La pereza intelectual del insulto político

Hay algo profundamente revelador en la forma como se discute política en Colombia. En teoría vivimos en una democracia donde las ideas deberían confrontarse con argumentos, evidencia y principios. Sin embargo, en la práctica, el debate público suele degradarse rápidamente en un intercambio de etiquetas ideológicas que buscan reemplazar el pensamiento por la descalificación. Basta con defender la libertad económica, la propiedad privada o la reducción del tamaño del Estado para que aparezca un repertorio casi automático de insultos: fascista, ultraderecha, neoliberal, burgués, vendepatria, oligarca. Lo curioso no es que estos términos existan; lo interesante es la facilidad con la que se utilizan todos al mismo tiempo, como si acumular palabras cargadas ideológicamente fuera equivalente a construir un argumento sólido.

Debo confesar que, lejos de incomodarme, cada vez que alguien usa esa batería de calificativos en una conversación política me produce una curiosa satisfacción intelectual. No porque disfrute del conflicto, sino porque revela algo muy claro: cuando alguien necesita juntar cinco o seis etiquetas ideológicas para atacar una idea, generalmente lo que está demostrando es que no tiene la menor intención de discutirla seriamente. En ese momento la conversación deja de ser un debate y se convierte en una radiografía del nivel de formación política de quien habla. Es el equivalente intelectual a levantar la voz cuando ya no se tienen razones.

El problema de fondo es que muchas de esas palabras tienen significados históricos precisos, pero en el debate político contemporáneo se han convertido en simples herramientas de propaganda. El término fascismo, por ejemplo, nació para describir el régimen totalitario que instauró Benito Mussolini en Italia en la década de 1920, un sistema donde el Estado controlaba la economía, la sociedad y la vida política bajo una estructura corporativista profundamente autoritaria. Décadas después, el régimen de Adolf Hitler en Alemania desarrolló una versión aún más radical de ese modelo, combinando nacionalismo extremo, control estatal y militarismo. Resulta curioso que hoy, en una discusión cotidiana en redes sociales o en una conversación política, esa palabra termine dirigida contra alguien que simplemente defiende menos intervención estatal en la economía. Es casi una ironía histórica: se acusa de fascista a quien precisamente critica la expansión del poder del Estado.

Algo similar ocurre con la palabra neoliberal. En la discusión académica el término se utilizó durante décadas para describir corrientes de pensamiento que defendían mercados abiertos, competencia económica y disciplina fiscal, ideas asociadas a economistas como Friedrich Hayek o Milton Friedman. Pero en el lenguaje político latinoamericano el concepto mutó. Hoy se utiliza más como una etiqueta moral que como una categoría analítica. Decir “neoliberal” en ciertos círculos políticos equivale a decir “insensible”, “egoísta” o “enemigo del pueblo”, aunque la persona a la que se acusa simplemente esté defendiendo algo tan básico como la importancia de la empresa privada para generar empleo.

Y aquí es donde el contexto colombiano se vuelve particularmente interesante. Colombia es un país donde el sector privado produce cerca del 80 % del empleo formal según datos del DANE, donde las empresas financian gran parte del presupuesto público a través de impuestos, y donde incluso los programas sociales del Estado dependen de la actividad económica que generan millones de trabajadores y emprendedores. Sin embargo, en el discurso político se ha instalado la idea de que el mercado es el problema y que el Estado es la solución. Esta narrativa se repite con tanta frecuencia que muchas personas terminan asumiéndola como una verdad incuestionable.

Es precisamente en ese punto donde el debate se vuelve superficial. En lugar de discutir cómo crear más riqueza, cómo aumentar la productividad o cómo mejorar el entorno empresarial para que haya más empleo, el discurso político se concentra en repartir etiquetas morales. El empresario es presentado como oligarca, el defensor del libre comercio como vendepatria, y quien cuestiona el crecimiento del gasto público es inmediatamente catalogado como ultraderecha. En lugar de discutir políticas públicas, se discuten caricaturas ideológicas.

Esta tendencia no es exclusiva de Colombia, pero aquí tiene un efecto especialmente nocivo porque coincide con una profunda crisis de confianza institucional. Mientras el país enfrenta problemas estructurales como baja productividad, informalidad laboral cercana al 60 %, presión fiscal creciente y dificultades para atraer inversión, gran parte del debate político se reduce a una guerra de palabras que poco tiene que ver con resolver esos desafíos. Es más fácil llamar neoliberal a alguien que explicar por qué la inversión privada es fundamental para el crecimiento económico.

Lo paradójico es que muchas de las libertades que hoy permiten que esas mismas críticas existan nacieron precisamente de la tradición liberal. La libertad de expresión, la división de poderes, la propiedad privada, el comercio internacional y el Estado de derecho fueron conquistas intelectuales que surgieron de pensadores liberales entre los siglos XVII y XIX. Cuando hoy se acusa de reaccionario a alguien que defiende esos principios, se está ignorando que históricamente fueron ideas profundamente revolucionarias frente al absolutismo político.

En Colombia esta contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa la vida cotidiana. El pequeño comerciante que abre su negocio en un barrio de Barranquilla, el emprendedor que inicia una empresa tecnológica en Medellín o el agricultor que exporta café desde el Eje Cafetero no están pensando en ideologías abstractas. Están pensando en producir, vender, pagar impuestos y sostener a sus familias. Sin embargo, el discurso político muchas veces los convierte en símbolos de un supuesto sistema de explotación, como si el simple hecho de generar riqueza fuera moralmente sospechoso.

Por eso, cuando alguien en una conversación recurre a esa cascada de insultos ideológicos —fascista, neoliberal, burgués, ultraderecha— lo que realmente está mostrando no es superioridad moral sino una profunda pobreza conceptual. Es la señal de que ha pasado por una escuela de adoctrinamiento donde las etiquetas sustituyen al pensamiento. En lugar de analizar los argumentos, simplemente repite palabras que alguien más puso en su cabeza, convencido de que nombrar al enemigo equivale a derrotarlo.

Tal vez por eso esas conversaciones terminan siendo tan reveladoras. No porque cambien opiniones, sino porque muestran el estado real del debate público. Cuando los insultos sustituyen a los argumentos, lo que se evidencia no es la fuerza de una ideología sino la fragilidad intelectual de quienes la defienden. Y en un país que necesita con urgencia debates serios sobre crecimiento económico, institucionalidad y libertad individual, esa pereza intelectual puede resultar mucho más peligrosa que cualquier diferencia ideológica.