Premiar al delincuente, castigar al ciudadano

 

En Colombia se ha instalado una narrativa cómoda, casi automática, para explicar el aumento de la delincuencia urbana: la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades. Es un diagnóstico políticamente rentable porque desplaza la responsabilidad hacia factores difusos e impersonales. Sin embargo, esa explicación omite un elemento mucho más incómodo: los incentivos institucionales creados desde el propio Estado, que terminan moldeando el comportamiento de quienes operan dentro y fuera de la ley. Cuando el crimen percibe beneficios, indulgencia o incluso legitimidad política, deja de ser un riesgo alto y se convierte en una estrategia racional.

La política de “paz total”, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, parte de una premisa que, en teoría, busca reducir la violencia mediante negociación y reincorporación. No obstante, en la práctica, ha generado señales ambiguas. La designación de criminales como “gestores de paz”, el otorgamiento de beneficios jurídicos o la flexibilización del castigo envían un mensaje claro: delinquir puede tener recompensa. En términos económicos, esto altera la estructura de costos y beneficios del delito. Si el castigo se reduce o se posterga indefinidamente, el costo esperado de delinquir cae, y con ello aumenta su incidencia.

Este fenómeno no es nuevo. Ya Gary Becker explicó que el crimen responde a incentivos racionales. No se trata de justificarlo, sino de entender que quienes delinquen también evalúan riesgos y beneficios. Cuando el Estado falla en garantizar castigo efectivo y, peor aún, introduce beneficios selectivos, el equilibrio se rompe. El delincuente no necesita mayor sofisticación teórica para entender que el sistema juega a su favor.

Pero el problema es aún más estructural. La seguridad y la justicia en Colombia operan bajo un monopolio estatal rígido. No existe competencia en la provisión de estos servicios, ni mecanismos claros de rendición de cuentas frente al ciudadano. A diferencia de cualquier mercado funcional, donde la ineficiencia se castiga con la salida del proveedor, en el ámbito estatal la ineficiencia se perpetúa mediante presupuesto público. El ciudadano no puede “elegir” otro proveedor de seguridad; está obligado a financiar uno que falla sistemáticamente.

Aquí es donde la discusión sobre los derechos de propiedad cobra relevancia. Los espacios públicos —calles, parques, zonas urbanas— son administrados por el Estado bajo una lógica difusa de propiedad colectiva que, en la práctica, diluye la responsabilidad. Cuando algo es de todos, termina siendo de nadie. No hay un titular claro que tenga incentivos directos para proteger, vigilar o invertir en seguridad. Este vacío se traduce en deterioro, abandono y, eventualmente, control por parte de actores ilegales.

La evidencia empírica en ciudades colombianas es contundente: zonas con menor presencia efectiva de autoridad o con administración deficiente tienden a convertirse en focos de delincuencia. No porque la pobreza “cree” crimen automáticamente, sino porque la ausencia de control efectivo reduce el costo de delinquir. En contraste, espacios con vigilancia privada, regulación clara y responsabilidad directa muestran niveles significativamente menores de criminalidad. La diferencia no está en la moral de los individuos, sino en las reglas del juego.

El discurso político, sin embargo, insiste en soluciones que profundizan el problema. Programas asistencialistas sin evaluación rigurosa, negociaciones con actores armados sin garantías de cumplimiento y reformas que debilitan la capacidad coercitiva del Estado terminan reforzando el ciclo. En lugar de aumentar el costo del delito, lo reducen. En lugar de proteger al ciudadano, lo exponen.

Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿está el Estado fallando por incapacidad o por diseño de incentivos? Cuando las políticas públicas generan resultados opuestos a los objetivos declarados, es legítimo cuestionar si el problema es técnico o estructural. La persistencia de la inseguridad, pese al aumento del gasto público, sugiere que no se trata simplemente de “más recursos”, sino de cómo están organizados y qué incentivos generan.

Una alternativa seria exige replantear el enfoque. No basta con endurecer discursos o aumentar presupuestos. Es necesario introducir mecanismos de responsabilidad real, donde quienes proveen seguridad enfrenten consecuencias por su desempeño. También implica fortalecer los derechos de propiedad, incluso en espacios urbanos, de modo que existan incentivos claros para su cuidado y protección. Y, sobre todo, eliminar cualquier política que premie directa o indirectamente la actividad criminal.

Porque al final, la seguridad no es un asunto de retórica moral, sino de estructura institucional. Mientras delinquir siga siendo, en ciertos contextos, una opción racionalmente rentable, ningún discurso político logrará revertir la tendencia. El problema no es solo quién delinque, sino qué sistema está haciendo que delinquir tenga sentido.