Economistas sin memoria

 

Hay algo inquietante en la forma en que hoy se enseña y se practica la economía en Colombia: se presenta como una ciencia cerrada, pulida, casi incuestionable, donde los modelos reemplazan a las discusiones y las ecuaciones sustituyen a las ideas. Pero esa apariencia de solidez técnica es, en muchos sentidos, una ilusión construida sobre un vacío deliberado: la ausencia de historia del pensamiento económico. No es que la disciplina haya evolucionado dejando atrás sus debates fundacionales; es que decidió, consciente o inconscientemente, ocultarlos. Y en un país como el nuestro, donde las decisiones económicas tienen consecuencias directas sobre la pobreza, la informalidad y la movilidad social, ese olvido no es inocente, es profundamente político.

Resulta revelador observar cómo los programas universitarios en economía han ido reduciendo progresivamente los cursos dedicados a la historia del pensamiento, sustituyéndolos por formación cuantitativa y econometría avanzada. La lógica es aparentemente incuestionable: formar economistas “competitivos”, capaces de modelar, predecir y diseñar políticas públicas. Sin embargo, este giro tiene una implicación epistemológica de fondo: el estudiante deja de ver la economía como un campo de debate intelectual para percibirla como un conjunto de herramientas técnicas neutrales. Así, cuando se le enseña teoría macroeconómica, rara vez se le explica que detrás de esas fórmulas existen disputas históricas profundas, como las que enfrentaron a John Maynard Keynes con sus críticos, o a Friedrich Hayek con los defensores de la planificación central. El resultado es un economista funcional, pero intelectualmente desarmado.

Y en Colombia, donde el debate económico está cada vez más atravesado por decisiones de política pública con fuerte carga ideológica, esta formación incompleta se vuelve problemática. Basta con observar las discusiones actuales en torno al papel del Estado en la economía, la expansión del gasto público o la intervención en mercados estratégicos. Las propuestas del gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, han reavivado ideas sobre planificación, redistribución agresiva y control estatal que no son nuevas, aunque se presenten como respuestas innovadoras a problemas estructurales. Sin embargo, gran parte del debate público se da sin referencia a los antecedentes teóricos e históricos de estas políticas, como si el país estuviera experimentando por primera vez dilemas que han sido ampliamente discutidos en el siglo XX.

En ese punto, la omisión de la historia del pensamiento económico deja de ser un problema académico y se convierte en un problema institucional. Cuando una sociedad pierde memoria intelectual, pierde también la capacidad de anticipar las consecuencias de sus decisiones. La discusión sobre subsidios, por ejemplo, suele plantearse en términos de justicia social inmediata, sin considerar los efectos de largo plazo sobre incentivos, productividad y sostenibilidad fiscal. Pero estos no son temas nuevos: economistas como Ludwig von Mises ya habían advertido sobre las distorsiones que genera la intervención estatal cuando se desconecta de los mecanismos de mercado. Ignorar estas advertencias no las invalida; simplemente aumenta el costo de redescubrirlas a través de la experiencia.

Pero sería un error atribuir este fenómeno únicamente a la política. La academia también ha contribuido activamente a este proceso de amnesia. La influencia de economistas como Paul Samuelson consolidó una visión de la economía como una disciplina formal, donde el valor del conocimiento se mide por su capacidad de ser expresado matemáticamente. Este enfoque, aunque poderoso en términos analíticos, tiende a excluir todo aquello que no puede ser fácilmente modelado: la incertidumbre radical, el conocimiento disperso, la evolución institucional. Paradójicamente, estos elementos son precisamente los que dominan la realidad económica de países como Colombia, donde la informalidad supera el 50% en algunas regiones (DANE, 2024) y donde las decisiones económicas están profundamente influenciadas por factores culturales, políticos y sociales difíciles de cuantificar.

Aquí es donde la insistencia de la tradición austriaca en recuperar la historia del pensamiento económico adquiere una relevancia particular. No se trata de un capricho intelectual ni de una postura nostálgica, sino de una necesidad metodológica. Comprender los debates del pasado permite entender que muchas de las soluciones actuales son, en realidad, reinterpretaciones de ideas antiguas. Y más importante aún, permite reconocer los límites del conocimiento económico. Cuando Friedrich Hayek hablaba del problema del conocimiento, no estaba haciendo una observación abstracta, sino señalando una limitación estructural de cualquier intento de planificación central: la imposibilidad de concentrar en una sola entidad la información dispersa en millones de individuos.

Si trasladamos esta idea al contexto colombiano, el problema se vuelve evidente. Las políticas diseñadas desde el centro, muchas veces con buenas intenciones, suelen ignorar las realidades locales, las dinámicas informales y los incentivos individuales. El resultado no es solo ineficiencia, sino también desconfianza institucional. Y esa desconfianza, a su vez, alimenta un círculo vicioso donde el Estado interviene más para corregir fallas que en muchos casos él mismo ha contribuido a generar.

Sin embargo, lo más preocupante no es que estos errores se repitan, sino que se repitan sin conciencia de que ya ocurrieron. La falta de historia del pensamiento económico convierte cada debate en una discusión superficial, donde las posiciones se defienden más por afinidad ideológica que por comprensión teórica. En este contexto, la figura del economista se degrada: deja de ser un analista crítico para convertirse en un técnico al servicio de una narrativa.

Por eso, la tarea de reenseñar los grandes debates del pasado no es un lujo académico, es una urgencia intelectual. En un país como Colombia, donde las decisiones económicas tienen impactos directos sobre millones de personas, la formación de economistas no puede limitarse a la manipulación de modelos. Necesita recuperar la capacidad de cuestionar, de contextualizar, de entender que cada política tiene una genealogía intelectual y que ignorarla es, en el mejor de los casos, ingenuo y, en el peor, irresponsable.

En última instancia, el abandono de la historia del pensamiento económico no es simplemente un cambio curricular; es una renuncia a la reflexión crítica. Y en una sociedad que enfrenta desafíos estructurales profundos, esa renuncia tiene un costo demasiado alto. Porque cuando la economía pierde memoria, deja de ser una herramienta para entender la realidad y se convierte en un instrumento para justificarla. Y ese, quizás, es el mayor riesgo de todos.