Prosperidad sin dinero

La palabra “prosperidad” se ha convertido en uno de los términos más contradictorios del presente colombiano. Después de tres años de un discurso gubernamental que presume haber devuelto la dignidad económica a los sectores populares, lo que se observa en la calle es el reflejo de un agotamiento generalizado: los bolsillos vacíos, la morosidad creciente y una sensación de estancamiento que cruza todas las clases sociales. Las cifras de la Superintendencia Financiera muestran un aumento sostenido de la cartera vencida en los créditos de consumo y vivienda, lo que revela un fenómeno silencioso: los hogares no se están endeudando por gusto, sino por necesidad. El consumo ya no crece por optimismo, sino por desesperación. El ciudadano promedio vive atrapado entre una inflación que nunca se va y un mercado laboral que no despega.

En Colombia, el salario mínimo subió un 12% en 2024, pero la inflación acumulada en alimentos y servicios básicos superó ese aumento, lo que se tradujo en una pérdida real de poder adquisitivo. Un estudio del DANE señala que más del 60% de los hogares reportan dificultades para cubrir los gastos mensuales, incluso con dos personas trabajando. Esto se agrava en los estratos medios, donde los impuestos locales, las tarifas de servicios públicos y las cuotas de administración han crecido por encima del ingreso familiar. Lo paradójico es que mientras el gobierno presume de una política social expansiva, los ciudadanos sienten que cada mes viven con menos. La “prosperidad” prometida no se mide por la cantidad de billetes en circulación, sino por lo que se puede comprar con ellos, y esa capacidad se ha desplomado.

La causa de fondo no es solo la inflación de precios, sino la inflación de expectativas. El gobierno creyó que podía sostener el crecimiento mediante una expansión monetaria indirecta —a través de subsidios, programas sociales y transferencias— sin una base productiva sólida. Es el mismo error que Milton Friedman advirtió en los años 70: “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, producto de políticas que confunden gasto con riqueza. Petro, como otros líderes populistas de izquierda en América Latina, apostó por la ilusión de la abundancia: un Estado que reparte más de lo que produce. En el corto plazo, eso genera consumo; en el mediano, genera endeudamiento; y en el largo, genera pobreza. 

Los mayores de 60 años son un ejemplo claro de esta trampa. Muchos han terminado hipotecando su tranquilidad para sobrevivir. Según datos de Asobancaria, la morosidad en créditos hipotecarios entre adultos mayores ha crecido más del 25% desde 2022. El aumento de los seguros, el impuesto predial y el costo de mantenimiento de vivienda ha convertido el sueño de la propiedad en una carga insostenible. Lo que antes representaba estabilidad hoy significa vulnerabilidad. La inflación no distingue edades: erosiona la pensión del jubilado con la misma fuerza con la que destruye el ahorro del joven emprendedor. 

El discurso oficial insiste en culpar a factores externos —la guerra en Ucrania, la crisis climática, la herencia neoliberal—, pero el ciudadano común no siente esas abstracciones. Siente que cada visita al supermercado es una humillación silenciosa. Los precios cambian cada semana, los servicios suben sin explicación y el Estado parece ausente, salvo para cobrar más. El impuesto a los plásticos, el IVA a productos antes exentos, los incrementos en combustibles y la llamada “transición energética” han encarecido la vida cotidiana de quienes menos pueden absorber esos costos. La economía del sacrificio se ha vuelto rutina, mientras la narrativa oficial continúa hablando de justicia social. 

Y sin embargo, los números del gobierno parecen sonreírle. Las cifras de crecimiento trimestral del PIB muestran leves repuntes, impulsados por el gasto público y los subsidios, pero al mismo tiempo la inversión extranjera directa ha caído un 23% desde 2022 y la confianza empresarial se mantiene en niveles históricamente bajos. La economía se mueve, pero no produce riqueza. Es una bicicleta estática: se pedalea mucho y no se avanza. Los países que han recorrido este camino —Argentina, Venezuela, incluso Turquía— ofrecen una lección clara: ninguna sociedad puede prosperar financiando su bienestar con deuda e inflación. La prosperidad real nace de la productividad, no del intervencionismo. 

El ciudadano siente esa contradicción cada vez que mira su extracto bancario. Los créditos rotativos, las tarjetas y los micropréstamos se han convertido en la válvula de escape para una economía donde el salario ya no alcanza. Pero esa válvula está a punto de estallar. La Superintendencia Financiera advirtió que la morosidad total del sistema superó el 5,2% en 2025, el nivel más alto en una década. En otras palabras, la gente dejó de pagar no porque no quiera, sino porque no puede. La cultura del cumplimiento se erosiona cuando el sistema castiga el esfuerzo y premia la dependencia. Es un círculo perverso: el Estado expande el gasto para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero ese mismo gasto alimenta la inflación que destruye el ingreso.

Mientras tanto, la clase política actúa como si la economía fuera un tablero de ajedrez ideológico. Los debates sobre el capitalismo y el socialismo se usan como cortina de humo para encubrir decisiones fiscales irresponsables. Keynes, cuya teoría ha sido malinterpretada por los populismos modernos, jamás defendió un Estado permanentemente expansivo. Él propuso el estímulo temporal en épocas de crisis, no la perpetuación del gasto como modelo de desarrollo. Lo que hoy se vive en Colombia no es un keynesianismo ilustrado, sino un clientelismo disfrazado de justicia social. La política pública se ha convertido en un instrumento de propaganda, no de progreso.

En este contexto, la clase media —esa que sostiene el aparato productivo y tributario del país— está desapareciendo. Entre 2022 y 2025, más de 800 mil colombianos descendieron de estrato socioeconómico, según el DANE. La movilidad social, que fue símbolo del avance nacional durante los años 2000, hoy se ha detenido. La sensación de “prosperar” se ha transformado en la lucha por “mantenerse a flote”. La economía ya no promete futuro, solo supervivencia. Los discursos de igualdad han terminado igualando hacia abajo, nivelando a todos por el desgaste, no por el progreso.

La pregunta que debería guiar el debate público no es si el Estado debe gastar más, sino si los ciudadanos están realmente mejor después de tanto gasto. El crédito barato, las transferencias y los subsidios temporales pueden aliviar, pero no transforman. La prosperidad no se imprime ni se decreta: se produce. Y producir requiere confianza, reglas estables y un Estado que no confisque el fruto del trabajo con nuevos impuestos cada año. Los colombianos no quieren más discursos sobre justicia social; quieren que su salario alcance para vivir dignamente, que su esfuerzo se traduzca en bienestar y que la promesa de futuro deje de depender del favor político.

Hoy, mientras los índices macroeconómicos se maquillan con retórica, los hogares colombianos enfrentan la verdad más dura: el dinero se acaba, los créditos se atrasan y la prosperidad oficial se desvanece. Lo que queda es una economía fatigada, una sociedad desilusionada y una generación que empieza a entender que no hay mayor inflación que la de las promesas políticas. La prosperidad sin dinero no es prosperidad: es un espejismo financiado con el bolsillo del pueblo.