La trampa del 1%

En Colombia se ha vuelto casi un axioma político repetir que “el 1% posee casi toda la tierra” y que, por tanto, la solución natural es redistribuirla. La frase, poderosa en lo retórico, funciona como un atajo intelectual que evita una pregunta más incómoda: ¿cómo se formó esa concentración y qué mecanismos la sostienen? Porque en economía, como en derecho, el origen importa tanto como el resultado. Y sin embargo, el debate público ha preferido simplificar la realidad en una narrativa moral donde hay culpables evidentes y soluciones aparentemente obvias.

Es necesario partir de un punto que suele omitirse deliberadamente: Colombia no es, ni ha sido, un ejemplo histórico de libre mercado en el sentido estricto del término. La formación de la propiedad rural en el país ha estado profundamente marcada por procesos políticos, violencia, informalidad jurídica y privilegios institucionales. Desde las adjudicaciones de baldíos en el siglo XIX hasta los fenómenos de despojo documentados por entidades como la Comisión de la Verdad, el patrón no es el de un mercado competitivo donde individuos intercambian voluntariamente, sino el de un sistema donde el poder —armado o político— ha determinado quién posee qué.

Este matiz cambia completamente la interpretación del problema. Porque si la concentración de la tierra no es producto de un mercado libre, sino de distorsiones estructurales, entonces atribuirla al “capitalismo” no solo es conceptualmente incorrecto, sino políticamente peligroso. Se combate un fenómeno real con un diagnóstico equivocado, y cuando eso ocurre, las soluciones tienden a agravar el problema que dicen resolver.

Aquí conviene introducir una distinción que rara vez aparece en el discurso público: no toda riqueza es igual. Existe una diferencia sustancial entre la riqueza generada mediante procesos de mercado —donde la ganancia es el resultado de servir a otros— y la riqueza obtenida mediante privilegios políticos o captura institucional. Esta idea, desarrollada por economistas como Ludwig von Mises y posteriormente ampliada por Friedrich Hayek, no es un tecnicismo académico; es el eje central para entender por qué algunas economías prosperan mientras otras se estancan.

Y es precisamente en este punto donde la narrativa del 1% empieza a resquebrajarse. Porque al observar los datos de concentración de riqueza —frecuentemente citados en informes de organizaciones como Oxfam o el Banco Mundial— se incurre en un error metodológico recurrente: se mide la distribución sin analizar el proceso de formación. En otras palabras, se observa la foto, pero se ignora la película. Economistas contemporáneos como Thomas Piketty han popularizado esta aproximación, enfatizando la acumulación de capital en la cima, pero sin distinguir suficientemente entre acumulación productiva y acumulación protegida por el Estado.

En Colombia, esa diferencia es crítica. El gran propietario rural no necesariamente es el resultado de décadas de innovación agrícola o eficiencia productiva, sino muchas veces de una historia de acceso privilegiado a tierra, crédito subsidiado, protección regulatoria o, en los casos más graves, despojo. Pero esta realidad no valida automáticamente la solución redistributiva. Porque redistribuir sin corregir las causas institucionales es, en el mejor de los casos, un paliativo temporal, y en el peor, una nueva forma de asignación política de recursos.

El problema de fondo no es que haya ricos, sino cómo se hacen ricos. Y aquí el análisis económico ofrece una herramienta que rara vez se menciona en el debate político colombiano: el Efecto Cantillon. Este principio explica que la expansión monetaria beneficia primero a quienes están más cerca del sistema financiero —bancos, grandes empresas, el propio Estado— mientras que los sectores más alejados, como los trabajadores rurales o informales, enfrentan el aumento de precios sin haber recibido el nuevo dinero. Es un mecanismo silencioso de transferencia de riqueza que no pasa por el Congreso, pero que tiene efectos distributivos profundos.

Así, mientras el debate político se centra en la redistribución de la tierra, se ignoran otras formas más sofisticadas —y menos visibles— de concentración de riqueza. La inflación, el acceso desigual al crédito, las barreras regulatorias que impiden la formalización de pequeños productores, y la inseguridad jurídica sobre la propiedad, son factores que perpetúan la desigualdad mucho más allá de la estructura agraria.

Pero el discurso dominante necesita una narrativa simple, y el 1% cumple perfectamente ese rol. Es un símbolo eficaz, pero engañoso. Porque al reducir el problema a una cuestión de concentración, se invisibiliza el entramado institucional que la produce. Y peor aún, se legitima la idea de que la solución es simplemente redistribuir, como si la riqueza fuera un recurso estático y no el resultado de procesos dinámicos de producción, inversión y coordinación social.

En este contexto, las propuestas de reforma agraria en Colombia, impulsadas con fuerza en el actual escenario político, enfrentan un dilema estructural. Si se limitan a transferir propiedad sin garantizar seguridad jurídica, acceso a mercados, infraestructura y estabilidad institucional, corren el riesgo de replicar fracasos históricos. La evidencia empírica en América Latina es clara: la redistribución de tierras sin un entorno institucional sólido no genera prosperidad sostenible, sino fragmentación productiva y, en muchos casos, retorno a la informalidad.

Y aquí aparece una paradoja que merece ser discutida con mayor rigor. Los mismos sectores que critican la concentración de riqueza suelen defender políticas que, indirectamente, la refuerzan. Regulaciones complejas, impuestos distorsivos y barreras de entrada terminan beneficiando a los actores más grandes, que sí tienen la capacidad de adaptarse, mientras expulsan a los pequeños del mercado. Es una forma de desigualdad que no se mide en hectáreas, pero que se manifiesta en oportunidades.

Colombia, en ese sentido, no enfrenta un problema de exceso de mercado, sino de su ausencia en amplios sectores de la economía. La informalidad laboral, que supera el 50% en muchas regiones según el DANE, es una evidencia de ello. No se trata de trabajadores que rechazan el sistema, sino de un sistema que les impide entrar. Y mientras esto no cambie, cualquier intento de redistribución será, en el mejor de los casos, una solución superficial.

La discusión sobre el 1% debería, entonces, reformularse. No como una batalla entre ricos y pobres, sino como un análisis de las reglas del juego. ¿Quién define esas reglas? ¿A quién benefician? ¿Permiten la movilidad social o la bloquean? Porque en última instancia, una economía no se juzga por la igualdad de resultados, sino por la apertura de oportunidades.

Reducir el debate a la redistribución es políticamente rentable, pero intelectualmente insuficiente. Y en un país como Colombia, donde la historia económica está atravesada por la intervención, la violencia y la captura institucional, insistir en soluciones simplistas puede terminar consolidando las mismas estructuras que se pretende desmontar.

La verdadera pregunta no es por qué el 1% tiene tanto, sino por qué el 99% no tiene más. Y esa es una pregunta que no se responde repartiendo, sino liberando las condiciones para producir, intercambiar y prosperar sin interferencias que distorsionen el juego desde su origen.