La ilusión del cambio

En Colombia se ha vuelto costumbre que cada debate político se reduzca a una lucha de narrativas. Pero hay momentos en los que el país debe detenerse, mirar con frialdad el panorama y preguntarse si el rumbo que está tomando corresponde realmente a una transformación sensata o si se trata simplemente de una ilusión ideológica disfrazada de justicia social. Hoy, en medio de una polarización cada vez más profunda, dos figuras se han convertido en símbolos de ese dilema nacional: Gustavo Petro e Iván Cepeda. Ambos representan una corriente política que afirma luchar por los excluidos, por los pobres y por las mayorías olvidadas; sin embargo, cuando se analizan sus propuestas, discursos y decisiones de gobierno, emerge una realidad inquietante: la construcción de un modelo político cada vez más dependiente del Estado, más burocrático y menos respetuoso de las dinámicas que realmente generan prosperidad.

Para comprender el momento actual hay que empezar por reconocer que Colombia nunca ha sido un país especialmente liberal en lo económico. Durante décadas el Estado ha intervenido en múltiples sectores, ha creado subsidios, ha regulado mercados y ha impuesto cargas tributarias considerables. Sin embargo, pese a todas sus fallas, el país logró construir una economía relativamente abierta en comparación con gran parte de América Latina. Esa estructura permitió que sectores productivos crecieran, que miles de pequeñas empresas surgieran y que millones de colombianos encontraran oportunidades fuera de la dependencia estatal. Lo que hoy preocupa a muchos analistas no es simplemente la presencia del Estado —que siempre ha existido— sino la forma en que el actual proyecto político pretende expandirlo hasta convertirlo en el centro absoluto de la vida económica.

La presidencia de Gustavo Petro ha sido el escenario más evidente de esa tendencia. Desde el inicio de su gobierno, su discurso ha estado marcado por una narrativa de confrontación con el modelo económico vigente. Petro ha insistido en que el país debe abandonar lo que llama “economía extractivista”, refiriéndose principalmente a la dependencia del petróleo y el carbón. Su propuesta de transición energética plantea reducir progresivamente la exploración de nuevos proyectos de hidrocarburos, aun cuando estos representan una porción significativa de los ingresos fiscales del Estado y de las exportaciones nacionales. En términos simples, el gobierno ha planteado modificar uno de los pilares financieros del país sin presentar una alternativa productiva clara que compense esa pérdida de ingresos en el corto o mediano plazo.

Este tipo de decisiones no son simplemente debates ambientales; tienen implicaciones directas sobre la estabilidad fiscal. Colombia ha financiado durante años buena parte de su gasto público gracias a los ingresos provenientes del sector energético. Reducir esa fuente de recursos sin un reemplazo inmediato significa aumentar el déficit fiscal o incrementar la presión tributaria sobre otros sectores de la economía. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido. La reforma tributaria impulsada por el gobierno elevó la carga fiscal sobre empresas y sectores productivos, especialmente sobre industrias relacionadas con recursos naturales. El argumento oficial fue que se trataba de una reforma para que “los que más tienen paguen más”, pero en la práctica también ha afectado la capacidad de inversión de sectores que generan empleo y crecimiento.

El problema no se limita a los impuestos. La visión económica del gobierno ha mostrado una tendencia constante a intervenir en los mercados. Petro ha criticado repetidamente a las empresas de energía, a los bancos, a las concesiones de infraestructura y a otros sectores privados, sugiriendo que el Estado debe tener un papel más fuerte para controlar o dirigir esas actividades. En varias ocasiones ha planteado congelar tarifas de servicios públicos o intervenir en el funcionamiento de ciertos mercados. Aunque algunas de estas ideas no se han concretado plenamente debido a los límites institucionales, el simple hecho de plantearlas genera incertidumbre económica. Los inversionistas —tanto nacionales como extranjeros— reaccionan ante señales de riesgo, y una economía que proyecta intervención permanente tiende a volverse menos atractiva para el capital productivo.

En este punto aparece una figura que, para muchos observadores, representa una versión incluso más radical de la misma visión política: Iván Cepeda. Si Petro es el gobernante obligado a moderar su discurso por la realidad institucional, Cepeda es el ideólogo que puede permitirse hablar sin esas limitaciones. Su trayectoria política está marcada por una fuerte identidad de izquierda. Durante su juventud participó en movimientos vinculados al Partido Comunista Colombiano, y aunque posteriormente se definió dentro de corrientes más amplias de izquierda democrática, su discurso sigue profundamente influenciado por esa tradición ideológica.

Cepeda ha defendido abiertamente la necesidad de transformar la estructura económica del país, especialmente en el campo. En diversas intervenciones públicas ha planteado que Colombia necesita una reforma agraria profunda que redistribuya la tierra y reorganice el sistema productivo rural. Según sus planteamientos, el Estado debe intervenir de manera decisiva para garantizar que la tierra cumpla una función social, facilitando su redistribución y promoviendo nuevas formas de producción colectiva o cooperativa. La idea de fondo es que la estructura agraria actual reproduce desigualdades históricas y que solo una intervención estatal fuerte puede corregir ese problema.

