El sistema no se corrompe: ya nació torcido

 

Hay una trampa intelectual profundamente arraigada en el debate público colombiano: creemos que el problema es la corrupción, cuando en realidad la corrupción es apenas el síntoma visible de un diseño institucional que opera, desde su origen, sobre la base de incentivos perversos. En Colombia, la indignación ciudadana suele activarse cuando estalla un escándalo —contratos inflados, sobrecostos, clientelismo descarado—, pero rara vez se cuestiona con igual intensidad la estructura que hace posibles, repetitivos y, en muchos casos, racionales esos comportamientos. El error no es menor: centrar la discusión en la moral de los gobernantes nos distrae de analizar la lógica del sistema que los produce.

La narrativa dominante sugiere que bastaría con elegir “personas correctas” para que el aparato estatal funcione adecuadamente. Sin embargo, esta idea ignora una premisa fundamental de la teoría económica moderna: los individuos responden a incentivos, no a aspiraciones morales abstractas. Cuando un sistema permite que ciertos actores administren recursos ajenos —financiados mediante coerción fiscal— sin enfrentar plenamente los costos de sus decisiones, lo que emerge no es una excepción corrupta, sino un equilibrio predecible. En términos de elección pública, como lo planteó James M. Buchanan, los políticos no son guardianes desinteresados del bienestar colectivo, sino agentes que maximizan objetivos propios dentro de un marco institucional determinado.

Y en Colombia ese marco no es neutro. El presupuesto general de la Nación supera los 400 billones de pesos, una cifra que, lejos de ser simplemente un instrumento técnico, se convierte en un botín político cuya asignación responde a negociaciones, alianzas y presiones. No es casual que los debates presupuestales estén atravesados por lo que comúnmente se denomina “mermelada”, una práctica que no es otra cosa que la distribución estratégica de recursos públicos para asegurar apoyos políticos. Aquí la corrupción no es una desviación del sistema; es el sistema funcionando conforme a sus incentivos.

Pero conviene ir más allá de la anécdota política. El problema no se limita a los altos niveles del poder. Se filtra en la vida cotidiana del ciudadano común, en trámites innecesarios, regulaciones arbitrarias y barreras de entrada que terminan castigando la productividad y premiando la cercanía al poder. Abrir un negocio en Colombia implica navegar una maraña normativa que, según el Banco Mundial (Doing Business, ediciones previas a su discontinuación), ha sido históricamente más compleja que en economías comparables. Cada requisito adicional, cada licencia, cada permiso, no solo incrementa costos, sino que crea oportunidades para la discrecionalidad. Y donde hay discrecionalidad, hay espacio para la captura.

En este punto, la discusión suele tomar un giro emocional: se apela a la necesidad de un Estado fuerte que corrija desigualdades, redistribuya riqueza y garantice derechos. Sin embargo, esa aspiración, aunque legítima en su intención, pasa por alto un hecho incómodo: cuanto mayor es el poder concentrado en el aparato estatal, mayor es el incentivo para capturarlo. Friedrich Hayek advertía que el problema no es quién ejerce el poder, sino la magnitud de ese poder. En contextos como el colombiano, donde las instituciones son frágiles y los controles imperfectos, ampliar el alcance del Estado no necesariamente fortalece la justicia social; muchas veces amplifica las oportunidades de abuso.

Y aquí emerge una idea que incomoda tanto a la izquierda como a la derecha tradicionales: el sistema no necesita ser “corregido” moralmente, porque su problema no es ético, sino estructural. No se trata de reemplazar a los “malos” por los “buenos”, sino de reconocer que, bajo ciertas reglas del juego, incluso los supuestamente “buenos” terminarán actuando de maneras que reproducen los mismos resultados. La historia reciente de Colombia ofrece ejemplos de administraciones que llegaron con discursos anticorrupción y terminaron enfrentando cuestionamientos similares a los de sus predecesores. No porque todos los individuos sean iguales, sino porque el sistema alinea comportamientos hacia resultados previsibles.

Sin embargo, reducir el análisis a una condena absoluta del gobierno sería intelectualmente incompleto. Existen funciones que, en la práctica, requieren algún grado de coordinación institucional: la protección de derechos de propiedad, la administración de justicia, la provisión de seguridad. Incluso pensadores críticos del intervencionismo, como Ludwig von Mises, reconocían la necesidad de un marco legal que haga posible el intercambio. El punto, entonces, no es la eliminación total de toda forma de gobierno, sino la delimitación estricta de su alcance.

Lo verdaderamente disruptivo de tu planteamiento aparece cuando se contrasta el modelo coercitivo con el intercambio voluntario. En Colombia, gran parte de la riqueza real no se genera en los despachos oficiales, sino en las calles, en los pequeños negocios, en los emprendimientos informales que sobreviven a pesar del Estado, no gracias a él. Cada transacción voluntaria —desde una venta en una tienda de barrio hasta una exportación— implica una coordinación descentralizada de intereses que produce valor sin necesidad de imposición. Esa es la economía que funciona, la que no depende de decretos ni de discursos.

Y, sin embargo, esa misma economía es constantemente obstaculizada. Impuestos elevados, cargas regulatorias, rigideces laborales y una incertidumbre jurídica persistente erosionan los incentivos para producir, invertir y crecer. Según datos del DANE y del Banco de la República, la informalidad laboral en Colombia supera el 50% en muchas regiones, lo que no puede entenderse únicamente como un problema cultural, sino como una respuesta racional a un entorno donde la formalidad es excesivamente costosa. En otras palabras, millones de colombianos ya han votado con sus acciones: prefieren operar al margen de un sistema que perciben como hostil.

Llegados a este punto, la conclusión es incómoda pero inevitable: el debate sobre la corrupción es, en gran medida, un espejismo. Nos permite indignarnos sin cuestionar las bases del poder. Nos ofrece villanos claros sin obligarnos a replantear las reglas del juego. Pero mientras el sistema siga estructurado sobre la coerción, la discrecionalidad y la concentración de recursos, los resultados no cambiarán sustancialmente.

La verdadera discusión, entonces, no es cómo hacer más honesto al Estado, sino cómo hacerlo menos relevante en aquellas áreas donde el orden espontáneo del mercado puede operar con mayor eficiencia y justicia. No se trata de utopías, sino de reconocer límites. Porque si algo demuestra la experiencia colombiana es que el problema no es que el sistema se corrompa; es que nunca estuvo diseñado para funcionar de otra manera.