Romper al árbitro

 

Hay momentos en la historia económica de un país en los que el conflicto deja de ser un simple desacuerdo técnico y se convierte en una señal profunda de fragilidad institucional. Colombia parece estar atravesando uno de ellos. La reciente confrontación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República no es, como se ha querido presentar, una diferencia legítima de opiniones sobre política monetaria. Es algo más delicado: la tensión entre la urgencia política del corto plazo y la disciplina económica del largo plazo, entre la voluntad de gobernar y la necesidad de limitar el poder.

En apariencia, la discusión gira en torno a una decisión concreta: el aumento de la tasa de interés para contener la inflación. Sin embargo, reducir el problema a esa medida sería ingenuo. Lo que está en juego es el rol del banco central como árbitro independiente, diseñado precisamente para evitar que el manejo del dinero se convierta en una herramienta subordinada a las presiones políticas. Desde la Constitución de 1991, Colombia adoptó un modelo que buscaba blindar la política monetaria de los ciclos electorales, aprendiendo de décadas de inflación crónica en América Latina. La lógica era simple pero contundente: ningún gobierno debería tener la tentación —ni la capacidad— de manipular la moneda para resolver problemas inmediatos a costa del futuro.

Pero aquí es donde la discusión se vuelve más interesante. Porque el argumento del gobierno no es irracional en su superficie. Tasas de interés altas encarecen el crédito, frenan el consumo, afectan la inversión y, en consecuencia, desaceleran la economía. En un país con altos niveles de informalidad, desigualdad y bajo crecimiento estructural, ese impacto se siente con mayor intensidad. La crítica de Petro apunta a algo que millones de colombianos perciben en su vida cotidiana: el crédito se vuelve inaccesible, los negocios se enfrían, y el alivio económico parece cada vez más distante.

Sin embargo, ese argumento, aunque comprensible, es incompleto. La inflación no es un fenómeno abstracto ni técnico; es un impuesto silencioso que golpea con mayor fuerza a quienes no tienen cómo protegerse. Cuando los precios suben de manera persistente, el salario real cae, el ahorro se erosiona y la incertidumbre se expande. Por eso economistas de distintas corrientes, desde Milton Friedman hasta Paul Krugman, han coincidido en algo fundamental: controlar la inflación es una condición necesaria para cualquier proyecto de desarrollo sostenible, incluso si en el corto plazo implica costos.

Lo verdaderamente disruptivo de la situación actual no es que exista una diferencia de criterio —eso es normal en cualquier democracia— sino la forma en que se está gestionando. Cuando el gobierno decide retirarse de la Junta Directiva del Banco, o cuestionar abiertamente su legitimidad, no está simplemente expresando desacuerdo; está alterando el equilibrio institucional. Y en economía, los equilibrios importan tanto como las decisiones. La credibilidad de un banco central no se construye con discursos, sino con la percepción de que sus decisiones no están sujetas a presiones políticas.

Aquí es donde la experiencia internacional ofrece lecciones incómodas. Países como Argentina o Turquía han mostrado lo que ocurre cuando la política monetaria pierde independencia: inflación desbordada, devaluación acelerada y pérdida de confianza. En contraste, economías que han protegido la autonomía de sus bancos centrales han logrado mayor estabilidad, incluso en contextos adversos. No es una cuestión ideológica, sino empírica. La evidencia acumulada durante décadas sugiere que la independencia del banco central reduce la inflación sin sacrificar crecimiento en el largo plazo (Alesina y Summers, 1993).

Pero el debate no se agota en la teoría ni en la evidencia comparada. Hay un elemento profundamente político que no puede ignorarse. El gobierno de Petro representa una ruptura con el establecimiento tradicional y, en ese sentido, su crítica al Banco de la República también es una crítica al modelo económico vigente. Desde esta perspectiva, el banco no es visto como un árbitro neutral, sino como una institución que refleja una visión específica de la economía, una que prioriza la estabilidad de precios sobre otros objetivos como el empleo o la redistribución.

Esa lectura, aunque discutible, conecta con una narrativa más amplia que ha ganado terreno en América Latina: la desconfianza hacia las instituciones técnicas y la reivindicación de la política como herramienta de transformación. Sin embargo, aquí surge una tensión fundamental. Si toda institución es reducida a una expresión de poder político, entonces desaparecen los contrapesos. Y sin contrapesos, el poder deja de ser gobernado para convertirse en dominante.

Volviendo al caso colombiano, lo que está ocurriendo no es simplemente un debate sobre tasas de interés, sino una redefinición implícita de las reglas del juego. Cuando se cuestiona la independencia del banco central, se envía una señal a los mercados, a los inversionistas y a los ciudadanos: las decisiones económicas podrían volverse impredecibles. Y en economía, la incertidumbre es uno de los costos más altos que puede enfrentar una sociedad. No se traduce inmediatamente en crisis, pero erosiona lentamente la confianza, que es, en última instancia, el activo más valioso de cualquier sistema económico.

Ahora bien, tampoco sería riguroso ignorar que los bancos centrales pueden equivocarse. La política monetaria no es una ciencia exacta, y sus decisiones tienen efectos distributivos reales. Subir tasas puede ser técnicamente correcto y socialmente costoso. Por eso el debate es legítimo y necesario. Lo que no es trivial es el método. Discutir, presionar, argumentar, incluso disentir públicamente, hace parte del juego democrático. Pero romper los canales institucionales o deslegitimar al árbitro introduce un riesgo mayor: el de transformar una diferencia técnica en una crisis de gobernanza.

En última instancia, lo que está en juego no es quién tiene la razón en el corto plazo, sino qué tipo de sistema queremos preservar. Uno en el que las reglas limitan el poder, incluso cuando esas reglas resultan incómodas, o uno en el que las decisiones se subordinan a la urgencia política del momento. La historia económica está llena de ejemplos donde la segunda opción resultó atractiva en el presente y devastadora en el futuro.

Colombia no está condenada a repetir esos errores, pero tampoco está inmunizada contra ellos. La fortaleza de sus instituciones ha sido, durante décadas, uno de sus principales activos. Debilitar ese activo en nombre de una discusión coyuntural puede resultar un costo demasiado alto. Porque al final, romper al árbitro no hace que el juego sea más justo; solo lo vuelve más incierto.