Idealismo sin cálculo

 

En Colombia se ha instalado una paradoja que merece una reflexión menos visceral y más rigurosa: una parte de la juventud, organizada o no, abraza marcos ideológicos de izquierda con una convicción moral intensa, pero con una evaluación económica frecuentemente incompleta de los costos, los incentivos y las restricciones que enfrentan esas propuestas cuando se convierten en política pública. No se trata de negar la legitimidad de sus preocupaciones —desigualdad, acceso a educación, precariedad laboral—, sino de examinar con precisión si los instrumentos que respaldan son coherentes con los resultados que esperan.

Para aterrizar el debate, conviene empezar por los hechos básicos del entorno. Colombia hoy convive con una inflación que, aunque ha cedido respecto a sus picos recientes, erosionó el salario real durante varios trimestres; con un mercado laboral que muestra tasas de desempleo moderadas pero con una informalidad persistente superior al 50% en varias ciudades; y con un crecimiento económico que ha perdido dinamismo frente a la década previa. Estas tres variables —inflación, informalidad y bajo crecimiento— no son anécdotas: constituyen el triángulo que define las oportunidades reales de los jóvenes. Ignorarlo conduce a diagnósticos incompletos.

Ahora bien, en ese contexto, movimientos estudiantiles y organizaciones juveniles como la Juventud Comunista Colombiana cumplen un rol histórico en la politización y movilización. Han sido semilleros de liderazgo, espacios de debate y canales de presión social. El problema no es su existencia ni su activismo, sino la calidad del marco analítico que sustenta las propuestas que impulsan o respaldan. Cuando el discurso se centra más en la deslegitimación del adversario que en la consistencia de las soluciones, se empobrece el debate público y se pierde la oportunidad de construir políticas robustas.

Aquí aparece una tensión clásica entre intenciones y resultados. La tradición socialista —desde Karl Marx hasta sus reinterpretaciones contemporáneas— pone el acento en la redistribución y la corrección de desigualdades. Sin embargo, la evidencia empírica acumulada en economías abiertas y de ingreso medio sugiere que la redistribución sin expansión sostenida de la productividad termina siendo un juego de suma cero, o peor, un proceso que desincentiva la inversión y reduce el tamaño del pastel a repartir. Esta no es una afirmación ideológica, sino una regularidad observada en múltiples contextos.

La economía política ayuda a entender por qué. Las políticas públicas no operan en el vacío; modifican incentivos. Aumentar cargas regulatorias o tributarias sin mejorar la eficiencia del gasto puede reducir la formalización empresarial; controles de precios mal diseñados pueden generar escasez; incertidumbre regulatoria puede frenar decisiones de inversión. Estos mecanismos no son teóricos: se manifiestan en decisiones cotidianas de empresas que posponen contrataciones, de emprendedores que no formalizan sus negocios o de inversionistas que reorientan capital hacia entornos más predecibles. El resultado agregado se traduce en menos oportunidades laborales de calidad, precisamente para los jóvenes que buscan insertarse en el mercado.

En este punto conviene introducir un matiz importante para no caer en caricaturas. No toda política de izquierda conduce automáticamente a deterioro económico, ni toda política de mercado garantiza prosperidad. La diferencia la marcan el diseño, la secuencia y la disciplina institucional. Países que combinan apertura económica con redes de protección social bien focalizadas han logrado avances sostenidos. La pregunta, entonces, no es “izquierda o derecha” en abstracto, sino qué conjunto de políticas, bajo qué restricciones fiscales y con qué calidad institucional, maximiza el bienestar en el contexto colombiano.

Sin embargo, en el debate juvenil colombiano se observa con frecuencia una simplificación: la creencia de que basta con “querer redistribuir” para que la redistribución sea viable y sostenible. Aquí emerge otro problema analítico: la subestimación de las restricciones presupuestales. El Estado no es una fuente ilimitada de recursos; depende de la base productiva y de la capacidad de recaudo. Promesas amplias de gasto sin una estrategia clara de crecimiento y formalización suelen desembocar en déficits persistentes o en aumentos de carga impositiva que terminan afectando la inversión y el empleo. De nuevo, el costo recae desproporcionadamente sobre los jóvenes.

Hay también un componente comunicacional que no es menor. En ciertos espacios, el discurso político se estructura más alrededor de la crítica a candidatos o corrientes opuestas que alrededor de la exposición detallada de propuestas propias. Esa estrategia puede ser eficaz en el corto plazo para movilizar emociones, pero es débil para construir legitimidad programática. Cuando se examinan con lupa las políticas —reforma laboral, transición energética, cambios en salud o pensiones—, lo que importa no es la narrativa, sino la consistencia técnica, los supuestos implícitos y los efectos de equilibrio general.

Traer a colación referentes internacionales puede ayudar a elevar el nivel del análisis. Pensadores como Friedrich Hayek o Milton Friedman advirtieron sobre los riesgos de intervenciones que distorsionan señales de precios y reducen la libertad de elección, mientras que economistas de corte más intervencionista han defendido el rol del Estado en corregir fallas de mercado. El punto no es adherir dogmáticamente a uno u otro, sino reconocer que las advertencias sobre incentivos, información dispersa y límites del conocimiento siguen siendo relevantes cuando se diseñan políticas en entornos complejos.

Volviendo al terreno cotidiano, basta observar decisiones concretas de jóvenes colombianos para entender la magnitud del desafío. Profesionales recién graduados que encadenan contratos temporales sin estabilidad; emprendedores que operan en la informalidad por costos de formalización; técnicos y tecnólogos que migran buscando mejores salarios reales. Estos fenómenos no responden a consignas ideológicas, sino a estructuras de incentivos. Si las políticas públicas no mejoran esas estructuras, cualquier promesa de justicia social se queda en el plano declarativo.

La migración, en particular, merece una reflexión sobria. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Colombia, pero se intensifica cuando la brecha entre expectativas y oportunidades se amplía. Cuando el crecimiento es débil, la inflación erosiona ingresos y la formalidad no despega, la opción de buscar horizontes en el exterior se vuelve racional desde el punto de vista individual. Ninguna narrativa política cambia ese cálculo si los fundamentales económicos no acompañan.

Llegados a este punto, la discusión debería desplazarse del terreno de las etiquetas al de la coherencia. ¿Las propuestas que se defienden consideran el impacto sobre inversión, empleo y productividad? ¿Se evalúan los costos de transición y los riesgos de implementación? ¿Se reconocen las restricciones fiscales y la capacidad institucional del Estado colombiano? Estas preguntas son más exigentes que cualquier consigna, pero también son las únicas que permiten construir un proyecto de país sostenible.

En síntesis, el debate sobre los jóvenes alineados con ideologías de izquierda en Colombia no debería reducirse a una confrontación identitaria, sino a un examen crítico de la relación entre intenciones, instrumentos y resultados. El idealismo es un motor valioso, pero sin cálculo económico puede convertirse en un atajo hacia resultados opuestos a los deseados. Y en una economía con alta informalidad, crecimiento frágil y presión inflacionaria, los márgenes de error no son amplios. La responsabilidad intelectual —de unos y otros— es estar a la altura de esa complejidad.