El Estado que vive del empresario

En Colombia seguimos atrapados en discusiones superficiales, casi infantiles, como si la política económica fuera una versión sofisticada del dilema del huevo y la gallina. ¿Depende la empresa del Estado o el Estado de la empresa? La respuesta, cuando se abandona el discurso y se entra en la contabilidad nacional, es menos romántica y más contundente: sin actividad productiva no hay base gravable; sin base gravable no hay recaudo; sin recaudo sostenible no hay Estado funcional. Lo demás es retórica.

Basta revisar la estructura fiscal colombiana. Más del 80 % de los ingresos corrientes del Gobierno Nacional provienen de impuestos, principalmente renta e IVA, según cifras del Ministerio de Hacienda y la DIAN. Ambos dependen directa o indirectamente de la actividad privada: utilidades empresariales, consumo de hogares, transacciones comerciales. El Estado no crea riqueza en términos netos; la redistribuye, la regula o la consume. Esa no es una consigna ideológica, es un hecho contable. El PIB lo genera el aparato productivo: empresas, trabajadores, inversión y comercio. El Estado participa, pero no sustituye la función creadora del mercado.

Sin embargo, en el debate público colombiano se ha popularizado una narrativa según la cual el problema estructural del país es el “capitalismo salvaje”. Resulta paradójico que esa expresión se repita en uno de los países con mayor complejidad tributaria de América Latina, con múltiples reformas fiscales en menos de dos décadas y con una presión normativa que, según el Banco Mundial en sus reportes históricos de Doing Business, ubicaba a Colombia con cargas administrativas significativas para abrir y sostener empresas. No vivimos en un modelo de laissez-faire; vivimos en un sistema híbrido con fuerte intervención regulatoria, alta informalidad y una estructura tributaria inestable.

Aquí aparece el punto incómodo: si el Estado depende fiscalmente de la empresa, pero simultáneamente eleva de forma constante la carga tributaria y regulatoria, termina erosionando su propia fuente de ingresos. La reforma tributaria de 2022 incrementó la carga efectiva sobre ciertos sectores, especialmente extractivos y de altos ingresos. Puede discutirse la progresividad o la necesidad fiscal de esa decisión, pero no puede ignorarse el efecto sobre expectativas de inversión. La inversión no responde solo a tasas nominales; responde a confianza, estabilidad jurídica y previsibilidad. Cuando los marcos cambian con frecuencia, el capital se vuelve defensivo.

No se trata de idealizar al empresario ni de satanizar al político. Se trata de entender incentivos. En ciencia política se habla del problema principal-agente: los ciudadanos delegan poder en representantes, pero estos pueden perseguir objetivos propios. En economías con instituciones débiles, ese desalineamiento se traduce en captura regulatoria, clientelismo y uso estratégico del gasto público. Colombia no es ajena a esa realidad. El debate no gira únicamente en torno al tamaño del Estado, sino a la calidad de sus incentivos internos.

Conviene mirar alrededor. En experiencias recientes de América Latina, como la de Venezuela, el deterioro del entorno empresarial, la expropiación y la hostilidad abierta hacia el sector privado terminaron reduciendo drásticamente la producción nacional y ampliando la dependencia del Estado respecto de una renta concentrada. Cuando esa renta se contrajo, el aparato estatal respondió con emisión monetaria y controles, generando hiperinflación. No es una comparación simplista; es una advertencia empírica sobre lo que ocurre cuando se erosiona sistemáticamente la base productiva.

Ahora bien, alguien podría objetar que el Estado también crea condiciones para la empresa: infraestructura, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica. Correcto. Nadie discute que sin reglas claras no hay mercado funcional. La pregunta relevante es otra: ¿están nuestras reglas orientadas a facilitar la creación de empresa o a condicionarla a la lógica política? En Colombia, abrir un negocio formal implica enfrentar costos laborales no salariales elevados, cargas parafiscales, trámites y un entorno donde la informalidad supera el 50 % en muchas regiones, según el DANE. Esa informalidad no es una casualidad cultural; es una respuesta racional a un sistema que penaliza la formalización.

En este punto conviene recordar a pensadores de distintas corrientes. Milton Friedman defendía que la responsabilidad social de la empresa es generar utilidades dentro de las reglas del juego. Pero agregaba un elemento crucial: esas reglas deben ser estables y generales, no diseñadas para favorecer o castigar sectores según la coyuntura política. Por su parte, Friedrich Hayek advertía sobre el conocimiento disperso en la sociedad y la imposibilidad de que un planificador central asigne eficientemente recursos sin distorsionar señales de precios. No se trata de citar autoridades como dogma, sino de reconocer que existe una tradición intelectual que estudia los efectos de la intervención excesiva.

En contraste, líderes contemporáneos como Gustavo Petro han planteado la necesidad de transformar el modelo económico, reducir dependencia de sectores extractivos y fortalecer el rol del Estado en la transición productiva. El debate legítimo es si esa transformación se logra incentivando inversión privada en nuevos sectores o sustituyéndola mediante expansión estatal. Si la estrategia prioriza confrontación retórica con el empresariado mientras aumenta la incertidumbre regulatoria, el resultado puede ser menor inversión precisamente en el momento en que se requiere diversificación productiva.

Pero bajemos de la teoría a la cotidianidad. El pequeño comerciante en Barranquilla que decide no formalizarse no está leyendo tratados de economía; está calculando si puede sostenerse pagando impuestos, seguridad social, arriendo y servicios en un entorno de demanda incierta. El importador que enfrenta aranceles y variaciones cambiarias no está debatiendo ideologías; está evaluando márgenes. Cuando el sistema castiga sistemáticamente la rentabilidad, el ajuste natural es la evasión, la informalidad o la migración del capital.

Aquí surge la contradicción central: el Estado critica al “capitalismo salvaje” mientras depende estructuralmente del recaudo que genera ese mismo sistema. Se financia con IVA pagado por consumidores y con renta pagada por empresas, pero descalifica el mecanismo que produce esas utilidades. Es una tensión discursiva que genera desconfianza. Y la desconfianza es el impuesto invisible más costoso de todos.

Nada de esto implica negar desigualdades reales ni problemas sociales profundos. Colombia enfrenta pobreza, concentración de ingreso y brechas regionales. Pero confundir causa y efecto es peligroso. La pobreza no se reduce debilitando la creación de riqueza; se reduce ampliando la capacidad productiva y generando empleo formal. La evidencia empírica global muestra que los países que han reducido pobreza de manera sostenida lo han hecho mediante crecimiento económico sostenido, apertura comercial y fortalecimiento institucional, no mediante asfixia sistemática al sector productivo.

En última instancia, el dilema no es empresa o Estado. Es un Estado que entienda que su supervivencia financiera depende de un ecosistema empresarial dinámico. Un Estado que garantice propiedad, estabilidad normativa, competencia y justicia eficaz, en lugar de uno que utilice la regulación como herramienta de poder político. Si el aparato público se convierte en un fin en sí mismo, financiado por una base productiva cada vez más frágil, el resultado será más informalidad, menor inversión y crecimiento mediocre.

La pregunta disruptiva no es si el capitalismo es salvaje. La pregunta es si podemos sostener un Estado cada vez más costoso sin fortalecer, de manera decidida, a quienes generan la riqueza que lo financia. Porque al final, más allá de discursos y banderas ideológicas, la realidad fiscal es implacable: sin empresario no hay impuesto; sin impuesto no hay Estado. Y sin crecimiento sostenido, no hay futuro.