Importamos causas, exportamos pobreza

 

Hay una paradoja incómoda que define el momento actual de Colombia: mientras el país aún no resuelve sus fallas estructurales más básicas —informalidad laboral persistente, baja productividad, debilidad institucional, inseguridad jurídica— adopta con entusiasmo narrativas globales que responden a preocupaciones propias de economías que ya resolvieron, al menos parcialmente, esos problemas. No se trata de negar la relevancia de fenómenos como el cambio climático ni de desconocer la necesidad de transiciones energéticas, sino de cuestionar la jerarquía de prioridades y, sobre todo, la forma acrítica en que se importan discursos internacionales sin un análisis riguroso de su pertinencia en el contexto colombiano.

El origen de este fenómeno no es reciente. Puede rastrearse, al menos conceptualmente, hasta la Ilustración, cuando emergieron ideas de pretensión universal que, con el tiempo, evolucionaron en estándares normativos globales. Hoy, esos estándares ya no se limitan a derechos políticos, sino que incluyen agendas económicas, ambientales y sociales. Lo problemático no es su existencia, sino su transformación en dogmas incuestionables dentro del debate público local, como si la adopción de estas narrativas fuera sinónimo automático de progreso o legitimidad internacional.

Basta observar el giro reciente en la política energética colombiana. En un país donde los hidrocarburos han representado históricamente cerca del 40% de las exportaciones y una porción significativa de los ingresos fiscales (DANE, Banco de la República), la idea de una transición acelerada hacia energías limpias ha sido promovida más como una consigna política que como una estrategia económica integral. El discurso dominante, alineado con tendencias globales y reforzado por figuras como Gustavo Petro, plantea la necesidad de abandonar progresivamente la dependencia del petróleo y el carbón. Sin embargo, la pregunta fundamental rara vez se responde con rigor técnico: ¿con qué se reemplazan esos ingresos en el corto y mediano plazo?

La experiencia internacional sugiere que las transiciones energéticas exitosas han sido graduales, respaldadas por altos niveles de capital, tecnología y estabilidad institucional. Países como Alemania han invertido durante décadas en infraestructura y subsidios para energías renovables, con costos fiscales significativos que solo economías altamente productivas pueden sostener. Pretender replicar ese modelo en Colombia, sin las mismas capacidades fiscales ni tecnológicas, no es una muestra de compromiso ambiental, sino una forma de voluntarismo político.

Y aquí emerge un elemento más profundo: la adopción de estas narrativas responde menos a una evaluación costo-beneficio y más a una lógica de legitimación. En el escenario internacional, alinearse con agendas como la descarbonización o la “justicia climática” otorga reconocimiento simbólico y posicionamiento político. Sin embargo, ese reconocimiento no se traduce necesariamente en inversión, crecimiento o bienestar. En otras palabras, Colombia está compitiendo por prestigio discursivo mientras pierde competitividad económica.

Este patrón no se limita al ámbito energético. La discusión sobre inversión extranjera, por ejemplo, ha sido desplazada por un lenguaje cargado de sospecha hacia el capital privado, especialmente en sectores extractivos. La incertidumbre regulatoria, los cambios abruptos en reglas de juego y la retórica política adversa han contribuido a un entorno menos atractivo para la inversión, en un momento en que el país necesita precisamente lo contrario. Según informes recientes del Banco Mundial y la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina muestra una tendencia de relocalización hacia economías con mayor estabilidad jurídica y claridad regulatoria. Colombia, en cambio, parece moverse en dirección opuesta.

Resulta irónico que, mientras se adoptan discursos globales sobre sostenibilidad y equidad, se descuiden las condiciones básicas que permiten materializar cualquier política pública: crecimiento económico, generación de empleo formal y fortalecimiento institucional. La historia económica es clara en este punto: sin acumulación de capital y sin incentivos claros para la inversión, las políticas redistributivas o ambientales se convierten en promesas insostenibles.

En este contexto, la influencia de corrientes ideológicas globales también merece atención. Intelectuales contemporáneos como Thomas Piketty han popularizado narrativas sobre desigualdad que, aunque relevantes, son aplicadas en Colombia sin considerar las diferencias estructurales entre economías desarrolladas y emergentes. Mientras en Europa el debate gira en torno a la redistribución de riqueza existente, en Colombia el problema sigue siendo, en gran medida, la creación de riqueza. Confundir ambos diagnósticos conduce a políticas que priorizan la repartición sobre la producción.

Pero quizás el aspecto más preocupante no es la adopción de estas agendas en sí, sino la forma en que desplazan el debate público interno. Problemas como la informalidad —que supera el 50% en muchas regiones—, la baja calidad educativa o la inseguridad rural quedan relegados frente a discusiones que, aunque importantes, no son urgentes en la misma escala. Es como si el país hubiera decidido hablar el lenguaje del primer mundo sin haber resuelto aún los problemas del tercero.

Esta desconexión tiene consecuencias reales. Cuando un joven en Barranquilla, Medellín o cualquier región del país enfrenta la falta de oportunidades laborales, difícilmente encontrará una solución en discursos sobre transición energética o acuerdos climáticos internacionales. Su realidad está más vinculada a la capacidad del país para generar empleo, atraer inversión y garantizar estabilidad. Sin embargo, esas variables parecen perder protagonismo frente a narrativas que, aunque moralmente atractivas, carecen de impacto inmediato en su vida cotidiana.

No se trata, entonces, de rechazar el cambio climático como problema global ni de negar la necesidad de evolucionar hacia modelos más sostenibles. Se trata de recuperar una jerarquía racional de prioridades y de entender que las políticas públicas no pueden construirse sobre aspiraciones simbólicas desconectadas de la realidad económica. Colombia no necesita menos debate global, sino más criterio local.

La verdadera discusión debería centrarse en cómo integrar estas agendas de manera coherente con las necesidades del país, sin sacrificar su estabilidad económica ni su capacidad de crecimiento. Porque cuando un país en desarrollo adopta prioridades de economías desarrolladas sin tener sus fundamentos, el resultado no es progreso acelerado, sino estancamiento disfrazado de virtud.

Y ahí radica el riesgo más grande: confundir discurso con desarrollo, narrativa con progreso, y reconocimiento internacional con bienestar interno. Colombia no está fallando por falta de ideas globales, sino por exceso de ellas sin adaptación. En esa brecha entre lo que se dice y lo que realmente se necesita, es donde se está jugando su futuro.