todo, cómo se evita su repetición. La indignación sin precisión es ruido; la indignación con evidencia es transformación.

En el fondo, lo que está en juego no es la reputación de un gobierno específico, sino la calidad del debate público en Colombia. Aceptar sin cuestionar cifras sin sustento es renunciar a la ciudadanía crítica. Y en un país que necesita con urgencia mejores decisiones colectivas, esa renuncia es un lujo que no podemos darnos.

Tal vez el desafío más grande no sea descubrir nuevos escándalos, sino aprender a interpretarlos correctamente. Porque la verdad, a diferencia de la propaganda, no suele venir en titulares impactantes ni en sumas redondas. Requiere tiempo, método y, sobre todo, una disposición incómoda: la de pensar antes de reaccionar.