Gobernar sin costo

Hay una idea incómoda que rara vez se dice con la crudeza que merece: en Colombia, las decisiones económicas que se toman desde el poder rara vez las pagan quienes las diseñan. Las pagan quienes madrugan, quienes emprenden, quienes arriesgan capital propio sin red de seguridad, quienes sostienen hogares en medio de una economía volátil. Y en ese desfase —entre quien decide y quien asume las consecuencias— se esconde una de las raíces más silenciosas del deterioro de la salud mental en el país.

No se trata de una afirmación emocional ni de una consigna ideológica. Es una observación que puede rastrearse en los datos. Durante las últimas dos décadas, la tasa de suicidio en Colombia ha pasado de niveles relativamente estables cercanos a 4,5–5 por cada 100.000 habitantes a cifras que hoy oscilan entre 5,5 y 6,3, según registros del DANE. No es un salto dramático, pero sí sostenido, y lo más relevante: ocurre en paralelo a transformaciones económicas que han alterado la percepción de estabilidad, no necesariamente la pobreza absoluta. Mientras la pobreza monetaria cayó con fuerza entre 2006 y 2014, el suicidio no disminuyó en la misma proporción; por el contrario, comenzó a mostrar señales de incremento a partir de 2014, justo cuando la economía dejó de expandirse con la misma intensidad.

Aquí aparece la primera ruptura con el discurso simplista: no es la pobreza extrema la que explica el malestar profundo, sino la inestabilidad percibida. El ciudadano no se quiebra únicamente cuando no tiene ingresos; se quiebra cuando deja de ver un camino claro hacia adelante. Esa diferencia es fundamental y ha sido ampliamente discutida por economistas y pensadores como Friedrich Hayek, quien advertía que la incertidumbre generada por intervenciones erráticas puede ser más destructiva que la escasez misma, porque desorganiza el cálculo económico individual, es decir, la capacidad de planear la vida.

Durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez, más allá de debates ideológicos, hubo un elemento económico que impactó directamente la psicología colectiva: la sensación de mejora progresiva. Crecimiento sostenido, reducción de pobreza y una percepción de seguridad en aumento crearon un entorno donde emprender tenía sentido, donde el riesgo parecía razonable. No es casual que muchos pequeños negocios surgieran o se consolidaran en ese contexto. La estabilidad no era perfecta, pero era suficiente para sostener expectativas positivas.

Pero toda economía que se desacelera sin que la narrativa social se ajuste genera fricción. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente después del choque petrolero de 2014, Colombia entró en una etapa distinta: menor crecimiento, devaluación del peso, inflación en aumento en ciertos periodos. El problema no fue únicamente económico; fue psicológico. La promesa implícita de progreso continuo empezó a desdibujarse. Y es precisamente en ese punto donde los datos comienzan a mostrar el cambio de tendencia en la tasa de suicidio. No porque el país se haya vuelto pobre de repente, sino porque se volvió incierto.

Y la incertidumbre, a diferencia de la pobreza, no se puede administrar con subsidios. Se internaliza. Se convierte en ansiedad, en estrés crónico, en la sensación de que el esfuerzo ya no garantiza resultados. Es la diferencia entre trabajar duro en un entorno predecible y hacerlo en uno donde las reglas cambian constantemente.

Luego llegó el golpe estructural más fuerte de las últimas décadas bajo Iván Duque: la pandemia. El cierre masivo de negocios no fue una decisión ideológica sino una respuesta a una crisis global, pero sus efectos fueron profundamente económicos y psicológicos. Miles de emprendedores vieron desaparecer en meses lo que construyeron durante años. Sin embargo, hay un dato revelador: el suicidio no se disparó de forma proporcional al colapso económico. ¿Por qué? Porque el shock fue colectivo. Cuando todos caen al mismo tiempo, el individuo no se percibe como un fracaso aislado. La carga psicológica, aunque enorme, se distribuye socialmente.

