Filantropía Ajena

Hay una idea que se ha instalado silenciosamente en la conversación pública colombiana, disfrazada de sensibilidad social, pero profundamente contradictoria en su esencia: la convicción de que el problema no es la escasez de recursos ni la falta de acción individual, sino la manera en que otros —generalmente el Estado o los individuos exitosos— deciden usar su dinero. Esta idea, repetida hasta el cansancio en redes sociales y discursos políticos, ha terminado por moldear una cultura donde la indignación sustituye a la responsabilidad, y donde la moral se ejerce con la billetera ajena.

El ejemplo es casi caricaturesco, pero precisamente por eso revelador: críticas al gasto en exploración espacial, como el programa Artemis program, bajo el argumento de que “hay necesidades más urgentes en la Tierra”. En Colombia, esa lógica se replica a menor escala: cuestionamientos a la inversión empresarial, al consumo de lujo o incluso a la acumulación de capital, siempre acompañados de una lista de carencias sociales que, implícitamente, deberían resolverse con recursos que no son propios. La narrativa es poderosa porque apela a la emoción, pero débil porque evade el análisis económico.

Conviene hacer una pausa y cambiar de ángulo: ¿qué significa realmente que existan necesidades insatisfechas en una sociedad? Desde la teoría económica, no es una anomalía moral, sino una condición estructural. La escasez es el punto de partida de toda economía. Pretender que la existencia de pobreza invalida cualquier otro uso de recursos es desconocer que precisamente es la asignación diversa de esos recursos —incluida la inversión en innovación, tecnología y capital— la que históricamente ha permitido reducir esa misma pobreza. Países que hoy son referentes en bienestar no llegaron allí redistribuyendo miseria, sino generando riqueza antes de repartirla.

Sin embargo, el discurso dominante en ciertos sectores en Colombia ha tendido a invertir esa lógica. Bajo la influencia de corrientes ideológicas que priorizan la redistribución sobre la creación de valor, se ha consolidado una narrativa donde el empresario es sospechoso por definición y el gasto público es virtuoso por intención. La retórica de figuras como Gustavo Petro ha enfatizado, en múltiples ocasiones, la necesidad de reorientar el uso de los recursos hacia fines sociales, lo cual, en principio, es legítimo en cualquier democracia. El problema surge cuando esa reorientación se convierte en un mandato moral absoluto, deslegitimando cualquier decisión individual que no encaje en esa visión.

Aquí es donde la reflexión de Milton Friedman cobra una vigencia incómoda. Su análisis sobre las cuatro formas de gastar dinero no es solo una observación teórica, sino una radiografía del comportamiento humano frente a los incentivos. Cuando una persona exige que otros —el Estado, los ricos, las empresas— destinen recursos a causas que considera justas, está operando en el cuadrante menos eficiente: gastar el dinero de otros en terceros. Es ahí donde se diluye la responsabilidad, se distorsionan los incentivos y se maximiza el riesgo de ineficiencia.

Ahora bien, traslademos esto al contexto colombiano actual. Según cifras del DANE y del Banco Mundial, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina, con un coeficiente de Gini que históricamente ha rondado niveles altos. Esta realidad, sin duda, exige respuestas. Pero la pregunta crucial no es si hay que actuar, sino cómo. ¿Se resuelve la desigualdad señalando cómo deberían gastar su dinero los demás, o creando condiciones para que más personas generen el suyo propio?

En la vida cotidiana, la contradicción es evidente. Es común encontrar discursos vehementes en redes sociales sobre el abandono animal, la pobreza o la falta de oportunidades, provenientes de individuos que, en su esfera privada, no realizan acciones proporcionales a la indignación que expresan. No se trata de exigir heroísmo individual, sino de señalar una incoherencia estructural: la brecha entre lo que se exige y lo que se está dispuesto a hacer. En términos económicos, es la diferencia entre preferencias declaradas y preferencias reveladas.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero aquí adquiere matices particulares. La historia institucional del país, marcada por desconfianza en el mercado y una fuerte expectativa sobre el rol del Estado, ha alimentado la idea de que los problemas sociales deben resolverse principalmente desde arriba. Sin embargo, esta expectativa convive con una realidad fiscal limitada, donde el Estado enfrenta restricciones presupuestarias severas y altos niveles de ineficiencia en la ejecución del gasto, como lo han documentado múltiples informes de la Contraloría General de la República.

En este punto, es necesario introducir otra capa de análisis. No todo cuestionamiento al uso de los recursos es inválido. Existen casos donde la acumulación de riqueza está asociada a privilegios, rentas regulatorias o fallas institucionales. En esos escenarios, el debate sobre la legitimidad del gasto sí es pertinente. Pero reducir todos los casos a esa categoría es intelectualmente deshonesto y empíricamente insostenible.

Lo que resulta problemático es la generalización moral: asumir que cualquier uso de recursos que no esté alineado con una causa social inmediata es, por definición, incorrecto. Esa visión no solo limita la libertad individual, sino que también empobrece la capacidad de una sociedad para innovar, invertir y crecer. La historia económica demuestra que muchas de las mejoras en calidad de vida han surgido de decisiones que, en su momento, no tenían una justificación social evidente, pero que generaron externalidades positivas a largo plazo.

Volviendo al punto inicial, la crítica al gasto en exploración espacial frente a problemas terrenales no es más que una versión amplificada de un razonamiento cotidiano: la idea de que siempre hay un uso “más correcto” del dinero, definido por quien observa y no por quien lo genera. En Colombia, esta lógica se traduce en debates sobre impuestos, subsidios, gasto público y regulación, donde con frecuencia se pierde de vista un principio fundamental: los recursos no son infinitos y las decisiones tienen costos de oportunidad.

Al final, la verdadera discusión no es sobre los perros en la calle, ni sobre los viajes a la luna, ni siquiera sobre los millonarios. Es sobre la coherencia entre lo que se exige y lo que se hace, entre la moral que se proclama y la responsabilidad que se asume. Una sociedad que delega sistemáticamente sus aspiraciones éticas en el bolsillo de otros corre el riesgo de convertirse en una sociedad de expectativas altas y acciones mínimas.

Y ahí radica el núcleo del problema: no en la falta de sensibilidad, sino en el exceso de externalización de esa sensibilidad. Porque ayudar con recursos propios implica sacrificio, mientras que exigir ayuda con recursos ajenos solo implica discurso.