Capitalismo sin mercado

 

Hay algo profundamente incómodo en la forma en que hoy se discute el capitalismo en Colombia: se le acusa de producir desigualdad, de concentrar poder y de generar crisis recurrentes, pero rara vez se examina con rigor si lo que estamos observando corresponde realmente a un orden de mercado o, más bien, a su deformación institucional. La distinción no es semántica; es analítica. Confundir capitalismo con el entramado actual de privilegios, rescates y manipulación monetaria no solo distorsiona el diagnóstico, sino que imposibilita cualquier solución coherente.

En el plano conceptual, autores como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises insistieron en que el mercado no es un mecanismo de distribución arbitraria de riqueza, sino un proceso de coordinación de conocimiento disperso. Bajo ese marco, los precios transmiten información sobre escasez relativa, preferencias y oportunidades. Sin embargo, cuando el sistema monetario se convierte en una herramienta de expansión crediticia dirigida, esa señal se contamina. En Colombia, la dinámica reciente de tasas de interés, expansión del crédito y presión inflacionaria no puede entenderse al margen de decisiones centralizadas que alteran las condiciones reales de ahorro e inversión. Según el Banco de la República, la inflación alcanzó niveles superiores al 13% en 2023, reflejando no solo choques externos, sino también distorsiones acumuladas en la política monetaria y fiscal. La consecuencia es clara: el ciudadano promedio pierde poder adquisitivo mientras ciertos sectores, más cercanos a la expansión crediticia, capturan beneficios iniciales.

Pero la distorsión no se agota en el dinero; se extiende al tejido empresarial. En teoría, el empresario compite en función de su capacidad para anticipar demandas y asignar recursos eficientemente. En la práctica, en Colombia, el acceso a contratos públicos, subsidios sectoriales y protección regulatoria se ha convertido en un factor determinante del éxito. No es casualidad que sectores como la infraestructura, la energía o incluso el sistema financiero operen bajo una lógica donde la cercanía al poder político es tan relevante como la eficiencia productiva. Casos como el escándalo de Odebrecht evidenciaron cómo la asignación de grandes proyectos puede estar mediada por redes de influencia y no por criterios de competencia abierta. Este fenómeno no es un accidente aislado, sino un síntoma de una estructura donde el riesgo empresarial se diluye cuando existe la expectativa implícita de respaldo estatal.

Ahora bien, el argumento de la “importancia sistémica” introduce una dimensión aún más compleja. Instituciones financieras o conglomerados empresariales adquieren tal peso que su eventual quiebra se percibe como una amenaza para la estabilidad general. Bajo esa lógica, el Estado se ve presionado a intervenir, socializando pérdidas que deberían haber sido asumidas por quienes tomaron las decisiones. Este patrón, ampliamente documentado en crisis internacionales como la de 2008, también tiene ecos en economías emergentes. En Colombia, si bien no se han presentado rescates de la misma magnitud, sí existe una estructura de garantías implícitas y explícitas que reduce la disciplina del mercado. La existencia de seguros de depósitos y esquemas de respaldo, aunque necesarios en ciertos contextos, también generan incentivos perversos si no están acompañados de una estricta responsabilidad individual.

A medida que avanzamos en el análisis, resulta inevitable incorporar la dimensión política. El gobierno actual de Gustavo Petro ha planteado una narrativa crítica frente al capitalismo, señalándolo como origen de desigualdades estructurales. Sin embargo, existe una paradoja evidente: muchas de las dinámicas que se critican —concentración económica, privilegios sectoriales, dependencia del gasto público— son precisamente el resultado de una larga historia de intervención estatal selectiva. La solución propuesta, basada en una mayor centralización y redistribución, corre el riesgo de profundizar el problema si no aborda la raíz institucional de la distorsión. Incrementar el poder discrecional del Estado en un entorno donde ya existe captura regulatoria no necesariamente corrige las fallas; puede amplificarlas.

En este punto, conviene hacer una pausa y mirar la realidad cotidiana. El pequeño empresario en Barranquilla, Medellín o Bogotá no compite en igualdad de condiciones. Enfrenta cargas tributarias elevadas, incertidumbre regulatoria y acceso limitado a financiamiento en condiciones competitivas. Mientras tanto, grandes actores con capacidad de lobby logran influir en normativas, acceder a beneficios fiscales o participar en esquemas de contratación que reducen significativamente su exposición al riesgo. Esta asimetría no solo afecta la eficiencia económica, sino que erosiona la percepción de justicia. Cuando el éxito parece depender más de conexiones que de mérito, el incentivo a innovar y producir se debilita.

Y aquí emerge una idea crucial que suele pasarse por alto: el capitalismo auténtico no garantiza resultados iguales, pero sí exige reglas iguales. La degeneración actual radica precisamente en la ruptura de ese principio. La competencia deja de ser un proceso abierto y se convierte en un juego condicionado por barreras de entrada artificiales. En ese contexto, hablar de “fallas del mercado” sin reconocer las “fallas del Estado” que las generan es, en el mejor de los casos, incompleto, y en el peor, intelectualmente deshonesto.

La evidencia empírica respalda esta preocupación. Informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística muestran una persistente informalidad laboral que supera el 50% en varias regiones del país. Este fenómeno no puede explicarse únicamente por falta de oportunidades, sino también por un entorno institucional que hace costoso operar dentro de la legalidad. Regulaciones complejas, cargas impositivas y rigideces laborales empujan a millones de personas hacia la informalidad, donde quedan excluidas de protección y crecimiento sostenido. Paradójicamente, quienes defienden una mayor intervención estatal suelen ignorar cómo esa misma intervención contribuye a perpetuar el problema.

Volviendo al plano más amplio, la relación entre Estado y mercado en Colombia ha evolucionado hacia una estructura híbrida donde ninguno de los dos cumple plenamente su función. El mercado está restringido por intervenciones selectivas, y el Estado, lejos de actuar como árbitro imparcial, se convierte en actor con intereses propios. Este equilibrio inestable produce resultados predecibles: baja productividad, alta desigualdad percibida y ciclos recurrentes de crisis y ajuste.

La discusión, entonces, no debería centrarse en si necesitamos más o menos capitalismo, sino en qué tipo de orden institucional queremos sostener. Si el objetivo es una economía dinámica, innovadora y capaz de generar prosperidad amplia, es indispensable restaurar los mecanismos que hacen posible la coordinación descentralizada: un sistema monetario que no distorsione precios, un marco regulatorio que no privilegie actores específicos y una estructura política que limite la discrecionalidad.

Lo verdaderamente disruptivo de esta reflexión es reconocer que el problema no es un exceso de mercado, sino su ausencia efectiva en sectores clave. Colombia no sufre de demasiado capitalismo, sino de muy poco donde más importa: en la asignación genuina de recursos, en la disciplina del fracaso y en la igualdad ante las reglas del juego. Mientras esa distinción no se incorpore al debate público, seguiremos atrapados en un diagnóstico equivocado, intentando corregir con más intervención lo que fue causado, precisamente, por intervenciones mal diseñadas.

Y ahí radica la tragedia: no estamos presenciando el colapso del capitalismo, sino su caricatura más peligrosa, una donde se conservan sus beneficios para unos pocos y se distribuyen sus costos entre muchos. Un sistema que, bajo la apariencia de mercado, ha perdido su esencia más importante: la responsabilidad.