El empresario: el gran ausente del discurso

 

En Colombia se habla de crecimiento, de justicia social, de redistribución, de reformas estructurales y de un supuesto “cambio” que promete corregir los errores históricos del país. Sin embargo, en medio de ese ruido político y retórico, hay una figura esencial que sistemáticamente se diluye, se caricaturiza o, en el peor de los casos, se convierte en sospechosa: el empresario capitalista. Se le presenta como un privilegiado, como un beneficiario del sistema, como un agente que extrae valor más que crearlo. Pero esta narrativa, cada vez más instalada en el debate público, omite —o ignora deliberadamente— que es precisamente ese empresario quien hace posible la existencia misma de la estructura productiva que sostiene a la sociedad.

Conviene partir de una premisa incómoda: la economía no es un tablero estático donde los recursos se distribuyen mecánicamente, sino un proceso dinámico de coordinación bajo incertidumbre. En ese proceso, el empresario no actúa como un simple ejecutor de órdenes ni como un gestor técnico; su función es radicalmente distinta. Es el agente que, enfrentado a un futuro incierto, formula juicios sobre lo que los consumidores demandarán mañana y decide comprometer recursos reales hoy para satisfacer esas necesidades futuras. Esto implica algo que en el discurso político se subestima constantemente: el empresario no opera con certezas, sino con expectativas que pueden fallar. Y cuando fallan, no hay retórica que lo salve: hay pérdida de capital, destrucción de valor y, muchas veces, salida del mercado.

En un país como Colombia, donde la informalidad supera el 50% según datos del DANE y donde la productividad sigue estancada en comparación con economías pares (OCDE, 2023), esta función empresarial adquiere una relevancia aún mayor. No se trata solo de crear empresas, sino de coordinar eficientemente recursos escasos en un entorno institucional que muchas veces castiga la inversión productiva. Cada decisión empresarial —abrir un negocio, expandir una operación, invertir en maquinaria, contratar personal— es, en esencia, una apuesta sobre un futuro que no está garantizado. Y esa apuesta no se financia con discursos, sino con capital acumulado, con ahorro real que podría haberse destinado a consumo inmediato pero que, en cambio, se arriesga en procesos productivos de largo plazo.

Ahora bien, en medio del debate político actual, impulsado en gran medida por la narrativa del gobierno de Gustavo Petro, se ha reforzado una visión donde el Estado aparece como el gran organizador de la economía, capaz de dirigir recursos, definir prioridades productivas y corregir “fallas del mercado”. Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto una limitación fundamental: el conocimiento necesario para coordinar la economía no está concentrado en ninguna institución central, sino disperso entre millones de individuos. El empresario, en este sentido, no es un obstáculo para la planificación, sino el mecanismo mediante el cual ese conocimiento disperso se traduce en decisiones concretas de producción.

Aquí es donde el análisis se vuelve más incisivo. Cuando se desincentiva al empresario —a través de incertidumbre regulatoria, carga tributaria excesiva o señales políticas ambiguas— no se está “castigando al rico”, como suele plantearse en el discurso populista, sino debilitando la capacidad misma de la economía para anticipar y adaptarse. La inversión privada en Colombia ha mostrado señales de desaceleración en los últimos años (Banco de la República, 2024), y esto no es un fenómeno aislado ni meramente coyuntural. Es la manifestación de expectativas deterioradas. Cuando el empresario percibe que el entorno es hostil o impredecible, simplemente deja de arriesgar capital. Y sin ese riesgo, no hay expansión productiva, no hay innovación, no hay empleo sostenible.

Pero el problema no termina allí. Existe una confusión conceptual que permea buena parte del debate público: la idea de que la ganancia empresarial es una forma de extracción injusta. Esta visión ignora que la ganancia es, en realidad, un indicador de acierto en la anticipación del mercado. Como lo planteaba Ludwig von Mises, el beneficio empresarial surge cuando el empresario logra asignar recursos de manera más eficiente que sus competidores, alineando la producción con las preferencias reales de los consumidores. En contraste, la pérdida no es un accidente, sino una señal de error. Este sistema de ganancias y pérdidas es, en sí mismo, un mecanismo de corrección que ninguna planificación central puede replicar con la misma eficacia.

Y, sin embargo, en Colombia se insiste en reemplazar ese proceso de descubrimiento por esquemas de intervención que, aunque bien intencionados, terminan distorsionando los incentivos. Subsidios mal diseñados, controles de precios, reformas laborales desconectadas de la productividad y discursos que estigmatizan la acumulación de capital no solo afectan a grandes empresas; golpean con mayor fuerza a los pequeños y medianos empresarios, que son precisamente los más vulnerables a la incertidumbre. El resultado es paradójico: en nombre de la equidad, se termina erosionando la base productiva que hace posible cualquier mejora sostenida en el bienestar.

Ahora bien, traslademos esta discusión a la realidad cotidiana. El comerciante en Barranquilla que decide abrir un nuevo local, el emprendedor que invierte en tecnología para mejorar su servicio, el agricultor que apuesta por un cultivo con precios inciertos, todos ellos están ejerciendo esa función empresarial. Ninguno tiene garantías de éxito. Todos están, en mayor o menor medida, especulando sobre el futuro. Y, sin embargo, es precisamente esa especulación —entendida no como juego irresponsable, sino como juicio económico bajo incertidumbre— la que permite que los bienes y servicios estén disponibles cuando los consumidores los demandan.

Ignorar este proceso es un error analítico; desincentivarlo es un error político. La historia económica muestra con claridad que las sociedades que han prosperado no son aquellas que han sustituido al empresario, sino aquellas que han creado condiciones para que su función se desarrolle con libertad y responsabilidad. Incluso pensadores con enfoques distintos, como Joseph Schumpeter, coincidían en que el empresario es el agente de cambio, el innovador que rompe con la inercia y redefine la estructura productiva.

En este punto, la pregunta no es ideológica, sino pragmática: ¿puede Colombia darse el lujo de debilitar a su clase empresarial en un contexto de bajo crecimiento, alta informalidad y desafíos fiscales crecientes? La respuesta, si se analiza con rigor, es negativa. No porque el empresario sea un actor moralmente superior, sino porque cumple una función insustituible dentro del sistema económico. Sin él, la economía no se organiza; se estanca.

Y es aquí donde el debate debe elevarse. No se trata de defender privilegios ni de negar la necesidad de reglas claras, competencia y control institucional. Se trata de reconocer que el empresario capitalista no es un adversario del bienestar social, sino su condición previa. Sin inversión, no hay producción; sin producción, no hay empleo; sin empleo, no hay ingresos que redistribuir. Pretender lo contrario es construir política económica sobre una ilusión.

Colombia enfrenta hoy una disyuntiva silenciosa pero decisiva: o entiende que el crecimiento económico es el resultado de millones de decisiones empresariales coordinadas bajo incertidumbre, o insiste en sustituir ese proceso por esquemas centralizados que históricamente han fracasado. En esa elección no solo está en juego la eficiencia económica, sino la capacidad misma del país para generar oportunidades reales. Porque, al final, el empresario no es el problema que hay que corregir, sino el motor que se está apagando mientras el discurso público mira hacia otro lado.