Palabras Prohibidas

 

Hay palabras que no se dicen, no porque sean incorrectas, sino porque son inconvenientes. En Colombia, el debate económico no está censurado formalmente, pero sí condicionado por un clima intelectual donde ciertos términos generan rechazo automático. No son insultos, pero funcionan como detonantes ideológicos. La economía, cuando entra en la conversación pública, deja de ser un lenguaje técnico y se convierte en un campo de disputa donde lo que se puede decir depende menos de su veracidad y más de su compatibilidad con el pensamiento dominante.

Ese pensamiento dominante no surge espontáneamente; se construye, se refuerza y se reproduce. En gran medida, los medios de comunicación juegan un papel determinante en ese proceso. No necesariamente por una conspiración explícita, sino por una combinación de sesgos, desconocimiento técnico y agendas editoriales. En Colombia, es cada vez más común observar piezas periodísticas —especialmente en formatos de “experimentos sociales” o entrevistas callejeras— donde la pregunta no es neutral, sino inducida. Se formulan interrogantes que ya contienen una carga ideológica implícita, orientadas a provocar respuestas alineadas con una visión estatista o redistributiva, como si esa fuera la reacción “natural” de la ciudadanía.

El problema no es solo la pregunta, sino el marco en el que se presenta. Cuando se le pregunta a un ciudadano si “está de acuerdo con que el Estado ayude más a la gente subiendo impuestos a los ricos”, la estructura misma de la pregunta condiciona la respuesta. No se plantea el costo de oportunidad, no se discuten los efectos sobre inversión, empleo o evasión, no se introduce el concepto de incentivos. Se apela a una intuición moral inmediata. El resultado es predecible: respuestas que refuerzan la narrativa del intervencionismo como solución universal. No porque haya un análisis detrás, sino porque el lenguaje ya hizo el trabajo.

Pero este fenómeno no se limita a los medios. También se manifiesta en la recepción pasiva de la información. Muchas personas otorgan legitimidad automática a quien formula la pregunta simplemente por su rol de “periodista”, sin cuestionar el contenido, la intención o la profundidad del análisis. Se confunde visibilidad con conocimiento. Y en ese entorno, el pensamiento crítico se diluye, reemplazado por una aceptación casi mecánica de lo que suena socialmente correcto.

Un ejemplo reciente ilustra con claridad esta dinámica. La decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés generó una ola de críticas en redes sociales, medios y entrevistas callejeras. Muchos calificaron la medida como perjudicial, insensible o incluso “anti-popular”. Sin embargo, lo que predominó en esas reacciones fue la ausencia de comprensión sobre el mecanismo económico detrás de la decisión. El aumento de tasas no es un capricho técnico ni una agresión deliberada al consumo; es una herramienta clásica de política monetaria para contener la inflación.

La inflación, que en Colombia ha superado niveles del 10% anual en periodos recientes según el DANE, no es simplemente un dato macroeconómico: es una erosión directa del poder adquisitivo, especialmente para los sectores más vulnerables. Cuando el banco central eleva las tasas, encarece el crédito, reduce el consumo y enfría la economía. Es una medida impopular en el corto plazo, pero necesaria para evitar un deterioro mayor en el mediano plazo. Este principio, ampliamente documentado en la literatura económica y aplicado por bancos centrales en todo el mundo, se pierde en el ruido mediático.

Aquí es donde aparecen, nuevamente, las “palabras prohibidas”. Inflación, tasas de interés, política monetaria, expectativas, credibilidad institucional. Son conceptos que requieren un mínimo de alfabetización económica para ser comprendidos, pero que rara vez se explican con rigor en el debate público. En su lugar, se simplifican hasta el punto de distorsión. Se presenta la subida de tasas como una decisión aislada, desconectada de sus causas y consecuencias, y se juzga desde una perspectiva emocional inmediata.

Lo más preocupante no es la crítica en sí —cuestionar decisiones es saludable—, sino la base sobre la cual se construye esa crítica. Cuando el rechazo se fundamenta en la incomprensión, el debate deja de ser deliberativo y se convierte en reactivo. Y en ese entorno, el pensamiento dominante se consolida no por su solidez, sino por su repetición.

Este fenómeno tiene implicaciones profundas. Una sociedad que no internaliza conceptos básicos como escasez, costo de oportunidad o incentivos está condenada a interpretar la realidad económica de forma fragmentada. Y cuando esa interpretación se convierte en consenso, las políticas públicas tienden a responder más a percepciones que a diagnósticos. El resultado es un ciclo donde las decisiones económicas se diseñan para satisfacer expectativas inmediatas, aunque comprometan la estabilidad futura.

No se trata de idealizar el mercado ni de demonizar al Estado. Se trata de reconocer que la economía opera bajo principios que no desaparecen por ser ignorados. Como advertía Milton Friedman, ignorar las consecuencias a largo plazo en favor de beneficios inmediatos es una de las principales fuentes de error en política económica. Y en Colombia, ese error se amplifica cuando el lenguaje que permitiría entender esas consecuencias es sistemáticamente evitado o distorsionado.

La vida cotidiana, sin embargo, sigue obedeciendo a esos principios. El ciudadano que ve subir los precios en el supermercado, el empresario que pospone una inversión por incertidumbre, el trabajador que evalúa si formalizarse le conviene, todos están interactuando con variables económicas reales. Pero sin el lenguaje adecuado para interpretarlas, esas experiencias se traducen en percepciones aisladas, no en comprensión estructural.

Y ahí radica el problema de fondo. No es que existan palabras malsonantes en economía. Es que hay conceptos que, al ser comprendidos, obligan a cuestionar narrativas cómodas. El pensamiento dominante no se impone solo por convicción, sino por repetición, por simplificación y por la ausencia de contradicción informada.

Colombia no necesita menos debate económico, necesita mejor debate. Uno donde las preguntas no estén diseñadas para confirmar prejuicios, donde las respuestas no se validen por quién las dice sino por su coherencia, y donde el lenguaje económico recupere su lugar como herramienta de comprensión, no como objeto de sospecha.

Porque al final, las palabras no incomodan por su forma, sino por lo que revelan. Y en un país donde muchas decisiones dependen de cómo se interpretan esas palabras, aprender a nombrarlas con precisión no es un lujo académico, es una necesidad política.