Conflicto Fabricado

 

Hay una narrativa dominante que ha colonizado la conversación pública en Colombia: la idea de que vivimos atrapados en un conflicto estructural entre grupos, donde la desigualdad, la frustración social y la falta de oportunidades son consecuencias inevitables de un sistema económico intrínsecamente injusto. Bajo este lente, el mercado no es un mecanismo de cooperación, sino un campo de batalla; el empresario no es un generador de valor, sino un extractor; y el ciudadano no es un agente libre, sino una víctima de estructuras que lo superan. Sin embargo, esta lectura, aunque seductora, resulta insuficiente e incluso peligrosa, porque confunde los efectos de un sistema intervenido con la esencia de un sistema libre.

Si uno decide observar con mayor detenimiento la realidad colombiana, el diagnóstico comienza a cambiar. No vivimos en una economía de mercado sin restricciones, sino en un entramado complejo de regulaciones, subsidios, privilegios y barreras de entrada que moldean los incentivos de forma decisiva. Según informes del propio Departamento Nacional de Planeación y del Banco Mundial, Colombia presenta altos niveles de rigidez regulatoria en sectores clave, una informalidad laboral que supera el 50% y una carga tributaria que recae de manera desproporcionada sobre quienes operan dentro de la legalidad. Este contexto no es neutral: configura un sistema donde competir productivamente es muchas veces más difícil que sobrevivir políticamente.

Y es aquí donde conviene introducir una distinción fundamental, una que rara vez se discute con la seriedad que merece. No todo lo que ocurre en un entorno capitalista es consecuencia del capitalismo entendido como orden de mercado. Tal como argumentaba Ludwig von Mises, el mercado es un proceso de cooperación social basado en la división del trabajo, donde cada individuo contribuye al bienestar de otros a través del intercambio voluntario. En contraste, cuando el Estado interviene otorgando beneficios selectivos, alterando precios o restringiendo la competencia, lo que emerge no es cooperación, sino conflicto institucionalizado.

Podría parecer una afirmación teórica, pero en Colombia se manifiesta con una claridad casi pedagógica. Basta observar sectores como el agrícola, donde subsidios y protecciones han generado estructuras poco competitivas que dependen más de la política que de la productividad. O el sistema de contratación pública, donde la asignación de recursos frecuentemente se ve contaminada por relaciones de poder y no por criterios de eficiencia. O incluso el acceso al crédito y a oportunidades empresariales, que muchas veces está condicionado por conexiones, trámites excesivos o marcos regulatorios que excluyen al pequeño emprendedor. En cada uno de estos casos, el conflicto no surge porque alguien produzca más que otro, sino porque las reglas del juego no son iguales para todos.

Pero el problema no termina en la estructura económica; se extiende al plano cultural. En los últimos años, el discurso público ha reforzado la idea de que la sociedad está dividida en categorías irreconciliables: ricos contra pobres, empresarios contra trabajadores, centro contra periferia. Esta lógica, que encuentra raíces en la tradición de Karl Marx, ha sido reinterpretada en clave contemporánea bajo narrativas identitarias que fragmentan aún más el tejido social. Sin embargo, lo que rara vez se señala es que estas divisiones se intensifican precisamente cuando el acceso a recursos depende de decisiones políticas. Cuando el Estado se convierte en el gran distribuidor de beneficios, cada grupo tiene incentivos para organizarse, presionar y competir no en el mercado, sino en la arena política.

En este punto, resulta pertinente traer a colación una reflexión que trasciende fronteras. Economistas como Friedrich Hayek advirtieron que cuando el poder político asume la tarea de dirigir la economía, inevitablemente debe decidir quién gana y quién pierde. Estas decisiones, lejos de ser técnicas, son profundamente conflictivas, porque implican juicios de valor sobre prioridades, sectores y grupos sociales. En otras palabras, la intervención no elimina el conflicto: lo redistribuye y lo intensifica.

Volviendo a la realidad colombiana, esta dinámica se traduce en una paradoja inquietante. Mientras más se intenta “corregir” el mercado mediante políticas públicas, más se multiplican los focos de tensión social. Programas sociales que, aunque bien intencionados, generan dependencia y expectativas insostenibles; reformas tributarias que castigan la formalidad mientras la informalidad crece; regulaciones laborales que, en nombre de la protección, terminan excluyendo a millones de personas del empleo formal. Todo esto configura un escenario donde la frustración no disminuye, sino que se acumula.

Ahora bien, sería ingenuo afirmar que la libertad económica es una solución mágica o inmediata. No se trata de un eslogan, sino de un marco institucional que requiere coherencia, estabilidad y, sobre todo, comprensión. Y aquí es donde el problema adquiere una dimensión más profunda: la crisis actual no es solo económica o política, es también intelectual. Como señalaba Mises, no basta con que la división del trabajo sea más productiva; es necesario que las personas lo entiendan. Sin ese entendimiento, la sociedad queda expuesta a discursos que prometen soluciones rápidas a problemas complejos, generalmente a través de más intervención.

De hecho, el auge de propuestas políticas que priorizan la redistribución sobre la creación de riqueza no puede explicarse únicamente por factores materiales. Responde también a una falta de educación económica que permita distinguir entre causas y consecuencias. Cuando se perciben los síntomas —desigualdad, pobreza, exclusión— pero se ignoran los mecanismos que los generan, es fácil atribuirlos al mercado y no a las distorsiones que lo afectan.

Y es en este punto donde la discusión se vuelve ineludiblemente incómoda. Porque aceptar que gran parte del conflicto social es resultado de decisiones políticas implica cuestionar no solo a las élites gobernantes, sino también a una cultura ciudadana que ha aprendido a ver en el Estado no un árbitro, sino un proveedor de soluciones particulares. Implica reconocer que cada privilegio otorgado a un grupo tiene un costo que recae sobre otros, y que ese proceso, acumulado en el tiempo, erosiona la cohesión social.

Finalmente, la pregunta que queda sobre la mesa no es si queremos una sociedad más justa —ese consenso es casi universal—, sino qué tipo de instituciones hacen posible esa justicia. Si entendemos la justicia como igualdad ante la ley y respeto por la libertad individual, entonces la libertad económica no es un lujo ideológico, sino una condición necesaria. Si, por el contrario, la entendemos como la capacidad de redistribuir recursos según criterios políticos, entonces debemos estar dispuestos a asumir los conflictos que inevitablemente surgen de ese proceso.

Colombia se encuentra, hoy más que nunca, en una encrucijada. Puede profundizar un modelo donde el conflicto se gestiona a través de la política, con resultados cada vez más polarizantes, o puede avanzar hacia un orden donde la cooperación emerge de la libertad y la responsabilidad individual. La elección no es técnica, es filosófica. Y, como toda elección de este tipo, sus consecuencias no se miden solo en cifras, sino en la forma en que los ciudadanos deciden relacionarse entre sí: como adversarios en una lucha por privilegios o como socios en un proceso continuo de creación de valor.