Pero lo que viene después de un shock es aún más determinante. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha enfrentado uno de los periodos de mayor inflación reciente, con picos entre 10% y 13%, además de incrementos significativos en combustibles y tasas de interés elevadas. Técnicamente, esto implica una reducción del ingreso real, una contracción del crédito y un aumento en el costo de vida. Pero más allá de los indicadores, lo que se instala es una sensación persistente de presión. No es un golpe abrupto como el de la pandemia, sino un desgaste constante.

Y es aquí donde la relación entre política económica y salud mental se vuelve más evidente, aunque siga siendo indirecta. La inflación, como fenómeno, tiene una característica particularmente corrosiva: no solo empobrece, desorienta. Hace que el dinero pierda su función de referencia, que los precios dejen de ser previsibles, que planear a futuro sea cada vez más difícil. Economistas como Milton Friedman insistieron en que la inflación es, en esencia, un impuesto oculto, pero también podría decirse que es una forma de inestabilidad psicológica institucionalizada.

En este punto, la discusión deja de ser técnica y se vuelve moral. Porque si bien es cierto que ningún presidente puede controlar completamente variables como el contexto internacional o los ciclos económicos, sí es responsable de la coherencia, previsibilidad y prudencia de sus decisiones. Y aquí emerge el problema de fondo: quienes toman decisiones fiscales y tributarias no enfrentan las mismas consecuencias que quienes viven bajo ellas. Un aumento de impuestos, una reforma mal diseñada o una señal de incertidumbre regulatoria puede significar la quiebra de un negocio para un ciudadano, pero para el decisor público rara vez implica una pérdida personal equivalente.

Esa desconexión genera un fenómeno que en teoría económica se conoce como riesgo moral. El tomador de decisiones no internaliza completamente el costo de sus acciones. Y cuando ese patrón se repite, la política deja de ser un ejercicio de responsabilidad y se convierte, como bien lo intuías, en un juego donde el error no se paga en la misma moneda. No es ajedrez, donde cada movimiento exige cálculo preciso y consecuencias claras; se parece más a un sistema donde la apuesta no compromete al jugador.

Pero el ciudadano sí paga. Lo paga en forma de estrés financiero, de endeudamiento, de frustración acumulada. Lo paga cuando su negocio deja de ser viable no por falta de esfuerzo, sino por cambios en el entorno que no controla. Y en los casos más extremos, lo paga con su salud mental. No porque un impuesto cause directamente una tragedia personal, sino porque contribuye a erosionar ese elemento invisible pero fundamental: la sensación de que la vida es manejable, de que el futuro es construible.

La evidencia no permite afirmar que un presidente específico “cause” más suicidios que otro. Sería intelectualmente deshonesto. Pero sí permite sostener algo más profundo y más relevante: las decisiones económicas que aumentan la incertidumbre, la volatilidad y la presión sobre el ingreso real deterioran las condiciones psicológicas de la población. Y en una sociedad donde ya existen fragilidades estructurales —familiares, culturales, institucionales— ese deterioro puede amplificarse hasta consecuencias graves.

En el fondo, la discusión no es sobre ideologías, sino sobre responsabilidad. Gobernar no es simplemente administrar cifras macroeconómicas; es intervenir en la vida cotidiana de millones de personas que dependen de cierta estabilidad para sostener su proyecto de vida. Cuando esa estabilidad se rompe, no todos tienen la capacidad de adaptarse. Y es ahí donde la política deja de ser abstracta y se vuelve profundamente humana.

Tal vez la conclusión más incómoda sea esta: el verdadero impacto de una mala política económica no siempre se mide en el PIB, ni en la inflación, ni en el déficit fiscal. Se mide en algo mucho más difícil de cuantificar: en la pérdida de esperanza. Y cuando una sociedad empieza a perderla, las cifras dejan de ser estadísticas y empiezan a ser historias.