Gobernar la Incertidumbre

 

Hay países donde el riesgo es parte del cálculo y otros donde la incertidumbre devora cualquier intento de cálculo. Colombia, en este momento histórico, parece desplazarse peligrosamente hacia lo segundo. No se trata de una consigna ideológica ni de una reacción emocional frente a un gobierno específico; se trata de un fenómeno económico e institucional que puede analizarse con categorías técnicas. Bajo la administración de Gustavo Petro, el debate público ha dejado de girar en torno a cuánto creceremos o qué tan competitivos podemos ser, para concentrarse en algo más básico: si las reglas del juego permanecerán estables el tiempo suficiente como para que alguien quiera apostar capital en el país.

En economía existe una distinción crucial formulada por Frank Knight hace más de un siglo: riesgo es aquello que puede medirse; incertidumbre es aquello que no puede cuantificarse porque las probabilidades mismas son desconocidas. Cuando un empresario colombiano evalúa invertir en el sector energético, contratar nuevos empleados bajo una reforma laboral en discusión o planear su retiro frente a una reforma pensional que altera los incentivos del sistema, ya no enfrenta simplemente riesgo. Enfrenta incertidumbre institucional. Y la incertidumbre, a diferencia del riesgo, paraliza.

Conviene precisar que ningún país democrático es estático. Las reformas son inherentes al ejercicio del poder. Sin embargo, la diferencia entre reforma estructural y volatilidad normativa radica en la previsibilidad. Cuando la política pública se comunica con ambigüedad, se modifica en el trámite legislativo o se redefine discursivamente semana a semana, las expectativas racionales —en el sentido de Muth y Lucas— se deterioran. El resultado no es solo ruido político; es una prima de riesgo más alta, un mayor costo de financiamiento y una contracción de la inversión.

Los datos no pueden ignorarse. El crecimiento económico de Colombia en 2023 fue cercano al 0,6 % según el DANE, una desaceleración marcada frente al rebote posterior a la pandemia. En 2024 la recuperación ha sido frágil y heterogénea. La inversión como porcentaje del PIB ha mostrado debilidad, particularmente en sectores intensivos en capital. La tasa de cambio ha experimentado episodios de volatilidad significativa desde 2022, reflejando sensibilidad a anuncios de política energética y fiscal. Standard & Poor’s y Fitch mantienen a Colombia en grado especulativo desde 2021, pero el entorno fiscal actual —con presiones sobre el déficit y dudas sobre el cumplimiento de la regla fiscal— alimenta interrogantes adicionales.

Ahora bien, sería intelectualmente deshonesto atribuir toda dificultad económica exclusivamente a la administración actual. Colombia arrastra problemas estructurales: dependencia de commodities, informalidad laboral cercana al 58 %, baja productividad y un Estado históricamente ineficiente en la ejecución del gasto. Sin embargo, lo que agrava el momento presente no es solo la herencia, sino la percepción de que el marco institucional puede rediseñarse con criterios predominantemente políticos antes que técnicos.

Tomemos la transición energética. El gobierno ha defendido la necesidad de reducir la dependencia de hidrocarburos, alineándose con corrientes internacionales que priorizan la descarbonización. La posición ideológica encuentra eco en pensadores como Thomas Piketty en materia de justicia distributiva o en agendas verdes globales impulsadas por organismos multilaterales. Pero incluso aceptando la legitimidad del objetivo ambiental, la velocidad y forma de implementación determinan sus efectos económicos. Cuando se suspenden nuevos contratos de exploración sin una estrategia clara de sustitución de ingresos fiscales —recordemos que el petróleo y el carbón han representado históricamente cerca del 40 % de las exportaciones— el mercado no percibe una transición ordenada, sino una ruptura potencial de flujos futuros.

Y aquí emerge el problema central: el cálculo económico depende de expectativas estables. Friedrich Hayek advertía que el conocimiento está disperso y que el sistema de precios coordina decisiones descentralizadas. Si la señal de precios se distorsiona por decisiones políticas imprevisibles, el empresario no puede distinguir si enfrenta un cambio genuino de mercado o una alteración transitoria inducida por el poder. En Colombia, pequeños y medianos empresarios en ciudades como Barranquilla, Medellín o Bucaramanga reportan aplazamientos en expansión, prudencia en contratación y preferencia por liquidez. No es ideología; es supervivencia.

Podría argumentarse que toda transformación genera resistencia y que la incertidumbre es el costo inevitable del cambio. Sin embargo, las democracias consolidadas minimizan ese costo mediante reglas claras, respeto por la independencia del banco central y coherencia fiscal. El Banco de la República ha mantenido su autonomía y eso constituye un ancla fundamental. Pero el discurso recurrente contra sectores empresariales, la tensión con altas cortes y los mensajes contradictorios en materia de reforma institucional erosionan gradualmente la confianza, que es un activo intangible pero determinante.

La confianza no aparece en el presupuesto nacional, pero sin ella no hay crédito barato, no hay inversión extranjera sostenida y no hay horizonte de largo plazo. Douglass North explicó que las instituciones reducen la incertidumbre al estructurar la interacción humana. Cuando esas instituciones parecen sujetas a reinterpretaciones constantes, la incertidumbre se expande más allá de la política y penetra la vida cotidiana. El joven profesional que duda en adquirir vivienda, el comerciante que evita ampliar su local, el inversionista que decide dolarizar parte de su portafolio: todos están reaccionando al mismo fenómeno.

Algunos defensores del gobierno sostienen que la redistribución y la justicia social justifican la reconfiguración del modelo económico. Es un debate legítimo. Pero incluso la redistribución requiere una base productiva sólida. Sin crecimiento sostenido, la promesa distributiva se financia con deuda o con mayores cargas tributarias sobre un sector formal ya reducido. Y cuando la deuda aumenta en un contexto de menor crecimiento, el espacio fiscal se estrecha, incrementando nuevamente la percepción de fragilidad.

El dilema colombiano no es izquierda versus derecha. Es previsibilidad versus arbitrariedad. Un proyecto político puede ser progresista, liberal o conservador, pero si respeta contratos, mantiene disciplina fiscal y comunica reformas con claridad técnica, los agentes pueden adaptarse. Lo que no pueden hacer es operar en un entorno donde cada semana redefine las expectativas.

La historia económica latinoamericana ofrece advertencias elocuentes. Países que erosionaron gradualmente su seguridad jurídica no colapsaron de inmediato; primero experimentaron fuga lenta de capital, luego estancamiento y finalmente crisis abiertas. Colombia no está en ese punto, pero el debate actual debe centrarse en evitar que la incertidumbre se institucionalice.

Gobernar implica transformar, sí, pero también preservar las condiciones que permiten que millones de decisiones descentralizadas coordinen prosperidad. Cuando la política se convierte en fuente constante de sorpresa, el cálculo desaparece y con él la inversión, el empleo y el crecimiento. En ese escenario, la incertidumbre deja de ser una sensación y se convierte en estructura.

Colombia necesita reformas profundas, pero necesita aún más reglas estables. Sin previsibilidad no hay capitalismo funcional, y sin capitalismo funcional no hay recursos para financiar el ideal social que se proclama. El desafío no es silenciar el cambio, sino gobernarlo con coherencia. Porque cuando un país deja de operar bajo probabilidades y comienza a vivir en incertidumbre permanente, la primera víctima no es la oposición política; es el futuro económico de todos.