La democracia no vive del discurso

 

En el debate político colombiano se ha vuelto común escuchar que la manera de combatir la corrupción es “votar a conciencia para defender la democracia”. La frase suena correcta, incluso moralmente incuestionable. Pero cuando se observa con más detenimiento el comportamiento electoral y la narrativa política dominante, aparece una contradicción inquietante: muchos ciudadanos dicen defender la democracia mientras apoyan proyectos políticos que construyen su poder sobre el resentimiento económico, el desprestigio del sector productivo y la promesa de redistribuir riqueza que aún no existe. La paradoja es evidente. Se proclama la defensa de la democracia, pero se vota por discursos que, históricamente, han debilitado las condiciones que permiten que esa democracia sea sostenible.

Para entender este fenómeno hay que empezar por un hecho básico que rara vez se menciona en el debate político: ningún Estado puede sostenerse sin una base productiva sólida. Los recursos públicos no aparecen por generación espontánea ni son creados por decretos gubernamentales. Surgen del trabajo, del emprendimiento, del comercio, de la inversión y de la innovación. En términos fiscales, el Estado vive de los impuestos; y los impuestos dependen de la actividad económica. Sin empresas, sin trabajadores productivos y sin inversión privada, la capacidad fiscal de un país se desploma. Es una relación tan evidente que sorprende que en la política contemporánea se ignore con tanta facilidad.

En Colombia, sin embargo, el debate público parece haber girado hacia otra dirección. El empresario ha pasado de ser un actor económico fundamental a convertirse en un personaje sospechoso dentro del discurso político. En numerosos escenarios mediáticos se ha instalado la idea de que la riqueza privada es, por definición, resultado de privilegios, corrupción o explotación. Ese relato ha sido utilizado con frecuencia por sectores políticos que se presentan como redentores sociales y que prometen redistribuir lo que llaman “riqueza concentrada”. En esa narrativa, el empresario no es un generador de empleo sino un enemigo de la justicia social.

Esta forma de entender la economía no es nueva. Durante el siglo XX numerosos países experimentaron modelos políticos basados en la confrontación entre el Estado y el sector productivo. En muchos casos esos experimentos terminaron en estancamiento económico, inflación crónica o crisis institucionales profundas. Economistas como Friedrich Hayek advirtieron desde mediados del siglo pasado que cuando el poder político comienza a concentrar cada vez más funciones económicas, el resultado inevitable es una reducción de la libertad individual y una creciente dependencia de los ciudadanos respecto del Estado. Algo similar señalaba Milton Friedman cuando afirmaba que una sociedad que pone la igualdad económica por encima de la libertad termina perdiendo ambas.

En Colombia este debate ha tomado una dimensión particular en los últimos años. El ascenso político de Gustavo Petro representa, para muchos sectores, una ruptura histórica con el establecimiento político tradicional. Sus seguidores sostienen que su proyecto busca corregir décadas de desigualdad, corrupción y exclusión social. Sin embargo, sus críticos advierten que parte de su discurso económico se fundamenta en una profunda desconfianza hacia el sector empresarial y en una visión del desarrollo donde el Estado asume un rol cada vez más central en la economía.

El problema no es simplemente ideológico. El problema es estructural. Cuando un país envía señales constantes de hostilidad hacia la inversión, hacia la propiedad privada o hacia la actividad empresarial, el capital reacciona. La inversión se reduce, el empleo formal se estanca y la informalidad crece. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más del 55 % de los trabajadores en Colombia se encuentran en la informalidad. Esta cifra revela una realidad preocupante: millones de colombianos sobreviven en actividades económicas precarias precisamente porque el entorno institucional no facilita la creación de empresas sostenibles ni la expansión del empleo formal.

Y aquí aparece una reflexión incómoda que pocas veces se formula con claridad. En muchas ocasiones, una parte del electorado no vota realmente para transformar el sistema económico sino para asegurar que, dentro de ese sistema, le llegue alguna porción de los recursos públicos. El clientelismo político no es solo una estrategia de los políticos; también es una dinámica social donde sectores de la población perciben al Estado como una fuente de transferencias más que como un facilitador de oportunidades productivas. Bajo esa lógica, la política deja de ser un mecanismo para crear prosperidad y se convierte en una competencia por controlar la distribución del presupuesto público.

Esta dinámica explica por qué en el debate político colombiano se ha vuelto tan común escuchar la frase: “la derecha también robó”. El argumento no busca defender principios institucionales ni exigir transparencia; busca relativizar la corrupción para justificar que ahora otros grupos políticos tengan acceso al mismo botín estatal. En ese momento la discusión deja de ser moral o institucional y se convierte simplemente en una disputa por el control del poder.

Pero la economía no perdona las ilusiones políticas. Cuando el aparato productivo se debilita, el Estado inevitablemente enfrenta una restricción fiscal. Los ingresos tributarios disminuyen, la deuda pública aumenta y el gasto social se vuelve cada vez más difícil de sostener. En ese punto aparecen dos caminos posibles: reducir el tamaño del Estado o aumentar el control político sobre la economía. En numerosos casos históricos, los gobiernos han optado por la segunda opción. El resultado suele ser una expansión del poder estatal, mayor intervención económica y, en casos extremos, restricciones a las libertades individuales.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde proyectos políticos surgidos de elecciones democráticas terminaron erosionando las propias instituciones democráticas. Esto ocurre cuando la democracia se reduce a un simple mecanismo electoral y deja de estar acompañada por límites institucionales al poder político. El constitucionalismo moderno siempre ha entendido que la democracia necesita contrapesos: independencia judicial, reglas fiscales claras, respeto por la propiedad privada y un marco regulatorio estable que permita la planificación económica de largo plazo.

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse qué tipo de democracia se está construyendo en Colombia. ¿Una democracia orientada a crear riqueza mediante la innovación, el emprendimiento y la libertad económica? ¿O una democracia orientada a redistribuir recursos cada vez más escasos mediante promesas políticas que rara vez se cumplen? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro económico del país mucho más que cualquier debate ideológico.

Porque al final existe una verdad simple que ninguna narrativa política puede alterar: antes de repartir la riqueza, una sociedad necesita crearla. Y la creación de riqueza no surge del resentimiento ni del discurso sentimental. Surge del trabajo, de la inversión, del conocimiento y de la libertad para emprender.

Cuando una sociedad olvida esa realidad, la democracia deja de ser un sistema para producir prosperidad y se convierte en una competencia permanente por administrar la escasez. Y en ese escenario, lo que termina en crisis no es solo la economía, sino la propia democracia que tantos dicen defender.