Tributar o Estancar

 

Hay una tensión silenciosa pero determinante que atraviesa hoy la economía colombiana: la distancia creciente entre la capacidad del Estado para extraer recursos y la capacidad de los individuos para generarlos. No es una discusión superficial sobre si los impuestos son “altos” o “bajos”, sino una cuestión más profunda sobre cómo la tributación, en su diseño y en su intensidad, reconfigura los incentivos que sostienen la vida productiva. En Colombia, esa tensión ha dejado de ser teórica para convertirse en una experiencia cotidiana.

Porque basta salir a la calle —no a los grandes discursos, sino a la realidad concreta— para entenderlo. El pequeño comerciante que prefiere no formalizarse, el profesional independiente que fragmenta sus ingresos para reducir su carga fiscal, la empresa mediana que posterga inversiones ante la incertidumbre tributaria. No son anomalías; son respuestas racionales. Cuando el sistema castiga la formalidad y grava con mayor intensidad al que produce, lo que emerge no es más equidad, sino más distorsión.

Y aquí conviene hacer una pausa conceptual que suele omitirse en el debate público. A diferencia de cualquier transacción en el mercado, donde el intercambio es voluntario y mutuamente beneficioso, la tributación opera bajo un principio de obligatoriedad. Esto no es una crítica retórica, sino una característica estructural: el Estado posee el monopolio de la exacción fiscal. Desde una perspectiva normativa, autores como Friedrich Hayek o Milton Friedman advirtieron que cuando ese poder no está estrictamente limitado, tiende a expandirse más allá de su justificación inicial, afectando la coordinación espontánea del mercado. En contraste, pensadores como Thomas Piketty defienden la progresividad fiscal como herramienta para corregir desigualdades. Colombia, sin embargo, parece atrapada en un punto intermedio donde se intenta redistribuir sin haber consolidado primero las condiciones para producir.

Los datos ayudan a aterrizar la discusión. Según el DANE, la informalidad laboral supera el 55% en muchas ciudades del país. La OCDE ha señalado reiteradamente que el sistema tributario colombiano es complejo, inequitativo y altamente dependiente de un grupo reducido de contribuyentes formales. A esto se suma una realidad institucional marcada por reformas fiscales recurrentes —más de una decena en las últimas dos décadas— que introducen incertidumbre y elevan los costos de planificación económica. No es solo cuánto se paga, sino la imposibilidad de anticipar cuánto se pagará mañana.

Pero el problema no termina en la estructura tributaria; se extiende a la calidad del gasto. Aquí el argumento adquiere un matiz aún más crítico. En teoría, la coerción fiscal puede encontrar legitimidad en la provisión eficiente de bienes públicos. Sin embargo, en Colombia, los indicadores de percepción cuentan otra historia. Transparencia Internacional ha ubicado al país en posiciones desfavorables en su índice de percepción de la corrupción, y los escándalos de malversación de recursos públicos son recurrentes. En ese contexto, el contribuyente no solo enfrenta una carga elevada, sino también una profunda desconfianza sobre el destino de sus recursos.

Y es precisamente esa desconfianza la que transforma la naturaleza del impuesto. Deja de percibirse como un aporte al bienestar colectivo y pasa a entenderse como una transferencia forzada sin retorno claro. Este cambio psicológico no es menor: erosiona la cultura tributaria, incentiva la evasión y debilita el vínculo entre ciudadano y Estado. La economía, en consecuencia, comienza a operar bajo una lógica defensiva.

Ahora bien, sería simplista reducir el problema a una condena absoluta de la tributación. Incluso en los marcos más orientados al libre mercado, se reconoce que existen bienes cuya provisión enfrenta fallas de coordinación, como la seguridad o la justicia. El punto crítico no es la existencia del impuesto, sino su límite. ¿Cuánto puede extraer el Estado sin desincentivar la producción? ¿En qué momento la tributación deja de financiar el desarrollo y comienza a sofocarlo?

La experiencia colombiana reciente sugiere que ese umbral está siendo tensionado. Las reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro han buscado aumentar la progresividad y ampliar la base de recaudo, especialmente sobre sectores considerados de alta rentabilidad. Sin embargo, los efectos sobre la inversión privada, particularmente en sectores estratégicos como el energético, han generado preocupación en distintos frentes económicos. La incertidumbre regulatoria, combinada con mayores cargas fiscales, no solo reduce el atractivo del país para el capital, sino que también limita la expansión de empresas locales.

Y aquí emerge una paradoja difícil de ignorar. En un intento por redistribuir riqueza, se debilitan los mecanismos que la generan. La economía no es un juego de suma cero, pero puede comportarse como tal cuando los incentivos se distorsionan. Si producir se vuelve menos rentable y progresar implica una carga fiscal creciente, el resultado no es mayor equidad, sino menor dinamismo económico.

En última instancia, el debate sobre los impuestos en Colombia exige una reflexión más profunda que trascienda la retórica política. No se trata de negar la necesidad del Estado, sino de cuestionar su forma de financiamiento y, sobre todo, sus límites. Porque cuando la tributación deja de ser un instrumento al servicio del desarrollo y se convierte en un fin en sí mismo, lo que está en riesgo no es solo la eficiencia económica, sino la legitimidad misma del sistema.

Y esa es, quizás, la advertencia más urgente: que una estructura fiscal diseñada sin consideración por los incentivos que regula no solo frena el crecimiento, sino que redefine silenciosamente el comportamiento de toda una sociedad. En ese escenario, el problema ya no es cuánto se paga, sino lo que se deja de construir.