Capitalismo intervenido

 

Hay una confusión persistente en el debate público colombiano que impide comprender con claridad la naturaleza del sistema económico en el que realmente vivimos. Se critica al “capitalismo” por sus resultados desiguales, por sus fallas de distribución o por su aparente incapacidad de resolver problemas estructurales, pero rara vez se cuestiona si lo que opera en la práctica corresponde a un orden capitalista en sentido estricto. Esta ambigüedad conceptual no es menor: de ella depende tanto el diagnóstico como las soluciones propuestas. Y en Colombia, hoy, el problema no es un exceso de mercado, sino una arquitectura institucional profundamente intervenida que ha alterado los fundamentos mismos del proceso económico.

La idea de un capitalismo que emerge espontáneamente del intercambio voluntario, donde los precios transmiten información dispersa y los empresarios coordinan recursos en función de las preferencias del consumidor, ha sido progresivamente sustituida por un sistema donde el marco de incentivos está condicionado por decisiones políticas. La regulación, la política monetaria, el gasto público y la discrecionalidad administrativa no actúan como simples correctores de mercado, sino como fuerzas estructurales que redefinen los criterios de éxito económico. En este contexto, el empresario ya no compite exclusivamente en términos de eficiencia o innovación, sino en su capacidad de adaptarse —o influir— en el entorno normativo.

Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en la última década. El crecimiento del gasto público en Colombia, que ha superado el 30% del PIB en distintos momentos recientes según datos del Ministerio de Hacienda, ha venido acompañado de una expansión regulatoria que atraviesa prácticamente todos los sectores productivos. A ello se suma un sistema tributario altamente complejo, con múltiples reformas en menos de diez años, que introduce incertidumbre y favorece a quienes tienen mayor capacidad de planificación fiscal o acceso a asesoría especializada. El resultado es un entorno donde la asignación de recursos ya no depende exclusivamente del cálculo económico basado en precios libres, sino de la interpretación estratégica del marco institucional.

Desde otra perspectiva, esto implica una transformación profunda del rol empresarial. Como advirtió Joseph Schumpeter, el empresario es, en esencia, un agente de cambio que introduce innovaciones y rompe equilibrios. Sin embargo, cuando el sistema de incentivos se distorsiona, esa función innovadora se ve desplazada por una lógica de preservación y captura. En lugar de competir por el mercado, muchas empresas comienzan a competir por el regulador. La innovación cede terreno frente a la gestión de riesgos políticos, y la eficiencia queda subordinada a la estabilidad normativa.

Pero este no es un fenómeno abstracto. En Colombia se manifiesta de forma concreta en sectores estratégicos. La contratación pública, por ejemplo, representa una porción significativa de la actividad económica, especialmente en infraestructura. Casos asociados al Caso Odebrecht en Colombia evidenciaron cómo la proximidad al poder político puede redefinir completamente las reglas de competencia. Más allá de los hechos judiciales, lo relevante es el patrón: cuando el Estado concentra la capacidad de asignar grandes contratos, el incentivo para influir en esa asignación se vuelve estructural.

Sin embargo, no es necesario recurrir a escándalos para observar esta dinámica. Basta con analizar el comportamiento de sectores altamente regulados como la energía o la salud. Las decisiones sobre tarifas, subsidios, licencias o habilitaciones pueden alterar radicalmente la viabilidad de una empresa. En ese entorno, la incertidumbre no proviene únicamente del mercado, sino de la posibilidad de cambios regulatorios abruptos. Esto introduce un elemento de arbitrariedad que afecta tanto la inversión como la planificación de largo plazo.

Y aquí emerge una paradoja fundamental. Mientras más se amplía el alcance del Estado sobre la economía, más se debilitan los mecanismos que permiten evaluar objetivamente el desempeño empresarial. El cálculo económico, en el sentido desarrollado por Ludwig von Mises, depende de precios que reflejen condiciones reales de oferta y demanda. Cuando esos precios están intervenidos o condicionados, la información que transmiten se vuelve menos fiable, y con ello se deteriora la capacidad del sistema para asignar recursos eficientemente.

Este deterioro no solo afecta la eficiencia, sino también la percepción social del sistema. En Colombia, la desconfianza hacia el empresariado y hacia el “capitalismo” en general ha aumentado de forma sostenida, especialmente entre los jóvenes. Discursos políticos que cuestionan la legitimidad del sector privado encuentran terreno fértil en un contexto donde muchos ciudadanos perciben que las reglas del juego no son equitativas. La narrativa de privilegio sustituye a la de mérito, y la empresa deja de ser vista como generadora de valor para convertirse en un actor sospechoso de capturar rentas.

En este punto, el debate suele desviarse hacia soluciones que profundizan el problema. Propuestas de mayor intervención, controles de precios o expansión del gasto público parten de la premisa de que el mercado ha fallado, cuando en realidad lo que ha fallado es el marco institucional que lo condiciona. Como ha señalado Friedrich Hayek, la pretensión de diseñar centralmente un orden económico ignora la naturaleza dispersa del conocimiento y termina generando resultados no intencionados. En el caso colombiano, esos resultados se traducen en menor inversión, mayor informalidad y una creciente dependencia de decisiones políticas.

Pero sería un error reducir este fenómeno a una crítica ideológica. Se trata, más bien, de un problema de incentivos y de estructura institucional. Cuando el éxito económico depende en parte significativa de factores políticos, el sistema deja de premiar consistentemente la eficiencia y la innovación. Esto no implica que no existan empresas competitivas o sectores dinámicos en Colombia, sino que operan en un entorno que no siempre reconoce ni recompensa adecuadamente esas cualidades.

Finalmente, lo que está en juego no es simplemente el desempeño económico, sino la coherencia del sistema. Un capitalismo intervenido, sostenido por decretos, regulaciones y discrecionalidad, conserva las formas externas del mercado pero pierde su lógica interna. Y esa pérdida de coherencia es la que alimenta tanto las críticas como las respuestas equivocadas.

Mientras el debate público siga centrado en una oposición simplista entre Estado y mercado, sin reconocer la naturaleza híbrida y profundamente intervenida del sistema actual, cualquier intento de reforma estará condenado a reproducir las mismas distorsiones. La pregunta relevante no es cuánto Estado o cuánto mercado, sino qué tipo de reglas están configurando los incentivos bajo los cuales operan ambos.

Porque al final, el problema no es que el capitalismo haya fallado en Colombia, sino que hace tiempo dejó de operar en los términos en que suele ser defendido o criticado. Y seguir discutiendo sobre una abstracción que no corresponde a la realidad es, en el mejor de los casos, un error analítico; en el peor, una forma de perpetuar el problema.