Equilibrio del Fracaso

 

Hay una intuición incómoda que atraviesa la experiencia económica colombiana contemporánea: el sistema no colapsa, pero tampoco funciona. Se sostiene en una especie de equilibrio frágil donde las decisiones políticas sustituyen, corrigen y, con frecuencia, distorsionan las señales que deberían coordinar la actividad económica. En ese terreno ambiguo, el intervencionismo no aparece como una anomalía, sino como la regla operativa del sistema. Y, sin embargo, su persistencia no puede explicarse por su éxito económico, sino por su eficacia política.

Conviene empezar por el núcleo del problema. En cualquier economía, los precios no son simples números; son condensaciones de información sobre escasez, preferencias y expectativas. Cuando el Estado interviene fijando tarifas, subsidiando sectores o manipulando variables clave como la tasa de interés o el tipo de cambio, altera ese sistema de información. Ludwig von Mises advertía que cada intervención genera efectos secundarios que tienden a justificar nuevas intervenciones, mientras Friedrich Hayek insistía en que el conocimiento económico está disperso y no puede ser centralizado sin pérdidas significativas. Lo que en teoría es una corrección puntual, en la práctica se convierte en una cadena de decisiones que acumulan distorsiones.

Ahora bien, Colombia ofrece un laboratorio particularmente ilustrativo. En los últimos años, el aumento sostenido del gasto público, la presión tributaria creciente y la expansión de programas de transferencias han configurado un modelo donde el Estado no solo redistribuye, sino que intenta dirigir. Según datos del Banco de la República y del DANE, el peso del gasto público sobre el PIB ha mostrado una tendencia al alza, mientras que la productividad permanece estancada. Esta combinación no es trivial: implica que el crecimiento depende cada vez más de estímulos fiscales y menos de la acumulación de capital y la eficiencia productiva.

Pero el problema no es únicamente macroeconómico. Se manifiesta en la vida cotidiana. El pequeño empresario que enfrenta cargas regulatorias cambiantes, el trabajador informal que encuentra en la rigidez del mercado laboral una barrera de entrada, el consumidor que percibe cómo los subsidios de hoy se transforman en impuestos o inflación mañana. El intervencionismo, lejos de ser una abstracción teórica, se traduce en decisiones concretas que afectan incentivos individuales.

Aquí surge una pregunta inevitable: si los resultados son, en el mejor de los casos, mediocres, ¿por qué el modelo persiste? La respuesta obliga a abandonar la economía como disciplina puramente técnica y adentrarse en la economía política. James Buchanan desarrolló la idea de que los actores políticos responden a incentivos propios, no a un ideal abstracto de bienestar social. En ese marco, el intervencionismo ofrece ventajas claras: produce beneficios visibles y concentrados —subsidios, empleos públicos, programas sociales— mientras que sus costos son difusos, diferidos o difíciles de atribuir.

Este desbalance es crucial. Un programa estatal puede beneficiar directamente a miles de personas que lo defenderán activamente, mientras que su financiamiento se diluye entre millones de contribuyentes o se traslada al futuro mediante deuda. La inflación, por ejemplo, actúa como un impuesto silencioso que pocos perciben como consecuencia directa de decisiones políticas. Así, el intervencionismo no necesita ser eficiente; le basta con ser políticamente rentable.

Y sin embargo, el fenómeno va más allá de los incentivos inmediatos. Existe una dimensión cultural que refuerza este modelo. En el discurso público colombiano, el mercado suele asociarse con desigualdad, abuso o incertidumbre, mientras que el Estado se presenta como garante de justicia y protección. Esta narrativa, aunque discutible desde el punto de vista empírico, tiene una enorme fuerza simbólica. John Maynard Keynes ya señalaba que las ideas económicas, incluso cuando son parcialmente incorrectas, pueden dominar el pensamiento político durante generaciones.

Este punto es clave para entender por qué el intervencionismo no solo persiste, sino que se expande. Cada crisis —ya sea fiscal, social o económica— se interpreta como evidencia de que el Estado debe intervenir más, no menos. El resultado es una dinámica acumulativa donde las fallas del propio sistema justifican su profundización. En Colombia, debates recientes sobre control de precios, reformas tributarias recurrentes y expansión del gasto social reflejan esta lógica.

Pero entonces, la pregunta de fondo se vuelve inevitable: ¿estamos avanzando hacia el socialismo? La respuesta exige precisión. El socialismo, en su definición clásica, implica la propiedad estatal de los medios de producción, algo que claramente no caracteriza a la economía colombiana. Sin embargo, reducir el análisis a esa definición es simplificar en exceso. Lo que sí se observa es una creciente subordinación del mercado a decisiones políticas, lo que configura un sistema híbrido donde la propiedad privada existe, pero su uso está cada vez más condicionado.

En este punto, resulta más útil pensar en términos de equilibrio político que de etiquetas ideológicas. Colombia parece haber alcanzado un estado donde el intervencionismo no resuelve los problemas estructurales, pero tampoco genera una crisis inmediata que obligue a cambiar de rumbo. Es un equilibrio subóptimo: suficiente para evitar el colapso, insuficiente para generar prosperidad sostenida.

Y, sin embargo, este equilibrio tiene límites. La historia económica muestra que cuando la brecha entre expectativas y resultados se amplía demasiado, el sistema enfrenta presiones de ajuste. Esto puede tomar la forma de reformas que reduzcan la intervención, o, por el contrario, de una profundización que termine exacerbando los desequilibrios. Milton Friedman advertía que la inflación es siempre un fenómeno monetario, pero también político: surge cuando los gobiernos optan por soluciones de corto plazo que trasladan costos al futuro.

En Colombia, las señales de tensión ya son visibles: déficit fiscal persistente, presión sobre la deuda pública, crecimiento económico moderado y una informalidad laboral que supera el 50% según el DANE. Estos indicadores no apuntan a una crisis inminente, pero sí a una fragilidad estructural que limita el potencial de crecimiento.

Lo verdaderamente inquietante no es que el sistema falle, sino que haya aprendido a convivir con su propio fracaso. El intervencionismo en Colombia no se sostiene porque funcione, sino porque distribuye costos de manera que evita una reacción inmediata. Es, en esencia, un equilibrio del fracaso: estable en lo político, inestable en lo económico.

Y ahí radica el dilema. No estamos en una transición clara hacia el socialismo, pero tampoco en un camino hacia un mercado más libre. Estamos atrapados en una zona intermedia donde cada solución parcial genera nuevos problemas, y cada problema refuerza la necesidad de nuevas intervenciones. La pregunta no es si este modelo puede continuar, sino cuánto tiempo puede hacerlo antes de que sus propias contradicciones obliguen a redefinirlo.