Ciudades quebradas sin quiebra

Hay algo profundamente inquietante en la aparente normalidad con la que las ciudades colombianas administran su propia fragilidad fiscal. No hay titulares de colapso inminente, no hay cierres abruptos como en el sector privado, no hay liquidaciones visibles que obliguen a enfrentar la realidad con crudeza. Y, sin embargo, bajo esa superficie de continuidad institucional, se acumula una tensión estructural: gobiernos urbanos que gastan más de lo que ingresan, que comprometen recursos futuros para sostener decisiones presentes y que operan sin una restricción efectiva que los obligue a corregir el rumbo. La paradoja no es menor: son entidades que pueden estar financieramente deterioradas sin que exista un mecanismo real que las obligue a detenerse.

Si se quiere entender este fenómeno sin caer en explicaciones simplistas, hay que partir de un hecho incómodo: el problema no es coyuntural, ni responde exclusivamente a errores de gestión, ni se explica por la escasez de recursos. Es institucional. En Colombia, el marco de las finanzas públicas territoriales —estructurado en torno a reglas como la Ley 358 de 1997 y la Ley 617 de 2000, que intentan imponer disciplina mediante indicadores de sostenibilidad— ha buscado, con relativo éxito técnico, ordenar las cuentas en el papel. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que estas reglas, aunque útiles, no alteran el núcleo del problema: la naturaleza misma del Estado como agente económico que no enfrenta las mismas restricciones que los actores privados.

En el sector privado, la restricción presupuestaria es ineludible. Una empresa que incurre en déficits persistentes pierde acceso al crédito, deteriora su flujo de caja y eventualmente desaparece o es reestructurada bajo procedimientos concursales. Esa amenaza —la quiebra— no es una anomalía, sino el mecanismo disciplinario que obliga a la eficiencia. En contraste, los gobiernos locales en Colombia no quiebran en sentido estricto. Pueden entrar en programas de saneamiento fiscal, pueden reestructurar pasivos, pueden recibir apoyo del nivel central, pero no desaparecen ni enfrentan una liquidación que redistribuya sus activos entre acreedores. Su continuidad está garantizada por diseño institucional.

Este punto, que puede parecer técnico, es en realidad el eje de toda la discusión. Porque si no hay posibilidad real de quiebra, tampoco hay una disciplina plena sobre el gasto. Y si a eso se suma la capacidad de imponer ingresos —impuestos prediales, industria y comercio, tasas, contribuciones— el resultado es una estructura de incentivos profundamente distinta a la del mercado. No se trata de una falla moral de los funcionarios, sino de un entorno donde las decisiones no están ancladas a una responsabilidad patrimonial directa. Nadie responde con su propio patrimonio por un déficit público; nadie enfrenta una pérdida personal equivalente al costo social de una mala decisión fiscal.

Ahora bien, traslademos esta lógica al contexto colombiano actual. Ciudades intermedias y grandes urbes han incrementado significativamente su gasto en las últimas décadas, impulsadas por demandas legítimas: infraestructura, movilidad, seguridad, programas sociales. Pero ese crecimiento del gasto no siempre ha estado acompañado de una expansión sostenible de los ingresos propios. Según datos del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, una proporción considerable de municipios depende en alto grado de transferencias del Sistema General de Participaciones, lo que introduce un elemento adicional de fragilidad: la dependencia de recursos que no controlan directamente.

Aquí aparece una segunda capa del problema. Cuando el ingreso no proviene directamente del contribuyente local, sino de transferencias intergubernamentales, la relación entre gasto y responsabilidad se diluye aún más. El gobernante local puede expandir el gasto sin enfrentar plenamente el costo político de financiarlo. Es lo que en economía pública se conoce como “ilusión fiscal”, un concepto trabajado por autores como James Buchanan, quien advertía que cuando los ciudadanos no perciben claramente el costo de las políticas públicas, la demanda por gasto tiende a expandirse más allá de niveles sostenibles.

Pero no es necesario quedarse en la teoría. Basta observar fenómenos cotidianos en Colombia: proyectos de infraestructura sobredimensionados, sistemas de transporte masivo que operan con déficits estructurales, nóminas públicas que crecen más rápido que la productividad del territorio, o compromisos pensionales que se trasladan silenciosamente al futuro. Ninguno de estos casos, por sí solo, explica la crisis. Pero juntos configuran un patrón: decisiones presentes financiadas con recursos que aún no existen.

En este punto, resulta inevitable introducir una comparación incómoda pero necesaria. Economistas como Milton Friedman insistían en que no hay almuerzos gratis, que todo gasto público tiene un costo, aunque no siempre sea visible de inmediato. En Colombia, ese costo suele diferirse: se traduce en mayor endeudamiento, en presión tributaria futura o en menor capacidad de inversión a largo plazo. La ciudad no quiebra, pero sus ciudadanos pagan la factura en forma de servicios deteriorados, impuestos más altos o menor crecimiento económico.

Y, sin embargo, el sistema persiste. ¿Por qué? Porque políticamente es funcional. El ciclo electoral incentiva decisiones de corto plazo: inaugurar obras, expandir programas, generar impactos visibles. El costo fiscal de esas decisiones, en cambio, se materializa en horizontes que exceden el periodo de gobierno. Esta asimetría temporal es clave para entender por qué el problema no se corrige espontáneamente. No es que no se conozca, es que los incentivos no están alineados para resolverlo.

Llegados a este punto, conviene cuestionar una narrativa frecuente: la idea de que la crisis fiscal urbana es el resultado de una insuficiencia de recursos o de una falla del mercado. Esta explicación, aunque políticamente conveniente, resulta analíticamente débil. El mercado, con todas sus imperfecciones, impone disciplina a través de pérdidas y quiebras. El Estado, en cambio, opera bajo una lógica distinta, donde la continuidad está asegurada y las restricciones son, en el mejor de los casos, parcialmente efectivas.

Esto no implica negar la necesidad del Estado ni desconocer su papel en la provisión de bienes públicos. Implica, más bien, reconocer que su diseño institucional tiene consecuencias. Cuando una entidad puede gastar sin enfrentar plenamente el costo de sus decisiones, la tendencia al desequilibrio no es una anomalía, sino un resultado previsible.

En Colombia, esta realidad se vuelve aún más compleja por factores estructurales: informalidad económica, baja capacidad de recaudo en muchos municipios, presiones sociales intensas y un sistema político donde la asignación de recursos suele estar mediada por consideraciones clientelistas. Todo esto amplifica la desconexión entre ingreso y gasto, entre decisión y responsabilidad.

El resultado final no es una crisis visible y abrupta, sino algo más difícil de diagnosticar y, por lo tanto, más peligroso: una normalización del desequilibrio. Las ciudades siguen funcionando, los servicios no colapsan de inmediato, las cuentas se ajustan temporalmente. Pero debajo de esa aparente estabilidad, se acumulan compromisos que restringen el futuro.

Quizás la reflexión más incómoda sea esta: no estamos ante un problema que pueda resolverse únicamente con mejores administradores o con ajustes técnicos en la política fiscal. Estamos ante una estructura que permite —y en cierto sentido incentiva— el desequilibrio. Mientras esa estructura no cambie, la historia se repetirá con distintos nombres, distintos gobiernos y distintos contextos.

Las ciudades colombianas no necesitan declararse en quiebra para estar quebradas. Les basta con operar en un sistema donde la disciplina es difusa, la responsabilidad es colectiva y las consecuencias son diferidas. En ese escenario, la crisis no es un evento excepcional. Es, simplemente, la forma en que el sistema funciona.