Dejen de perseguir a los ricos

Existe una narrativa persistente en el debate público contemporáneo según la cual la prosperidad de unos pocos necesariamente implica la explotación de muchos. Bajo esa lógica, los ricos aparecen como el enemigo natural del progreso social y el objeto legítimo de políticas redistributivas cada vez más agresivas. Sin embargo, una observación más detenida de la historia económica revela un fenómeno profundamente distinto: allí donde las sociedades permiten que los individuos emprendan, inviertan, acumulen capital y compitan libremente, los principales beneficiarios a largo plazo no son únicamente los ricos, sino especialmente los pobres.

La frase que inspira esta reflexión —«Toda observación confirma que a los pobres les va mejor en estas circunstancias que cuando el camino está cerrado, como ocurre en el socialismo»— describe con precisión un patrón histórico observable en múltiples economías. Cuando el sistema económico se organiza en torno a la libertad de intercambio, la protección de la propiedad privada y la apertura al emprendimiento, se genera un proceso continuo de creación de riqueza. Ese proceso no surge de decretos políticos ni de redistribuciones forzadas, sino de la innovación, la inversión y la competencia.

En economías abiertas, el capital no permanece estático. Se invierte para producir más bienes, mejores servicios y nuevas tecnologías. Cada empresa que se crea, cada negocio que crece y cada inversión que se realiza genera empleo, aumenta la productividad y reduce los costos de los productos que consumen millones de personas. De este modo, el beneficio inicial que obtiene un empresario o inversionista termina multiplicándose en forma de oportunidades para otros.

Basta observar el desarrollo económico global en los últimos dos siglos. La expansión del comercio, la industrialización y la innovación tecnológica —procesos impulsados fundamentalmente por incentivos de mercado— han reducido la pobreza extrema mundial de forma dramática. Millones de personas que antes vivían en condiciones de subsistencia hoy tienen acceso a bienes, servicios y oportunidades que habrían sido inimaginables en economías cerradas o altamente planificadas.

En contraste, los sistemas que han intentado cerrar el “camino” al que alude la cita —mediante controles excesivos, planificación central o confiscación sistemática del capital— han producido resultados muy distintos. Cuando se penaliza la acumulación de riqueza y se desincentiva la inversión, el capital desaparece o se refugia en la informalidad. Las empresas dejan de crecer, la innovación se estanca y el empleo formal se contrae. En ese escenario, los ricos no necesariamente desaparecen, pero los pobres pierden las oportunidades que surgen cuando la economía está en expansión.

El caso latinoamericano ofrece lecciones claras. En países donde el discurso político se ha centrado obsesivamente en la redistribución sin crear condiciones para la generación de riqueza, el crecimiento económico ha sido débil e inestable. El resultado es un círculo vicioso: menos inversión, menor productividad, menos empleo y, paradójicamente, mayor pobreza. En lugar de ampliar el tamaño de la economía, se intenta repartir un pastel que apenas crece.

En el contexto colombiano actual, esta discusión adquiere especial relevancia. El debate público se ha polarizado entre quienes ven al sector privado como motor de desarrollo y quienes lo perciben como un actor sospechoso que debe ser permanentemente vigilado, gravado o limitado. Sin embargo, ignorar la función económica del capital privado es desconocer la realidad productiva del país: la mayoría del empleo, la innovación empresarial y la generación de valor provienen precisamente de ese sector.

Esto no significa que toda riqueza sea automáticamente legítima ni que el Estado carezca de funciones. Las instituciones públicas cumplen un papel fundamental en garantizar el Estado de derecho, proteger la competencia, evitar privilegios políticos y asegurar reglas claras para todos los participantes del mercado. Pero existe una diferencia fundamental entre regular para garantizar igualdad ante la ley y perseguir la riqueza como si fuera un delito.

Cuando la política se convierte en una guerra contra quienes producen, invierten o emprenden, el mensaje que se envía a la sociedad es claro: el éxito económico será castigado. Y en un sistema donde el éxito se castiga, la inversión se retrae, el talento emigra y las oportunidades se reducen.

Paradójicamente, la verdadera política a favor de los pobres no consiste en atacar a los ricos, sino en abrir más caminos para que cualquiera pueda convertirse en uno de ellos. La movilidad social no surge de limitar a quienes prosperan, sino de eliminar las barreras que impiden a otros hacerlo. Educación de calidad, seguridad jurídica, mercados abiertos y libertad económica han demostrado ser instrumentos mucho más poderosos contra la pobreza que cualquier programa redistributivo permanente.

En última instancia, una sociedad que entiende esto deja de obsesionarse con la riqueza de unos pocos y comienza a concentrarse en crear las condiciones para que muchos más puedan prosperar. Porque cuando el camino está abierto, la riqueza no se destruye: se multiplica. Y cuando la riqueza se multiplica, incluso aquellos que comienzan desde las condiciones más humildes tienen mayores posibilidades de avanzar.

Por eso, antes de preguntar cuánto debemos quitarle a los ricos, quizá la pregunta más importante sea otra: ¿qué tipo de sociedad queremos construir, una que castigue la creación de riqueza o una que permita que más personas participen en ella? En esa respuesta se define no solo el destino de los ricos, sino, sobre todo, el de los pobres.