Dinero sin costo, país con factura

 

Antes de que el debate económico contemporáneo se sofisticara en modelos, ecuaciones y marcos teóricos aparentemente más refinados, la historia ya había dejado una advertencia clara: la riqueza no puede decretarse. John Law lo intentó con papel moneda en una Francia quebrada; hoy, el lenguaje ha mutado, pero la lógica persiste bajo nuevas justificaciones técnicas, nuevos autores y nuevas promesas. Colombia, en medio de su tensión fiscal, social y política, está peligrosamente cerca de repetir ese patrón con un matiz moderno: la idea de que el problema no es crear dinero, sino cómo distribuirlo.

Porque si algo distingue el debate actual es que ya no se habla únicamente de expansión monetaria, sino de desigualdad estructural. Thomas Piketty ha documentado, con una base empírica extensa, que en las economías capitalistas modernas existe una tendencia persistente a la concentración de la riqueza cuando la rentabilidad del capital supera el crecimiento económico. Su planteamiento, resumido en la relación r > g, sugiere que, si no hay intervención, quienes poseen activos verán crecer su riqueza más rápido que el conjunto de la economía, ampliando la brecha social. A partir de ello, propone mecanismos como impuestos progresivos al patrimonio y una mayor redistribución como herramientas para corregir esa dinámica.

En una línea distinta pero complementaria, Mariana Mazzucato introduce una idea que ha ganado fuerza en la política económica contemporánea: el Estado no solo corrige fallas de mercado, también crea valor. Su argumento se apoya en evidencia histórica concreta: tecnologías fundamentales como internet, el GPS o incluso componentes clave de los smartphones fueron financiados inicialmente con recursos públicos. Desde esta perspectiva, el sector público no es un actor pasivo, sino un agente capaz de asumir riesgos que el sector privado evita, impulsando innovación y desarrollo.

Hasta aquí, el diagnóstico parece convincente: hay desigualdad, el mercado no distribuye eficientemente, y el Estado puede —y debe— intervenir no solo redistribuyendo, sino liderando procesos económicos. Sin embargo, el problema no está en el diagnóstico, sino en la traducción de estas ideas al contexto colombiano.

Y aquí es donde la reflexión se vuelve incómoda. Colombia no es una economía con moneda de reserva, ni posee una estructura institucional robusta que garantice eficiencia en la asignación de recursos públicos. La desigualdad es innegable —el coeficiente de Gini históricamente alto lo confirma—, pero también lo es la fragilidad del aparato estatal para transformar gasto en valor real. En este contexto, ampliar el rol del Estado sin resolver sus limitaciones estructurales puede generar el efecto contrario al esperado.

Porque el debate no puede quedarse en si el Estado debe gastar más, sino en si ese gasto genera productividad. Esta es la variable que suele omitirse en la discusión pública. John Maynard Keynes defendía el gasto en contextos de recesión para reactivar la demanda, pero nunca planteó una expansión permanente desconectada de la capacidad productiva. Su enfoque era coyuntural, no estructural. Sin embargo, en la práctica política, esa distinción desaparece: el déficit deja de ser una herramienta y se convierte en una constante.

El resultado de esa lógica es visible en múltiples niveles. Cuando el gasto crece más rápido que la economía, se generan presiones fiscales que terminan financiándose con deuda o, indirectamente, con expansión monetaria. Y aunque esto no se perciba inmediatamente como “dinero gratis”, su efecto es similar: se adelanta consumo presente sacrificando estabilidad futura. Milton Friedman lo sintetizaba con precisión: la inflación no es un fenómeno accidental, es el resultado de decisiones monetarias y fiscales acumuladas.

Pero incluso aceptando los argumentos de Thomas Piketty, la redistribución tiene un límite claro: no puede sostenerse si no hay riqueza que redistribuir. Y aquí es donde Colombia enfrenta su mayor desafío. La informalidad laboral, que supera la mitad de la fuerza de trabajo según datos recientes del DANE, refleja una economía donde gran parte de la población está al margen de la productividad formal. En ese escenario, aumentar impuestos o expandir transferencias sin ampliar la base productiva puede terminar asfixiando a los mismos sectores que sostienen el sistema.

Ahora bien, la propuesta de Mariana Mazzucato sobre un Estado innovador plantea una alternativa más ambiciosa: no solo redistribuir, sino crear nuevas fuentes de riqueza. Pero esta idea exige condiciones exigentes: capacidad técnica, planificación de largo plazo, transparencia institucional y una coordinación efectiva entre sector público y privado. Sin estos elementos, el riesgo no es menor: el Estado puede convertirse en un asignador ineficiente de capital, capturado por intereses políticos de corto plazo.

Y es aquí donde la historia vuelve a imponerse como advertencia. El experimento de John Law no fracasó únicamente por emitir dinero, sino por desconectarlo de una base económica real y por confiar en que la expansión financiera podía sustituir la creación de valor. Esa lógica, aunque hoy se presente con mayor sofisticación, sigue latente cada vez que se plantea que el problema central es la falta de dinero y no la falta de productividad.

En la vida cotidiana del colombiano, estas discusiones no son abstractas. Se traducen en inflación que erosiona el salario, en incertidumbre que frena la inversión, en reformas fiscales recurrentes que buscan cerrar brechas que vuelven a abrirse. Se manifiestan en el pequeño empresario que no crece, en el trabajador informal que no se formaliza, en el inversionista que duda.

La tensión de fondo no es ideológica, es estructural. Colombia necesita reducir desigualdad, pero también necesita crear riqueza. Necesita un Estado activo, pero también eficiente. Necesita inversión pública, pero también confianza privada. Y sobre todo, necesita reconocer que no existe una solución mágica donde el dinero pueda reemplazar el trabajo, la innovación y la productividad.

Porque al final, la pregunta no es si el Estado debe intervenir más o menos, sino si esa intervención está construyendo valor real o simplemente redistribuyendo expectativas. Y en ese punto, la historia, la teoría y la evidencia convergen en una misma conclusión incómoda: el dinero puede crearse, pero la prosperidad no.

Colombia aún está a tiempo de decidir qué camino tomar. Pero lo que no puede hacer —sin pagar un costo inevitable— es seguir creyendo que ese camino puede recorrerse sin factura.