El espejismo de la gestión económica

 

Hablar hoy de Colombia exige sinceridad intelectual, incluso cuando esa sinceridad incomoda. Vivimos un momento en el que viejas ideas —presentadas como nuevas soluciones— vuelven a seducir a una ciudadanía cansada, desconfiada y deseosa de un cambio inmediato. De ahí que resulte tan fácil escuchar, con una naturalidad sorprendente, que la economía puede “dirigirse”, “controlarse” o “gestionarse” desde el Palacio de Nariño, como si los 50 millones de decisiones diarias que conforman nuestro sistema productivo fueran engranajes de una máquina que solo necesita un operador con voluntad política. Es la misma ilusión que acompañó a los experimentos de planificación central del siglo XX, y la misma que, pese a su historial de fracasos, hoy regresa bajo nuevos discursos progresistas. Su retorno no se explica por sus resultados —que fueron decepcionantes en todos los casos— sino porque en tiempos de angustia colectiva las promesas de orden y protección estatal siempre encuentran eco.

El problema, sin embargo, va mucho más allá de la retórica. La evidencia histórica y contemporánea es consistente: cada vez que un gobierno pretende reorganizar la economía desde arriba, termina destruyendo las señales que permiten a los ciudadanos coordinar sus acciones. En Colombia lo estamos viendo con claridad. La incertidumbre regulatoria, los cambios improvisados en reglas de juego y la ampliación de la intervención estatal han debilitado la inversión, frenado el empleo y erosionado la confianza. El Banco de la República reportó en 2023 una caída sostenida de la inversión extranjera directa en los sectores no minero-energéticos, y Fedesarrollo ha advertido sobre la pérdida de dinamismo del aparato productivo por el deterioro de expectativas empresariales. Estos fenómenos no surgen de la nada: emergen cuando un gobierno cree que puede guiar la economía como un plan maestro, en lugar de reconocer que la información vital está dispersa entre millones de personas, no en el escritorio de un ministro.

Aquí es pertinente recordar el argumento sobre la imposibilidad del cálculo económico desarrollado por autores como Ludwig von Mises, no como un dogma, sino como una advertencia técnica: sin precios libres —formados por oferta y demanda real— los planificadores quedan ciegos. Es exactamente lo que sucede cuando el Estado interviene en mercados clave, distorsionando costos y beneficios en nombre de supuestas “correcciones” que terminan produciendo peores efectos. En Colombia, los controles de precios en servicios de salud, combustibles o medicamentos, lejos de resolver problemas estructurales, han generado escasez, desincentivos a la producción y mayores presiones fiscales. Es un patrón reconocido en la literatura económica y documentado por instituciones internacionales como la OCDE: las intervenciones mal diseñadas suelen exacerbar las fallas que buscan corregir.

Pero lo más inquietante es que estas políticas no son errores aislados; responden a una visión más profunda, una visión que comparte elementos con proyectos ideológicos de líderes como Gustavo Petro, Nicolás Maduro o incluso discursos progresistas defendidos por figuras como Bernie Sanders. Todos parten de una premisa común: que el mercado es inherentemente injusto y que, por tanto, la solución es reemplazarlo —o, al menos, someterlo— a la voluntad política. La historia muestra, sin embargo, que cuando el gobierno adquiere la capacidad de decidir qué producir, cómo producir y para quién producir, los costos los termina pagando la sociedad entera. Venezuela, Cuba, Argentina y la antigua Unión Soviética no son episodios anecdóticos; son recordatorios empíricos de que la planificación centralizada genera escasez, inflación y empobrecimiento, incluso cuando se adopta gradualmente y bajo discursos de justicia social.

Aterrizar este análisis a la realidad colombiana implica observar cómo, en los últimos años, ha aumentado el intervencionismo en sectores clave como la energía, la salud, las pensiones o el trabajo. Y, al mismo tiempo, cómo se ha debilitado la confianza en instituciones fundamentales para la estabilidad económica. La inflación, que alcanzó cifras superiores al 13% en 2022 según el DANE, no fue un simple accidente global; también fue estimulada por medidas internas que afectaron la oferta, aumentaron la incertidumbre y presionaron costos de producción. Aunque la inflación ha venido bajando, el efecto acumulado sobre el poder adquisitivo sigue siendo profundo, y los hogares colombianos lo sienten cada día: en la canasta familiar, en los servicios, en el transporte, en el deterioro silencioso de su capacidad de ahorro.

Es justamente aquí donde la narrativa política intenta ofrecer su explicación preferida: “el mercado es el culpable”. Pero la evidencia muestra otra cosa. Gran parte de la inestabilidad reciente proviene de políticas públicas improvisadas o mal focalizadas, que generan ciclos de auge artificial seguido de caída inevitable. Es el caso del gasto público basado en expectativas fiscales poco realistas, de las reformas diseñadas sin análisis técnico suficiente, y de la obsesión por intervenir sectores que requieren reglas estables, no voluntarismo ideológico. La paradoja es contundente: la intervención estatal, presentada como mecanismo de estabilidad y justicia, termina produciendo inflación, deterioro productivo y empobrecimiento relativo.

Y sin embargo, el socialismo —o sus versiones suavizadas— vuelve a estar de moda. No porque haya demostrado funcionar, sino porque promete soluciones emocionales en tiempos de frustración. En países desiguales como Colombia, la idea de que el Estado puede redistribuir riqueza con eficacia, sin afectar la creación de esa misma riqueza, suena seductora. Pero es un espejismo económico. La redistribución sin producción es solo transferencia temporal; la producción sin incentivos es un proyecto condenado al estancamiento. Y la fe en que un gobierno puede “gestionar” la economía desde arriba solo aplaza la necesidad de enfrentar nuestras verdaderas falencias institucionales: informalidad, baja productividad, corrupción, inseguridad jurídica y un Estado que ya administra mucho más de lo que puede gestionar con eficiencia.

Al final, lo que está en juego es algo más profundo que un debate técnico. Es la responsabilidad de reconocer que la economía no es un tablero de juego donde las fichas se mueven según la voluntad de un gobernante, sino un orden vivo construido desde abajo, que requiere libertad, estabilidad y reglas claras. Pretender lo contrario —creer que un presidente o un ministro puede dirigir desde su despacho los incentivos, expectativas y decisiones de millones de colombianos— no solo es ingenuo: es peligroso. Porque cuando la política invade cada rincón de la economía, la consecuencia inevitable es la erosión de la prosperidad.

En un país que aún lucha por consolidar instituciones, expandir oportunidades y romper ciclos de pobreza, apostar por más intervención estatal no es un acto de valentía progresista, sino un retroceso a modelos que ya demostraron su incapacidad para generar bienestar sostenible. Colombia no necesita más gestión centralizada; necesita más libertad económica, más estabilidad jurídica y más confianza en la capacidad creativa de sus ciudadanos. El desafío es reconocerlo antes de que el costo sea irreversible, porque la historia es clara: los países que sustituyen la coordinación descentralizada del mercado por la voluntad política terminan pagando un precio demasiado alto. Y Colombia, hoy más que nunca, no puede darse ese lujo.