El planteamiento puede parecer atractivo desde una perspectiva moral, pero la historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de cómo estos procesos terminan generando efectos opuestos a los deseados. Cuando la seguridad jurídica sobre la propiedad se debilita, la inversión en el campo tiende a reducirse. Los productores pierden incentivos para mejorar la productividad si existe la posibilidad de que sus tierras sean redistribuidas o sometidas a controles políticos. En lugar de generar prosperidad rural, muchas reformas agrarias mal diseñadas han producido estancamiento agrícola, caída en la producción y conflictos sociales prolongados.

A esto se suma el enfoque general de la izquierda gobernante respecto al papel del Estado. Tanto Petro como Cepeda comparten la convicción de que los grandes problemas sociales deben resolverse mediante programas públicos, subsidios y expansión del aparato estatal. En principio, nadie discute la necesidad de políticas sociales en un país con altos niveles de desigualdad. El problema surge cuando la respuesta a cada desafío económico consiste simplemente en crear más instituciones, más regulaciones y más gasto público, sin considerar los límites financieros y administrativos del Estado.

Colombia ya enfrenta un aparato burocrático considerablemente grande y costoso. Cada nuevo programa social implica recursos, personal, infraestructura administrativa y mecanismos de control. Sin una base productiva que crezca al mismo ritmo, el resultado inevitable es un aumento del endeudamiento público o de los impuestos. A largo plazo, ese modelo genera dependencia estructural: cada vez más ciudadanos dependen del Estado para su bienestar, mientras el Estado depende cada vez más de recursos que provienen del sector productivo privado.

En este contexto, la comparación con otras experiencias latinoamericanas aparece de forma inevitable. Países como Argentina han atravesado ciclos prolongados de políticas económicas intervencionistas que terminaron debilitando su capacidad productiva y generando inflación crónica. Venezuela, por su parte, llevó esa lógica al extremo con un modelo de control estatal sobre amplios sectores de la economía que terminó destruyendo la producción nacional. Colombia no se encuentra en ese punto, pero la preocupación de muchos analistas radica en la dirección que podrían tomar las políticas si la tendencia actual se profundiza.

El problema central no es simplemente ideológico. Es estructural. Una economía moderna necesita equilibrio entre el Estado y el mercado. El Estado cumple funciones esenciales: garantizar seguridad jurídica, ofrecer bienes públicos, corregir fallas del mercado y proteger a los más vulnerables. Pero cuando intenta convertirse en el actor principal de la producción y la distribución de recursos, suele perder eficiencia y generar distorsiones que terminan perjudicando a la sociedad en su conjunto.

La paradoja del proyecto político que representan Petro y Cepeda es que, en nombre de la justicia social, podrían estar debilitando las condiciones que hacen posible el progreso económico. La historia demuestra que las sociedades que han logrado reducir la pobreza de manera sostenible son aquellas que combinan instituciones sólidas, mercados dinámicos y políticas sociales responsables. Cuando uno de esos elementos domina completamente sobre los demás —especialmente el poder estatal— el equilibrio se rompe.

Colombia enfrenta hoy una discusión que va más allá de los nombres propios de sus líderes. Se trata de decidir qué modelo de desarrollo quiere construir en las próximas décadas. Un país que dependa cada vez más del Estado corre el riesgo de limitar la iniciativa individual, desalentar la inversión y reducir su capacidad de innovación. Un país que ignore por completo las desigualdades sociales tampoco puede aspirar a una estabilidad duradera. El desafío consiste en encontrar un punto de equilibrio.

La crítica a Petro y Cepeda surge precisamente de esa preocupación. No se trata de negar los problemas sociales del país ni de defender ciegamente el modelo económico existente. Se trata de advertir que ciertas ideas, por nobles que parezcan en el discurso, pueden producir consecuencias muy diferentes cuando se aplican en la práctica. La historia económica está llena de ejemplos de proyectos políticos que prometían igualdad y terminaron generando estancamiento.

Colombia aún tiene instituciones capaces de equilibrar el poder político: un Congreso activo, una Corte Constitucional vigilante, una sociedad civil crítica y un sector productivo que sigue siendo dinámico. Esos contrapesos han evitado que las ideas más radicales se conviertan en políticas irreversibles. Pero el debate sigue abierto, y el rumbo que tome el país dependerá de la capacidad de sus ciudadanos para analizar con serenidad las propuestas de quienes aspiran a dirigirlo.

En última instancia, el verdadero peligro no está en una persona o en un partido, sino en la tentación permanente de creer que el Estado puede resolver todos los problemas de la sociedad. Cuando esa idea se vuelve dominante, la libertad económica y la responsabilidad individual comienzan a erosionarse lentamente. Y cuando eso ocurre, recuperar el equilibrio puede tomar generaciones.