El poder de decidir por todos

 

Hay una tentación recurrente en la historia política: la idea de que el orden económico puede ser diseñado desde arriba con la precisión de un ingeniero y ejecutado con la disciplina de un ejército. Esa aspiración, que ha adoptado distintos nombres y justificaciones, desde la planificación socialista hasta el dirigismo nacionalista, parte de una premisa profundamente cuestionable: que el conocimiento necesario para coordinar millones de decisiones individuales puede concentrarse en el poder político. La evidencia histórica, sin embargo, ha mostrado de manera insistente que cuando el Estado intenta sustituir al mercado como mecanismo de asignación de recursos, no solo fracasa en eficiencia, sino que erosiona las bases mismas de la prosperidad.

No es una discusión ideológica abstracta; es un patrón empírico. Desde las políticas de colectivización de Joseph Stalin hasta los experimentos de planificación radical de Mao Zedong, el resultado ha sido consistente: desabastecimiento, caída de la productividad y, en los casos más extremos, tragedias humanas de gran escala. Incluso en modelos menos extremos, como el control económico del régimen de Adolf Hitler, donde la propiedad formal permanecía en manos privadas, la subordinación de la economía a fines políticos produjo una estructura artificial que colapsó con rapidez al desaparecer el estímulo militar. Más cerca en el tiempo, las políticas implementadas por Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro convirtieron a una de las economías más ricas en recursos de la región en un caso paradigmático de hiperinflación, escasez y migración masiva, como lo documentan informes del FMI y la CEPAL en la última década.

El punto no es meramente histórico. Es profundamente contemporáneo y, en el caso colombiano, inquietantemente cercano. Bajo la administración de Gustavo Petro, se ha configurado un discurso que, aunque no replica de manera explícita los modelos más radicales del siglo XX, sí comparte su lógica subyacente: la desconfianza hacia el mercado y la creciente confianza en la capacidad del Estado para reorganizar sectores estratégicos. La discusión sobre la reforma a la salud, por ejemplo, no es simplemente técnica; implica un rediseño estructural donde el Estado concentra funciones que antes estaban distribuidas entre múltiples actores, reduciendo los mecanismos de competencia y elección. La literatura económica ha advertido reiteradamente que la centralización excesiva en sistemas complejos tiende a generar cuellos de botella, corrupción y pérdida de calidad en el servicio.

Ahora bien, el fenómeno no se limita a un sector. Las tensiones en el sector energético, particularmente en torno a la exploración de hidrocarburos, reflejan una intervención que no solo redefine incentivos, sino que introduce incertidumbre regulatoria. En un país donde los ingresos fiscales dependen en gran medida de este sector, la señal que se envía al mercado es crítica. Estudios del Banco de la República han mostrado que la inversión responde de manera sensible a la estabilidad institucional; cuando esta se ve comprometida, la consecuencia directa es la contracción de la actividad económica y, en última instancia, del empleo.

Pero quizá el aspecto más preocupante no es una política específica, sino el marco conceptual que las articula. La idea de que el Estado puede “corregir” al mercado sustituyéndolo, en lugar de complementarlo, ignora lo que economistas como Friedrich Hayek denominaron el problema del conocimiento: la información relevante para la toma de decisiones económicas está dispersa entre millones de individuos y no puede ser centralizada sin pérdidas significativas. Cuando el Estado fija precios, decide qué producir o redefine las reglas de asignación de recursos sin considerar este principio, inevitablemente genera distorsiones que se traducen en escasez o excedentes artificiales.

En la vida cotidiana del colombiano promedio, estas dinámicas no son abstractas. Se manifiestan en el aumento del costo de vida, en la incertidumbre laboral, en la dificultad para acceder a servicios básicos con la misma calidad o en la pérdida de oportunidades de emprendimiento. Cuando un pequeño empresario enfrenta cambios regulatorios constantes o un entorno fiscal incierto, su capacidad de planificar a largo plazo se reduce drásticamente. Y cuando esa incertidumbre se generaliza, el resultado agregado es una economía más débil.

Conviene entonces hacer una pausa y observar el hilo conductor. No se trata de comparar de manera simplista a Colombia con regímenes históricos extremos, sino de identificar patrones institucionales que, en distintos contextos, han producido resultados similares. La concentración de poder económico en el Estado, la erosión de los incentivos individuales y la politización de las decisiones productivas no son elementos neutros; son variables que, cuando se combinan, tienden a deteriorar el desempeño económico.

Y aquí emerge una reflexión final que trasciende nombres y coyunturas. El desarrollo no es el resultado de decretos ni de planes centralizados; es la consecuencia de un orden espontáneo donde millones de decisiones individuales interactúan bajo reglas claras y estables. Cuando el poder político intenta sustituir ese orden por uno diseñado, no solo enfrenta límites técnicos, sino que abre la puerta a dinámicas de poder que históricamente han demostrado ser difíciles de contener.

Colombia se encuentra en un punto de inflexión. La discusión no debería centrarse en etiquetas ideológicas, sino en resultados observables y en lecciones históricas que están ampliamente documentadas. Ignorarlas no es un acto de innovación política; es, en el mejor de los casos, un experimento riesgoso, y en el peor, la repetición de errores cuyos costos ya han sido pagados, una y otra vez, por sociedades enteras.