La guerra contra los inocentes

 

Hay una trampa intelectual que Colombia no ha terminado de desmontar: creer que la legitimidad del uso de la fuerza depende de quién la ejerce y no de contra quién se ejerce. Durante décadas, el país ha oscilado entre narrativas que justifican la violencia en nombre del orden, la seguridad, la paz o incluso la justicia social. Pero si hay un punto de partida ético que debería ser innegociable —y que, sin embargo, ha sido sistemáticamente vulnerado— es este: lo cuestionable no es la fuerza en sí, sino su uso contra personas pacíficas e inocentes.

Esa distinción, que puede parecer elemental, se diluye con facilidad en contextos donde el lenguaje político se convierte en instrumento de legitimación. Desde la doctrina clásica de la guerra justa, articulada por Santo Tomás de Aquino, hasta los desarrollos modernos del derecho internacional, se ha intentado establecer criterios que diferencien la violencia legítima de la ilegítima. Sin embargo, la experiencia colombiana muestra que esos criterios, en la práctica, se reinterpretan, se flexibilizan o simplemente se ignoran cuando entran en tensión con intereses estratégicos o narrativas ideológicas dominantes.

Basta recordar uno de los episodios más oscuros de la historia reciente: los llamados “falsos positivos”. En ese fenómeno, miembros de la fuerza pública asesinaron civiles inocentes para presentarlos como combatientes abatidos, inflando resultados operacionales en el marco del conflicto armado. Más allá de la condena judicial y social que estos hechos han recibido, lo que revelan es algo más profundo: cuando el sistema de incentivos se distorsiona, la línea que separa al agresor del inocente deja de ser un límite moral y se convierte en una variable manipulable. En términos estrictos, no hubo allí un “exceso” en la guerra, sino una negación completa del principio que debería regir cualquier uso legítimo de la fuerza.

Pero sería un error cómodo reducir este problema a desviaciones puntuales o a responsabilidades individuales. La cuestión es estructural. El Estado, como monopolio de la violencia, opera bajo lógicas agregadas que tienden a diluir la responsabilidad moral. En nombre del “interés general” o la “seguridad nacional”, se adoptan decisiones cuyos costos recaen sobre individuos concretos que no han agredido a nadie. En este punto, la crítica de Murray Rothbard resulta especialmente incisiva: ninguna institución, por más legitimidad formal que reclame, adquiere el derecho de violar principios que serían inaceptables a nivel individual. Si un acto es injusto cuando lo comete una persona, no se vuelve justo cuando lo ejecuta un Estado.

Este argumento adquiere una relevancia particular en el contexto actual colombiano. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, se ha impulsado la política de “paz total”, un enfoque que busca negociar simultáneamente con diversos actores armados. La intención, en apariencia, es reducir la violencia; sin embargo, el problema ético no desaparece, solo se transforma. Cuando el Estado decide con quién negociar, a quién conceder beneficios jurídicos y bajo qué condiciones suspender operaciones militares, inevitablemente redefine —de facto— quién es tratado como agresor y quién como interlocutor legítimo. En ese proceso, las víctimas inocentes corren el riesgo de convertirse en una variable secundaria frente a objetivos políticos más amplios.

Al mismo tiempo, en las regiones donde persisten estructuras armadas ilegales, la población civil sigue atrapada en una lógica que no controla. Extorsiones, confinamientos, reclutamiento forzado y desplazamientos continúan afectando a comunidades enteras. Desde la perspectiva de un habitante rural, la distinción entre Estado y grupo armado puede volverse difusa cuando ambos, en distintos momentos, ejercen coerción sobre su vida cotidiana. En ese escenario, la pregunta relevante no es quién tiene la autoridad formal, sino quién respeta efectivamente la condición de inocente.

Es aquí donde la reflexión libertaria introduce una incomodidad necesaria. A diferencia de enfoques que priorizan la estabilidad institucional o la eficacia estratégica, el libertarismo insiste en un criterio más exigente: la inviolabilidad del individuo. Robert Nozick, aunque más moderado que Rothbard, planteaba que incluso un Estado mínimo debe justificarse exclusivamente en la protección de derechos. Pero la realidad muestra que, en contextos de conflicto, esa función se expande, se distorsiona y, en ocasiones, se invierte. El aparato que debería proteger a los ciudadanos termina, directa o indirectamente, vulnerando sus derechos.

Sin embargo, esta crítica no implica una negación ingenua de la necesidad de defensa. Colombia enfrenta amenazas reales: grupos armados, economías ilegales, redes criminales que no dudan en emplear la violencia. La cuestión no es si el Estado debe responder, sino cómo lo hace. Y aquí la línea vuelve a ser la misma: cualquier uso de la fuerza que afecte a quienes no han agredido pierde su legitimidad, independientemente de la causa que lo motive. No se trata de un estándar idealista, sino de una condición mínima para evitar que la violencia, en lugar de contenerse, se reproduzca.

El problema es que este estándar choca con la forma en que tradicionalmente se han concebido las políticas de seguridad. Estrategias basadas en resultados cuantificables, presión operativa y control territorial tienden a priorizar indicadores sobre principios. Cuando el éxito se mide en capturas, bajas o desmovilizaciones, el riesgo de instrumentalizar a los individuos aumenta. La historia reciente del país demuestra que, sin límites éticos claros, esos incentivos pueden derivar en violaciones sistemáticas de derechos.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la legitimidad de una política o de un gobierno, sino la coherencia moral de una sociedad. Aceptar, justificar o relativizar la violencia contra inocentes —ya sea en nombre de la seguridad, la paz o cualquier otro objetivo— implica erosionar el fundamento mismo de los derechos que se pretende proteger. Y esa erosión no es abstracta: se traduce en vidas truncadas, comunidades fracturadas y una desconfianza estructural que dificulta cualquier proyecto de convivencia.

Colombia no necesita redefinir permanentemente sus enemigos; necesita redefinir sus límites. Mientras no exista un consenso claro e inquebrantable sobre la inadmisibilidad de la violencia contra quienes no han agredido, cualquier discurso sobre guerra justa o paz sostenible seguirá siendo, en el mejor de los casos, incompleto. Porque al final, la verdadera medida de la justicia en un conflicto no está en la nobleza de sus fines, sino en el respeto irrestricto por aquellos que nunca debieron ser parte de él.