Nada bueno empieza desde arriba

Desde el momento en que una autoridad local decide tomar el timón de lo que debería ser un espacio reservado a la comunidad, a los ciudadanos, al mercado y a la sociedad civil, se instaura una dinámica inevitable de división. Vivimos en un país que aspira a la integración de su pluralidad y a la actividad económica libre, pero que, con frecuencia, delega decisiones esenciales al Estado, imponiendo mandatos generalizados desde “arriba” hacia “abajo”. Y, como advirtió Friedrich Hayek, “los peores llegan a la cima”: cuando quienes deciden ocupan posiciones de poder, suelen estar más inclinados al control que al servicio, a privilegiar sus intereses y los de quienes los sustentan, que a garantizar derechos y libertades.

En Colombia hoy es pertinente hablar de lo que podemos llamar “negligencia saludable” de las autoridades locales: ese arte de abstenerse de intervenir innecesariamente para permitir que los mercados, la sociedad civil, los individuos y las comunidades actúen de forma autónoma, cooperativa, espontánea. No es la pasividad de un abandono irresponsable, sino la confianza en que los actores locales —empresarios, asociaciones, familias, organizaciones comunitarias— pueden usar sus conocimientos dispersos, sus relaciones de confianza, sus redes de cooperación para crear orden social y prosperidad. Esa dinámica de abajo hacia arriba contrasta con las políticas impuestas desde la cima, que tienden a dividir, pues empujan a los ciudadanos a depender del aparato público y a competir por favores, privilegios o concesiones, en lugar de negociar libremente entre ellos, innovar, crear valor.

Tomemos el tema de los derechos de propiedad. En Colombia el índice de derechos de propiedad es apenas de 46 sobre 100 en 2025, lo que indica que, aunque haya una legislación, la protección es débil, la aplicación imperfecta, el riesgo de expropiación o de trato arbitrario real. En ese contexto, una autoridad local que se involucra activamente en micromanagement, en regulación excesiva, en cuotas o concesiones especiales, contribuye a debilitar ese derecho fundamental: si los ciudadanos, los empresarios o las comunidades no saben si mañana habrá un control nuevo, una expropiación, una norma que favorezca a un tercero, su capacidad de negociar, invertir, cooperar libremente se reduce. Si, por el contrario, la autoridad actúa como árbitro mínimo, respeta los contratos, garantiza seguridad jurídica, los derechos de propiedad pueden fomentar la integración del mercado, la asociación voluntaria, la innovación.

En el caso de la guerra contra las drogas en Colombia, este principio es muy claro. Durante décadas el Estado colombian­o ha desplegado políticas de prohibición, erradicación forzada, sanción y represión. Los datos lo muestran: la superficie dedicada al cultivo de coca siguió creciendo incluso con grandes esfuerzos de erradicación. Y la producción de cocaína sigue alcanzando niveles récord, al punto de que según un informe reciente el flujo ilícito mueve un volumen equivalente al 4,2 % del PIB del país. Lo que sucede es que la política ha sido impuesta desde arriba, sin reconocer que el mercado —incluso el mercado ilícito— tiene mecanismos propios de regulación, negociación y adaptación. La represión coercitiva ha fomentado violencia, monopolización del mercado negro, captura del Estado local por actores armados, desplazamientos, viola­ción de derechos. Es decir: la imposición estatal ha dividido, ha destruido confianza, ha generado antagonismos.

En contraste, una aproximación de negligencia saludable implicaría reconocer que los agricultores, los consumidores, las comunidades llevan días negociando realidades, condiciones, costos. Podría haberse promovido un entorno en que los acuerdos voluntarios, los contratos, la iniciativa privada rural, la sustitución productiva, el respeto al uso de la tierra y los derechos de los pequeños productores se gestionaran desde abajo, sin que las autoridades impusieran un modelo único sin consulta ni adaptación local. Esa forma de integrar mercados y sociedad civil fomenta que las soluciones nazcan del conocimiento local, de la acción comunitaria, del intercambio voluntario, en vez de depender de decretos centralizados y de una estructura estatal que concentra decisiones.

Veamos otro ejemplo: en el plano urbano, la administración local que impone regulaciones rígidas al comercio informal, al emprendimiento de barrio, al uso del espacio público —subiendo impuestos, cerrando los mercados informales, autorizando sólo a los grandes— está actuando desde arriba hacia abajo. Esa acción divide: margina a los pequeños actores, los empuja a la economía subterránea, rompe redes de cooperación entre vecinos y comerciantes, privilegia grandes empresas ligadas al poder local. En cambio, si la autoridad local hiciera “menos” —es decir, diera mayor margen de autonomía, menor carga regulatoria, mejores garantías de propiedad y contrato— permitiría que la sociedad civil se integrara con los mercados de barrio, generara empleo, generara valor, negociara libremente. Aquí nuevamente los peores llegan a la cima: quienes ocupan el poder regulador tienden a diseñar sistemas que benefician intereses propios, saturan de controles, capturan el mercado, dividen la comunidad en los que están dentro y los que están fuera.

La idea de que “nada bueno empieza desde arriba” no es una apelación a la anarquía, ni a la ausencia de Estado, sino una invitación a reconfigurar su rol: de controlador omnipresente a garante mínimo de reglas claras, de árbitro de la libertad, no gestor de resultados. Cuando la autoridad local asume que debe generar la riqueza o asignar los permisos, condiciona la iniciativa privada, manipula el mercado, limita a la sociedad civil. Pero cuando la autoridad local se limita a asegurar que los contratos se cumplan, que la propiedad esté protegida, que la justicia sea imparcial, lo demás lo pueden hacer los ciudadanos. Esta es la integración real: ciudadanos‑mercados‑sociedad civil actuando juntos, no ciudadanos frente al Estado.

En Colombia, donde la herida del conflicto se superpone con la economía informal, la débil protección de la propiedad, el narcotráfico y la presencia de actores armados que compran el silencio o imponen sus reglas, la necesidad de abandonar la lógica de arriba‑abajo es urgente. No se trata solamente de reformar el aparato estatal, sino de reinstaurar la confianza social, de devolver el protagonismo a las comunidades, de permitir que los mercados reales —no los mercados marcados por privilegios estatales— operen. Las políticas impuestas desde arriba han demostrado, en el ámbito del control de drogas, en el ámbito del comercio informal, en el ámbito del desarrollo rural, que generan división. Los hombres y mujeres que hacen su vida cotidiana, los emprendedores, los agricultores, los informales, las asociaciones, pueden estructurar respuestas mejores cuando no están sujetos a un patrón único dictado por la cúspide, sino cuando se les reconoce su capacidad de autogobernanza.

Remediar esta situación exige reducir carga regulatoria innecesaria, descentralizar decisiones, respetar el principio de igualdad ante la ley —lo que incluye el respeto de los derechos de propiedad—, fomentar el mercado libre de abajo hacia arriba y abandonar la ilusión de que el Estado debe “gestionar” todo. Esa ilusión legitima jerarquías que distorsionan la cooperación, crean privilegios y socavan la libertad. En definitiva, si vamos a aspirar a un país donde los mercados, la sociedad civil y los individuos trabajen integrados, ordenadamente y con prosperidad, debemos reconocer que las buenas dinámicas no nacen en el trono del poder, sino en la conexión palpable entre personas, comunidades y economía libre. Porque, como lo advirtió Hayek, cuando las decisiones se concentran en los escalones más altos, los peores inevitablemente llegan a la cima — y con ello, la división reemplaza la integración.