Estado voraz, libertad en retroceso

Hay ideas que incomodan no por su forma, sino por su contenido. Sostener que el Estado, cuando se expande sin límites efectivos, termina erosionando la libertad, la propiedad y las bases mismas de la cooperación social, no es una provocación retórica; es una hipótesis que encuentra respaldo tanto en la teoría económica como en la experiencia histórica. En el contexto actual de Colombia, esta discusión deja de ser abstracta y se convierte en una necesidad analítica urgente.

Conviene empezar por lo elemental: la riqueza no surge del decreto, ni de la planificación central, ni de la voluntad política. Surge de la interacción descentralizada de millones de individuos que producen, intercambian y asumen riesgos bajo expectativas de beneficio. El Estado, por definición, no participa en ese proceso como generador directo de valor; su función es, en el mejor de los casos, establecer un marco institucional que permita que ese orden espontáneo emerja. Sin embargo, cuando ese marco se transforma en un sistema de apropiación sistemática de recursos vía impuestos, la lógica cambia. La tributación, más allá de su justificación normativa, implica una transferencia coactiva que altera los incentivos de producción y acumulación. Como advirtió Frédéric Bastiat, el riesgo es que el Estado se convierta en el vehículo mediante el cual todos intentan vivir a expensas de todos.

Ahora bien, esta dinámica adquiere particular relevancia en el momento actual del país. La presión fiscal en Colombia ha mostrado una tendencia creciente en la última década, impulsada por reformas tributarias recurrentes que buscan cerrar brechas fiscales estructurales. Según datos de la DIAN y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, el recaudo tributario ha alcanzado niveles históricamente altos como proporción del PIB, pero esto no ha venido acompañado de una mejora proporcional en eficiencia del gasto ni en calidad institucional. La consecuencia es predecible: desincentivos a la inversión formal, expansión de la economía informal y una creciente percepción de que el esfuerzo productivo es penalizado.

Pero el problema no se agota en la tributación. Entra en escena un elemento más profundo: la ilusión de que la economía puede ser dirigida desde el centro. Aquí es donde las ideas de Friedrich Hayek resultan particularmente pertinentes. El conocimiento económico está disperso; ningún planificador posee la información suficiente para asignar recursos de manera eficiente. Cuando el Estado intenta sustituir el sistema de precios por decisiones administrativas, no solo falla en coordinar la producción, sino que distorsiona las señales que guían a los agentes económicos. En Colombia, esto se manifiesta en intervenciones sectoriales, controles implícitos o explícitos, y marcos regulatorios que cambian con cada ciclo político, generando un entorno de incertidumbre que paraliza decisiones de largo plazo.

Y es precisamente en esa incertidumbre donde se juega uno de los factores más críticos para el desarrollo: la confianza. Ningún inversionista —nacional o extranjero— toma decisiones en el vacío; lo hace en función de reglas de juego relativamente estables. Cuando esas reglas se perciben como volátiles o sujetas a reinterpretación política, el capital se retrae o migra hacia jurisdicciones más predecibles. No es casualidad que indicadores de inversión extranjera directa muestren fluctuaciones sensibles ante anuncios de reformas estructurales o cambios regulatorios. La economía no responde a discursos, responde a incentivos.

Sin embargo, sería intelectualmente deshonesto ignorar que el problema no es únicamente cuantitativo —cuánto Estado hay— sino cualitativo —cómo opera ese Estado. En Colombia, la expansión del aparato estatal no ha venido acompañada de un fortalecimiento proporcional de sus capacidades técnicas ni de sus mecanismos de control. La evidencia de corrupción, ineficiencia y captura institucional no es anecdótica; es estructural. Casos documentados por la Contraloría General de la República de Colombia y la Fiscalía General de la Nación muestran desviaciones multimillonarias de recursos públicos, lo que refuerza la percepción de que el problema no es solo la carga fiscal, sino el destino de esos recursos.

Pero el análisis se torna aún más delicado cuando se examina el impacto sobre la propiedad privada. La seguridad jurídica no es un lujo institucional; es la base sobre la cual se construye cualquier proceso de acumulación de capital. Cuando existen amenazas —explícitas o implícitas— de cambios en las reglas de propiedad, ya sea a través de reformas, regulaciones o decisiones administrativas, el efecto inmediato es la contracción de la inversión. En un país con antecedentes de conflicto armado, informalidad en la tenencia de la tierra y disputas históricas sobre propiedad, cualquier señal de ambigüedad institucional amplifica el riesgo percibido.

En este punto, conviene introducir una reflexión que trasciende lo económico y se adentra en lo político: el poder tiende a expandirse. Esta no es una opinión ideológica, sino una regularidad observada. Desde Thomas Hobbes hasta James Madison, la teoría política ha advertido sobre la necesidad de limitar el poder para preservar la libertad. En ausencia de contrapesos efectivos, el Estado no se autolimita; responde a incentivos políticos que favorecen su crecimiento. En Colombia, donde la fragmentación política y la debilidad de algunos controles institucionales son evidentes, este riesgo adquiere una dimensión concreta.

Y, sin embargo, la paradoja persiste. A pesar de las fallas del Estado, amplios sectores de la sociedad demandan más intervención, más regulación, más gasto. Esta aparente contradicción se explica, en parte, por la desconfianza en los resultados del mercado en contextos de alta desigualdad y baja movilidad social. Pero aquí es donde el debate debe elevarse: ¿la solución a las fallas del sistema es profundizar las mismas dinámicas que distorsionan los incentivos productivos? ¿O es necesario replantear el rol del Estado hacia uno más acotado, enfocado en garantizar reglas claras y estables?

La experiencia internacional sugiere que las sociedades que logran un equilibrio entre libertad económica e institucionalidad sólida son las que alcanzan mayores niveles de prosperidad sostenida. No se trata de eliminar el Estado, sino de disciplinarlo. De reducir su arbitrariedad, no de negar su existencia. De entender que su legitimidad no proviene de su tamaño, sino de su capacidad para proteger derechos y facilitar la cooperación social.

Volviendo al punto de partida, la advertencia sobre el carácter potencialmente destructivo del Estado no debe leerse como un llamado al caos, sino como una invitación a la vigilancia institucional. La civilización no se derrumba por un acto súbito, sino por una acumulación gradual de decisiones que erosionan la libertad en nombre de objetivos inmediatos. En la Colombia de hoy, donde las tensiones entre intervención y libertad están más vigentes que nunca, ignorar esta dinámica no es neutral; es, en sí mismo, una forma de tomar partido.