La democracia no se mata solo con balas: se pudre en silencio, cuando aplaudimos el odio

Hay momentos en los que un país se mira al espejo y no reconoce el reflejo. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado, no es una simple noticia más en un país acostumbrado a la violencia política, sino una advertencia brutal de lo que estamos tolerando —o incluso celebrando— como sociedad. Es una señal que nos grita que la democracia colombiana se encuentra al borde de una enfermedad que no siempre es visible a simple vista: el odio legitimado, la diferencia castigada, la opinión convertida en crimen.

Colombia ha transitado décadas enteras en las que disentir, opinar en voz alta o simplemente aspirar a un cargo público fue razón suficiente para ser amenazado, estigmatizado o incluso asesinado. Sin embargo, lo más preocupante de nuestra coyuntura actual no es solo que esa historia de violencia se repita, sino que vuelva con nuevas formas, ahora arropadas en discursos que se disfrazan de justicia social o lucha popular, pero que en el fondo contienen el germen corrosivo del resentimiento. El ataque a Miguel Uribe —con todo el simbolismo que implica agredir a un senador en medio de un acto político— no se entiende sin el contexto de polarización, agresión verbal, estigmatización sistemática y deterioro institucional que estamos permitiendo como normal.

No se trata de defender a Uribe por su partido o ideología, se trata de algo mucho más grave: entender que cuando el precio de pensar diferente es jugarse la vida, el costo no lo paga solamente la víctima, lo paga toda la democracia. Hacer política no puede ni debe ser una actividad de alto riesgo. No podemos aceptar como sociedad que expresar una opinión en público sea motivo de linchamiento moral o físico. Porque el problema no es solo el hombre armado que jala el gatillo. El verdadero enemigo está en la cultura del señalamiento que convierte al contradictor en enemigo; está en el ciudadano que justifica la violencia con frases como “algo habrá hecho”, “eso le pasa por derechista”, “por fin alguien lo calla”.

En redes sociales se vio de todo tras el atentado: desde quienes expresaron genuina preocupación hasta quienes, en un ejercicio escalofriante de cinismo, celebraron el hecho o lo minimizaron con sarcasmo. Esa franja de la opinión pública que se alegra cuando al contrario político le va mal, cuando es atacado, humillado o silenciado, representa un daño profundo al tejido democrático. Porque una democracia sana no se sostiene solo con instituciones, sino con una ciudadanía capaz de reconocer el valor del disenso. En cambio, en Colombia, cada vez es más común ver cómo la diferencia es vista como una traición, como una amenaza, como un enemigo que debe ser eliminado simbólica o literalmente.

Esta legitimación social del odio es mucho más peligrosa que cualquier ataque armado. Las balas matan cuerpos, pero el desprecio normalizado mata el alma democrática de un país. Y lo hace lentamente. Porque primero se empieza por justificar el insulto al adversario, luego se acepta la mentira como herramienta política, más tarde se naturaliza la violencia como expresión del sentir popular, y al final ya no queda nada de deliberación, solo pulsos de fuerza, gritos, silencios impuestos y miedo. Cuando eso ocurre, no importa cuántas urnas haya ni cuántos discursos de libertad se pronuncien: lo que queda es una sociedad donde la política es guerra, no diálogo; y donde la justicia se convierte en venganza disfrazada.

Estamos viendo cómo ese veneno se cuela en cada rincón. En el Congreso, los debates se transforman en monólogos de odio. En los colegios, los jóvenes se insultan con etiquetas ideológicas heredadas de adultos irresponsables. En las universidades, se señala al profesor o al estudiante que no repite el discurso dominante. Y en los barrios, se polariza la pobreza: si ayudas desde la derecha, eres asistencialista corrupto; si ayudas desde la izquierda, eres un guerrillero con disfraz. En ningún lado se puede ser libre sin pagar el precio de la sospecha.

Incluso las acciones del gobierno parecen moverse en una lógica de amigo-enemigo. La “paz total” se ha transformado en muchos lugares en “impunidad total” para grupos armados que imponen su ley. El Estado ha abandonado territorios enteros, dejando a la ciudadanía a merced de quienes sí están armados y listos para ejercer poder, sea con fusiles o con discursos de odio. En ese vacío institucional, la política se hace con miedo o no se hace. ¿Cuántos líderes sociales, concejales, periodistas, activistas o candidatos han sido amenazados en los últimos meses? ¿Cuántos han renunciado al debate por temor a que sus palabras se conviertan en sentencia?

Este ambiente no es producto del azar. Es el resultado de años de discursos incendiarios, de presidentes que insultan en vez de gobernar, de congresistas que prefieren polarizar antes que legislar, de opinadores que hacen carrera a punta de escupitajos verbales. Pero también de una ciudadanía que se acostumbró a odiar, a burlarse del otro, a etiquetar antes de escuchar. Si en los años 90 el enemigo estaba en la selva o en las ciudades con una pistola o una bomba, hoy el enemigo se ha mudado al corazón de nuestra cultura política. Y eso es mucho más difícil de combatir.

Si no corregimos el rumbo, si no entendemos que la democracia se alimenta del respeto a la diferencia y no del aplauso al linchamiento, vamos a terminar matando lo que con tanto esfuerzo hemos construido desde la Constitución del 91. Porque una cosa es tener diferencias ideológicas, legítimas y necesarias, y otra muy distinta es ver en el que piensa distinto a un traidor o a un criminal. Esa confusión ha sido históricamente la antesala de los regímenes autoritarios. Los totalitarismos no nacen de un golpe de Estado repentino, nacen del hartazgo social, del desprecio al otro, del aplauso al odio y del silencio frente a la injusticia cuando le pasa al enemigo.

Por eso, hoy más que nunca, debemos reafirmar una verdad incómoda pero esencial: la democracia se defiende también cuando defendemos el derecho del otro a pensar distinto. No importa si es de izquierda o derecha, si nos gusta o no. Lo que está en juego no es una figura pública, es el derecho de todos a vivir sin miedo por pensar diferente. La política no puede ser una trinchera, tiene que volver a ser un puente. Y mientras no lo entendamos, seguiremos caminando como país por una delgada línea entre la república democrática y la barbarie vengativa.

Si el precio de opinar en voz alta es una bala, entonces no solo estamos retrocediendo a los peores años de nuestra historia. Estamos aceptando que la política ya no es el arte de construir futuro, sino el arte de destruir al otro. Y en ese camino, la democracia no muere de golpe, muere lentamente. No por las armas, sino por los aplausos a quienes disparan.